Un grupo de especialistas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), entre ellos Alfredo Pérez Galimberti, Andrés Harfuch, Aldana Romano y Sidonie Porterie, advirtieron sobre un intento por restringir el juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos. Señalaron que este tipo de iniciativas van en contra de lo establecido por la Constitución Nacional Argentina, que establece que “todos los juicios criminales ordinarios se terminarán por jurados” y prohíbe reducir su competencia una vez activada mediante ley provincial.
Los expertos criticaron el proyecto de ley que busca limitar esta figura judicial, aprobado en media sanción por la Cámara de Diputados local, argumentando que no solo carece de fundamento estadístico, sino que además viola principios constitucionales fundamentales. Refutaron las justificaciones esgrimidas por algunos sectores del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, quienes responsabilizan al sistema de jurados de los altos niveles de impunidad, pese a que dicho mecanismo interviene en apenas el 0.1% de los casos, mientras que el resto se resuelve sin mayor eficacia por otras instancias.
También cuestionaron un artículo publicado por Cecilia Goyeneche, ex procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, en el que se respaldaba el proyecto de reforma. Inecip señaló que su análisis parte de premisas equivocadas e ignora datos actualizados. Por ejemplo, Goyeneche afirmó que Entre Ríos lidera el ranking nacional de juicios por jurados por cada 100.000 habitantes, pero omitió mencionar que Chubut supera ampliamente esa cifra, a pesar de sus dificultades económicas. Además, destacaron que Entre Ríos ha disminuido la cantidad de juicios realizados en lugar de buscar optimizar el sistema como hizo Chubut, donde se duplicó la cantidad de procesos concluidos en un año.
Desde el Inecip remarcaron que no existen obstáculos reales para aumentar la cantidad de juicios por jurados: hay salas disponibles, jueces con baja carga horaria dedicada a estos casos y un costo relativamente bajo dentro del presupuesto del Poder Judicial. A su criterio, lo que falta es voluntad política y una organización más eficiente. Además, denunciaron que detrás de esta propuesta subyace una resistencia institucional a aceptar la participación ciudadana en la justicia, algo que la Constitución promueve expresamente.
Finalmente, alertaron que si se aprueba una normativa contraria a la Carta Magna, recurrirán ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como ocurrió en el caso “Canales”, para garantizar la vigencia del texto constitucional y defender la participación popular en el sistema judicial.