La Argentina actual reúne condiciones inmejorables para la expansión del narcotráfico a escala internacional. Las causas profundas remiten a dos procesos convergentes: la descomposición del Estado y la desintegración social.
La transición democrática coincidió con el despliegue del narcotráfico en Colombia, México y Centroamérica destinado al consumo masivo en los Estados Unidos y Europa. Su resonancia local comenzó hacia los 2000 cuando sus grandes referentes nos descubrieron como país estratégico. Las ventajas constituyen un abanico económico, social, político y cultural apto para tales fines.
La corrupción generalizada de las administraciones públicas provinciales y municipales; la sospechosa subestimación del problema por las autoridades nacionales y locales, las profesionalizadas prácticas de evasión habilitan maniobras de lavado de activos.
La pobreza facilitó el surgimiento de brókeres locales abastecidos por los grupos internacionales que guarnecen en los barrios humildes laboratorios; traman circuitos territoriales y expanden un mercado prometedor por las “expectativas decrecientes” de nuestras clases trabajadoras y medias.
La marihuana procede mayormente de Paraguay, desciende por la Hidrovía o por las rutas litoraleñas hasta los grandes centros de consumo en las provincias centrales.
La reducción del SEDRONAR a una dirección y la suspensión fáctica de la lucha contra las bandas territoriales en los grandes conurbanos en nuestro país invita, como poco, a pensar en la subestimación gubernamental del problema. Una reacción paradojal, dado el incremento del número de consumidores desde la flexibilización de la cuarentena de 2020 ha aumentado en un 41% en pandemia, según el relevamiento más actualizado, que realizo la universidad de Córdoba, ya que las estadísticas oficiales de la SEDRONAR datan del 2017.
El narcotráfico es un fenómeno global imposible de erradicar en tanto se sostenga su demanda. Encuentra, eso sí, una tierra fértil en países fracturados social y económicamente como los de América Latina con altos niveles de informalidad. Esta facilita su cooptación de miles de dependientes con la aquiescencia de policías, funcionarios en los tres poderes del Estado también consumidores.
Rubros cruciales como la construcción, hotelería, el juego, el tráfico de armas, de obras de arte y las operaciones inmobiliarias deberán ser monitoreados por unidades de investigación anti lavado conjuntas de la Nación, las provincias y los municipios coordinados con las de otros países. Legislaciones como la derogada extinción de dominio constituyen un instrumento.
Ello no implica desatender el combate territorial contra el menudeo indispensable porque la sociedad se siente amenazada por la acción compulsiva de sus soldados y sicarios con fuerzas de seguridad venales auspiciadas por sectores corruptos de la política. Simultáneamente, “radarizar” nuestros más de 8800 km de fronteras porosas y afinar los controles sobre la logística cuyas actividades le confieren valores a su producto.
Es por ello que como entrerrianos debemos crear mecanismos que nos permitan enfrentar con cierto grado de éxito este problema. Ya hemos dado un paso al combatir con la Ley Provincial n° 10566 de narcomenudeo que ha permitido realizar una importante tarea en el último eslabón del fenómeno del narcotráfico, lo cual a todas luces es insuficiente, es por ello que propuse la creación de una fuerza policial especializada, independiente, al margen de las funciones de seguridad ciudadana, dedicada a perseguir este delito en forma puntual, por ser una modalidad delictiva cambiante, que día a día muta, se enmascara en actividades lícitas, evoluciona en todos sus aspectos operativos, dejando en el camino del pasado a las organizaciones tradicionales de las fuerzas policiales.
En los últimos días se han llevado a cabo procedimientos policiales que revelaron que internos de las Unidades Penales de la provincia manejaban, desde su situación de encierro, organizaciones que se dedicaban a la venta de estupefacientes, lo que deja a las claras el poco o nulo control que se tiene de la actividad de los internos, e incluso involucran a personal penitenciario, quienes facilitan las herramientas para llevar a cabo dichas conductas delictivas.
Por ello, además de recordar que en el año 2016 presenté un proyecto para la construcción de una nueva unidad penal en la provincia que, no solo permita el traslado de la UP1 sino que también pueda concentrar allí a los detenidos por causas federales y el narcomenudeo y poder aplicar un verdadero control a su actividad, también he presentado el proyecto de creación de un Departamento de Inteligencia Penitenciaria dentro del Servicio Penitenciario Provincial, el cual basará su funcionamiento en los parámetros y criterios según las leyes de inteligencia y su marco regulatorio, y los manuales de la Naciones Unidas sobre justicia penal y de Seguridad Dinámica E Inteligencia Penitenciaria.
Pero como la cuestión del narcotráfico es una problemática multidisciplinaria, implica abordar desde otros ángulos el tema.
Los tres proyectos presentados en la legislatura provincial (Fuerza Policial Anti narcotráfico, inteligencia penitenciaria y la creación de una nueva unidad penal) tienen la intención de comenzar a hablar enserio sobre narcotráfico, drogas, consumo y prevención.