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La Corte Suprema convalidó el juzgamiento penal del cura Justo Ilarraz

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En un acuerdo celebrado este jueves, y con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desestimó el recurso interpuesto por la defensa del clérigo Justo José Ilarraz por medio del cual, se solicitó el sobreseimiento del cura, al entender que la acción penal estaba extinguida por prescripción.

Como se recordará, Ilarraz fue condenado el mes pasado, a 25 años de cárcel por abusos contra menores cometidos en el Seminario de Paraná. El cura cumple prisión preventiva domiciliaria y es monitoreado por una tobillera electrónica.

Desestimaron el recurso

Según se informó desde el Centro de Información Judicial (CIJ), el máximo tribunal allanó de esta manera el camino para que continúen las instancias correspondientes, ya que entendió que no existe obstáculo alguno para la prosecución del proceso seguido contra el sacerdote. “El recurso extraordinario concedido no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, indicaron los magistrados del alto cuerpo al momento de desestimar el recurso.

La prescripción fue, desde el inicio de la causa, uno de los ejes de la estrategia de la defensa del sacerdote, ejercida por el abogado Juan Ángel Fornerón. Primero, se expidió al respecto la Sala I de la Cámara Primera en lo Criminal de Paraná, en fallo dividido. El planteo fue desestimado por las magistradas Marcela Badano y Marcela Davite, mientras que en sentido contrario se expresó Ricardo Bonazzola.

El camino de la prescripción

La defensa del cura apeló esa decisión, y obtuvo una resolución favorable por parte de la Sala I de la Cámara del Crimen, con el voto de los vocales Daniel Perotti y Miguel Ángel Giorgio. De esa manera, quedó revocado el fallo del juez Alejandro Grippo, se sentenció que la causa estaba prescripta y se dictó el sobreseimiento de Ilarraz.

La decisión fue nuevamente apelada, esta vez por la Procuración General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y fue el alto cuerpo el que anuló el fallo anterior y ordenó la vuelta del caso a la Cámara del Crimen que, con otra composición, rechazó nuevamente el planteo de la defensa.

Condenado a 25 años

Posteriormente, la Cámara de Casación Penal confirmó la imprescriptibilidad y el expediente llegó a la Sala Penal del STJ, donde también se rechazó la pretensión de la defensa. Ilarraz acudió entonces a la Corte Suprema, que este jueves se pronunció en contra de la estrategia del sacerdote.

El 21 de mayo pasado Ilarraz, de 65 años, fue condenado a 25 años de prisión por los abusos sexuales contra siete menores que estuvieron a su cargo en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, entre 1984 y 1993. La pena fue determinada por el tribunal compuesto por Alicia Vivian, Gustavo Pimentel y Carolina Castagno, tras varias jornadas de juicio oral y público.

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Schmid: “Es necesaria la reapertura de paritarias”

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El integrante del triunvirato que encabeza la CGT Juan Carlos Schmid reclamó esta mañana la “reapertura de paritarias” para “evitar pérdida de poder adquisitivo”.

“Acá es necesaria la reapertura de paritarias, hay que evitar pérdida de poder adquisitivo”, señaló Schmid, quien advirtió sobre la suba de la inflación.

El jefe del gremio de Dragado y Balizamiento aseguró que el paro nacional convocado para el 25 de junio próximo está “confirmado” y vaticinó que “tendrá un alcance masivo”.

“Hay incertidumbre y angustia, ademas de bronca de lo que esta ocurriendo. La CGT lo estaba advirtiendo y se está confirmando”, señaló Schmid en declaraciones a FM Milenium.

El sindicalista evaluó además que las renuncias de Juan José Aranguren al Ministerio de Energía y de Francisco Cabrera al de Producción “confirma el fracaso de la política” del oficialismo.

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Dictaron auto de procesamiento al Intendente Varisco

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El juez federal Leandro Ríos procesó esta mañana al intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco y a la vez decidió que se deposite un millón de pesos en concepto de caución real para mantener su excarcelación, en el marco de la causa que investiga sus vinculaciones con la banda narco que lidera Daniel “Tavi” Celis.

