En un año de votaciones, el concejal de Hacemos por Córdoba, Diego Casado, reflotó un proyecto de ordenanza que había presentado en 2020, que consiste en que sea obligatorio para quienes se presenten a cargos electivos, realizarse diversos test para comprobar que no consumen drogas ilegales.
La iniciativa propone la realización de una rinoscopia y análisis de sangre, pelo y orina para determinar si la persona consumió drogas.
En ese marco, Diego Casado señaló en Cadena 3 que la razón del proyecto tiene que ver “con que uno, en el ejercicio de la función pública, tiene que manejarse dentro del ámbito de la probidad y la coherencia”.
Y cuestionó: “Si a un camionero le piden los exámenes para conducir, ¿por qué nosotros como funcionarios públicos no podemos ir en el mismo destino?”.
Comentó que la idea es generar la mayor transparencia posible dentro del ámbito de la política, basado en tres ejes.
En primer lugar, dijo que manejar los destinos de un millón y medio de habitantes “sin tener discernimiento, con el uso de facultades mentales alteradas, sería un problema para la sociedad”.
Lo segundo tiene que ver con “imposibilitar la circulación del material estupefaciente dentro del ámbito público porque el convite entre funcionarios es un delito tipificado en la ley”.
En tercer lugar, “hay que desterrar la relación o la connivencia entre el funcionario público y el dealer o el narcotraficante”, explicó.
Por otra parte, aseguró que “no estamos queriendo discriminar a aquel que tiene una problemática de salud pero sí entendemos que una persona tiene que tener capacidad para conducir un camión, imagínense la capacidad que tiene que tener un intendente o cualquier legislador capitalino”.
En esa línea, aseguró que el proyecto busca “transparentar el ejercicio de la función pública”.
Y finalizó: “Vamos a recibir a especialistas en el tema para enriquecer la norma y que salga con la mayor robustez posible”.