La Legislatura riojana anuló una ley de la última dictadura y recurrirá a la Corte Suprema. El gobierno sanjuanino rechazó la movida, defendió sus fronteras y convocó a la oposición para blindar jurídicamente un territorio estratégico que alberga inversiones multimillonarias.
Un histórico diferendo limítrofe entre las provincias de San Juan y La Rioja volvió a estallar con fuerza. La controversia, que arrastra décadas de quietud aparente, se reactivó tras una ofensiva legislativa de las autoridades riojanas que apunta al corazón de la soberanía territorial y económica de su vecina cuyana, poniendo en disputa zonas clave para el turismo internacional y la minería de alta montaña.
La Rioja impugna los límites de Onganía y va a la Corte
La mecha se encendió en la Cámara de Diputados de La Rioja, donde se aprobó un proyecto de ley que declara la nulidad absoluta de la Ley Nacional N.º 18.004, una normativa sancionada en 1968 durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía que fijó las fronteras dándole la razón a San Juan.
El argumento central del oficialismo riojano es que aquella delimitación se realizó de manera «unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación y en abierto perjuicio» de su territorio. Con la nueva ley local, La Rioja no solo creó una Comisión Especial de Delimitación Territorial, sino que instruyó a su Fiscalía de Estado a demandar formalmente a San Juan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La estrategia judicial riojana busca obtener una medida cautelar de forma urgente que frene de inmediato cualquier tipo de explotación de recursos o actividades en las áreas en conflicto hasta que el máximo tribunal resuelva la cuestión de fondo.
San Juan resiste el embate: «Los límites no se modifican de forma unilateral»
La reacción del Poder Ejecutivo de San Juan fue inmediata y categórica. La administración provincial rechazó de plano la validez de la ley riojana, afirmando que sus fronteras geográficas están consolidadas legalmente.
Desde el gobierno sanjuanino recordaron que la Constitución Nacional es clara al respecto: ninguna provincia puede alterar sus límites territoriales mediante normativas locales, ya que cualquier modificación de las fronteras interprovinciales requiere estrictamente la intervención y aprobación del Congreso de la Nación.
Frente a la gravedad de la embestida, la gobernación sanjuanina convocó de urgencia a las principales fuerzas políticas de la oposición local con el objetivo de unificar criterios y coordinar una estrategia de defensa jurídica monolítica ante los tribunales federales.
¿Qué hay en juego? Turismo de elite y el megaproyecto de cobre Vicuña
La franja territorial en disputa no es un desierto improductivo: se extiende desde el Cerro El Potro hasta la emblemática región del Valle de la Luna, una zona de valor estratégico incalculable para el Producto Bruto de ambas provincias.
La traza pretendida por La Rioja afecta de manera directa a dos motores económicos:
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El negocio turístico: El reclamo roza áreas linderas al Parque Provincial Ischigualasto, una reserva administrada por San Juan que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y funciona como una de las principales vidrieras de turismo receptivo internacional de la región.
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La riqueza minera: La delimitación que busca La Rioja alcanza al yacimiento en explotación Gualcamayo y, fundamentalmente, a las áreas de influencia del Proyecto Vicuña, un mega cluster de cobre, oro y plata enclavado en la cordillera que representa promesas de inversiones multimillonarias y exportaciones clave para San Juan.
Al tratarse de una colisión directa entre dos Estados autónomos, el mapa definitivo de la región cuyana quedará ahora supeditado a una compleja negociación política en el Congreso de la Nación o, tal como se perfila el escenario, a un fallo definitivo e inapelable de la Corte Suprema.