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Una trascendente acción judicial mantiene en vilo a más de 152.000 jubilados y jubiladas del PAMI en la provincia de Entre Ríos. Se trata de un amparo colectivo presentado por cuatro sindicatos de Concepción del Uruguay, con la representación legal del abogado y periodista Valodia Nijachev, que busca obligar a la obra social a restituir la gratuidad total de los medicamentos, revocando las restricciones implementadas por la nueva gestión nacional.
La noticia, que fue desglosada en el programa radial «Palabras Cruzadas», fue confirmada por el propio Dr. Nijachev en una entrevista fuera de agenda, donde brindó detalles del caso y sus alentadores antecedentes judiciales.
Cuatro Gremios Unidos por la Salud
Los sindicatos promotores de la acción son la UOMA (Unión Obrera Metalúrgica), el Sindicato de la Alimentación, FESTRAM (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos) y APINTA (Asociación de Profesionales del INTA), con sede en Concepción del Uruguay.
Según explicó Nijachev, el objetivo del amparo es simple y directo: «Que la justicia obligue a la obra social a restituirle todos los medicamentos sin condicionamientos a todos los jubilados de la provincia de Entre Ríos». Esto implica retrotraer la situación a diciembre del año pasado, cuando, durante la anterior gestión, regía una resolución que garantizaba el 100% de los medicamentos gratuitos.
El Quiebre de la Gratuidad
El núcleo de la controversia radica en la política implementada a partir de diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei en el PAMI. Nijachev precisó que la nueva normativa eliminó la gratuidad generalizada: «A partir de diciembre del año pasado, el nuevo gobierno de Javier Milei, con el PAMI, estableció que no. A ver, los jubilados, únicamente cuatro medicamentos gratis, en algunos casos. Y el resto, si necesita más, tiene que pedirlo y tiene que hacer una serie de otros requisitos, ir a la oficina, un asistente social que pudo que pague, un montón de otros requisitos».
En esencia, se quitó la gratuidad en muchos medicamentos, sin distinción de patología, obligando a los adultos mayores a afrontar gastos o sortear obstáculos burocráticos para obtener insumos esenciales.
Fallo a Favor en Cinco Provincias
La estrategia legal del amparo colectivo se apoya en una sólida línea jurisprudencial. Entre Ríos no es la primera en presentar este tipo de demanda. «Esto arrancó por Mendoza. La primera vez que se hizo fue en Mendoza», recordó Nijachev.
El juez federal de Mendoza, que resolvió favorablemente aquel primer amparo presentado por una asociación de jubilados, estableció una «fuerza de atracción» procesal. Esto significa que, para evitar resoluciones contradictorias en el mismo tema, todos los amparos colectivos posteriores se tramitan ante el mismo magistrado.
El abogado confirmó que otras cinco provincias ya cuentan con resoluciones judiciales favorables en este mismo sentido: Mendoza, Salta, Tucumán, Córdoba y Capital Federal. Todas ellas obtuvieron una medida cautelar que obliga al PAMI a devolver la gratuidad de los medicamentos mientras se discute la sentencia de fondo.
Entre Ríos «Adentro del Problema»
La presentación entrerriana, realizada el 2 de octubre, ya ha superado una etapa crucial. El Dr. Nijachev informó que el lunes 13 de este mes, el juez federal de Mendoza dictó una sentencia interlocutoria declarándose competente para entender en el caso.
«El juez dijo en otras palabras: Muchachos, yo soy competente para atender esta situación y me hago cargo de este caso«, detalló el letrado. El próximo paso, que podría demorar entre una y tres semanas, es la resolución de la medida cautelar.
El letrado se mostró optimista, basándose en la secuencia de antecedentes: «Es muy raro que un juez tenga dos fallos distintos sobre una misma mirada… Sería contradictorio. Totalmente, teniendo cinco fallos anteriores. Hay jurisprudencia lisa y clara, digamos. No hay mucho más. Y del mismo juez«.
Finalmente, Nijachev justificó la participación de gremios como FESTRAM, cuyos afiliados son jubilados provinciales (O.S.E.R.), en un tema del PAMI. Explicó que la acción se enmarca en una «cuestión de solidaridad y de cuestión social» que busca proteger a los familiares de sus afiliados que sí están bajo la órbita del PAMI, destacando la necesidad de proteger a los adultos mayores, especialmente aquellos con «haberes que ganan 380 lucas y tienen que hacerse cargo de los medicamentos».