El acuerdo económico y social que prometió Alberto Fernández durante la campaña, y que su equipo analiza extender a lo largo de todo el mandato, incluirá un capítulo de regulación de precios y salarios con condicionantes por parte del sindicalismo tradicional. Dirigentes de la CGT coincidieron en advertir sobre la necesidad de una mejora de ingresos para los trabajadores más postergados y en una rebaja de la tasa de rentabilidad para los sectores empresarios con chances de hacerlo.
El entendimiento, cuyo único antecedente en la Argentina se remonta a 1973 a cargo del ministro y empresario José Ber Gelbard, pasó a un primer plano en la agenda de los gremialistas junto con el nombre de Claudio Moroni como casi seguro primer ministro de Trabajo.
Los dirigentes dieron cuenta de un estado avanzado en las charlas con los equipos técnicos de Alberto Fernández para delinear los aspectos centrales de la eventual convocatoria, ideada para el arranque de la gestión.
Para la CGT un acuerdo económico y social con fijación de un esquema consensuado de precios y salarios, en una primera etapa, requerirá de una equiparación en términos de poder adquisitivo para los sectores más desfavorecidos en el último año. Según los dirigentes hubo apenas ocho sindicatos que lograron atar sus paritarias a la inflación: entre ellos figuran la Unión Obrera de la Construcción, la Asociación Bancaria y algunos gremios docentes. Para los demás la conducción de la central obrera espera una medida por parte del próximo gobierno orientada a compensar al menos parte de la pérdida salarial.