Interrupción voluntaria del embarazo: de la política de castigo al derecho a la salud

Por: Ana Carolina Gaillard Diputada Nacional por Entre Ríos- FDT Presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación

La Cámara de Diputados de la Nación discute el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), luego de que en el año 2018 se obtuviera media sanción, marcada por la presencia masiva de los feminismos y transfeminismos en las calles. Este movimiento social colectivizó el reclamo que en forma silenciosa e individual las personas gestantes debíamos ocultar en la clandestinidad. Esta sobrecogedora “marea verde” expuso fundamentos y comprometió a legisladoras y legisladores de todos los bloques a tratar el tema, como parte de una realidad que, lejos de negarse, se discute, se debate, para alcanzar consensos. Una vez más hacer político lo personal fue el camino para visibilizar las desigualdades, enunciar nuestros derechos y reclamarlos frente a un sistema patriarcal y arcaico.

Hablar de aborto es hablar de democracia. El ejercicio de exposición, de debate, de análisis y respeto de opiniones, muestra un crecimiento notable en la práctica que se expresa en el Congreso de la Nación. Así ha sucedido con distintos temas que implican la ampliación de derechos, y así vuelve a ser en este debate por la interrupción del embarazo que, expuesto en el ámbito legislativo, sale de las penumbras para traer luz sobre una realidad de múltiples factores que afectan las vidas de las personas gestantes.

En esta nueva discusión, tuve ocasión de prestar especial atención a otras razones para sancionar el proyecto de ley. Entiendo que el derecho al aborto es un derecho que encierra el concepto de dignidad humana, el derecho a vivir una vida dignamente vivible. Pero además las y los expositores, en especial, los equipos de salud, han dejado en claro que, al retirarse la respuesta penal y plantando allí una política de protección de derechos, encontramos también una forma de evitar abortos a futuro.

La respuesta del Estado debe ser una acción articulada de políticas y dispositivos en el territorio. Un sistema de protección de derechos de las mujeres y personas gestantes que actúa integralmente sobre todos los aspectos, la salud, pero también los derechos sociales que pueden estar vulnerados, situaciones de violencia que inciden en las decisiones. La primera estrategia que los expositores han mencionado para trabajar es la información clara y precisa, brindada por personal capacitado, sobre los marcos de posibilidades médicas, legales, políticas públicas y estrategias de prevención de futuros embarazos no deseados.

La legalización de la interrupción voluntaria del embarazo no es una política aislada. Se trata de una política integral que incluye la Educación Sexual Integral en las escuelas, consultorías de salud sexual, promotoras de género, equipos de salud que trabajen con libertad, recursos y marcos claros de intervención, que puedan acompañar sin presiones las decisiones de las personas embarazadas. Las experiencias ya existen en municipios y en varias provincias y pudimos escuchar el importante trabajo que allí se lleva a cabo en materia de salud integral comunitaria, por lo que el proyecto ES posible.

El Poder Ejecutivo presentó, conjuntamente con el de IVE, el Proyecto de los 1000 días, y en esto es central la mirada integral y de salud que se propone el gobierno, tal como lo expresó Vilma Ibarra: “queremos decirle a esas mujeres que queremos cuidarlas, que sientan que tienen el derecho a ser atendidas, a ser informadas sobre salud reproductiva, métodos anticonceptivos, y que el circulo de embarazos y abortos, es un circulo que se puede interrumpir.” Estamos convencidos que las estrategias combinadas disminuyen las muertes evitables y también los abortos.

Lo contrario, es lo que actualmente sucede, la desigualdad expresada por quienes están en la primera línea de salud pública que reciben las consecuencias de los abortos inseguros y conocen las prácticas seguras que se realizan en el ámbito privado. Esto traza una realidad dispar entre quienes pueden acceder económicamente a un aborto seguro y quienes no, poniendo en juego sus cuerpos y sus vidas.

Además de la deuda interna sobre la legalización del aborto, existe una deuda en el ámbito internacional al no adecuar nuestra legislación a estándares de derechos humanos. Los países han legalizado la interrupción voluntaria del embarazo porque es la forma de asegurar la protección al derecho a la salud integral, este compromiso fue asumido en los tratados que hemos suscripto, y lo que los órganos especializados de esos tratados recomiendan a nuestro país. No hay riesgo constitucional o convencional al sancionar este proyecto, y sí lo hay mientras sigan muriendo mujeres, varones trans, personas bisexuales, no binarias, adolescentes y niñas, por abortos clandestinos.

Nos hemos comprometido en un debate profundo y de verdadero diálogo, y creo que lo hemos logrado. Quiero esforzarme en que se visualice que el camino de la protección de derechos es la mejor herramienta para vivir dignamente. Por eso creo que promover la educación sexual integral y sacar de la ilegalidad una práctica que sabemos existe, son estrategias fundamentales de una política pública cuyo objetivo es la salud integral de las personas.