A la vez confirmó la prisión preventiva del concejal Héctor Pablo Hernández (Cambiemos) y la funcionaria municipal Griselda Bordeira, quienes de esta manera deberán continuar en prisión en las unidades penales número 1 y 6 de mujeres, respectivamente. Los consideró, prima facie coautores penalmente responsables del “delito de financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes, en concurso ideal”, como así también peculado, por el uso de fondos municipales. Las notificaciones a los abogados defensores de cada uno de los imputados fueron enviadas a las 8 de este lunes. En el escrito se cita a declaración testimonial para los próximos días al concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) y al secretario de Transporte, comisario general retirado Ricardo Frank.

El magistrado procesó al intendente Varisco, al concejal Hernández y suboficial de Policía Bordeira -actualmente cumpliendo funciones de Prensa en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio, después de estar como segunda en Seguridad Urbana comunal-, como así también a los empleados municipales Alan Nicolás Viola y Luciana Ernestina Lemos, mujer de Celis, a quien se detuvo hace más de un mes, tras encontrársela comercializando en su casa un total de tres kilos de cocaína de máxima pureza. En la resolución también se procesó por el mismo delito a Daniel “Tavi” Celis, quien actualmente cumple pena de prisión de siete años y medio, en la cárcel de la ciudad de Federal, tras un juicio abreviado por el robo a una familia propietaria de un establecimiento rural del Departamento Diamante.

En tanto, se dispuso la “falta de mérito” del empleado municipal Ernesto Ramón González, respecto de la adquisición de estupefaciente ?cocaína- para ser distribuida en las ciudades de Paraná y Concordia, por lo que se mantuvo su excarcelación “bajo caución juratoria”. Y se procesó a Eduardo Humberto Celis, Nahuel Celis, el ciudadano peruano Wilber Figueroa Lagos -que oficiaba de proveedor de la droga a la banda narco de Paraná-; de Jonathan Heintz y Juan Manuel Gómez.

En el punto 6 de la parte final de la resolución, el juez Ríos mantuvo la excarcelación de Sergio Varisco, aunque bajo caución real por la suma de un millón de pesos, además de toda una serie de reglas a cumplimentar. El intendente tendrá que informar al Juzgado Federal de Paraná en caso de cambiar su domicilio; prometer formalmente presentarse o comparecer toda vez que sea llamado por el juez o tribunal que entienda en la causa y concurrir al Juzgado una vez por semana, los días viernes, en el horario comprendido entre las 7 y las 13, ocasión en la que habrá de dejarse constancia de ello y cada vez que le sea requerida su presencia. En tanto, tendrá prohibido salir del país y se le hace saber que “ante un supuesto de incomparecencia sin causa debidamente justificada, como asimismo en caso de quebrantar alguna de las reglas impuestas para mantener su la libertad, se ordenará la inmediata detención”.

Asimismo, se dispuso decretar embargo “sobre bienes libres” de Eduardo Celis, Nahuel Celis, Wilber Figueroa Lagos, Jonathan Heintz y Juan Manuel Gómez, “hasta cubrir la suma de 220 mil pesos a cada uno y de Daniel Celis, Luciana Lemos -mujer de Tavi Celis-, Sergio Varisco, Héctor Pablo Hernández, Griselda Bordeira, Ernesto González y Alan Viola “hasta cubrir la suma de 300 mil pesos a cada uno”.

Citados a declarar
Por otra parte, se citó a declaración testimonial al concejal Emanuel Gainza (Cambiemos) y al secretario de Transporte Municipal, Ricardo Frank. El primero, el 27 de junio; el funcionario, el día 28. Gainza aparece mencionado en uno de los borradores, en el escrito donde también se cita a Varisco, Hernández y Bordeira, en una supuesta compra de cocaína, a valores superiores a los 160 mil pesos el kilogramo.

Según Análisis digital, el edil también aparece en los contactos telefónicos de Luciana Lemos y en una serie de llamados telefónicos sucedidos un día después del pago de dinero en el municipio a la mujer de Celis. Frank también fue mencionado en una de las indagatorias, como que no desconocía las relaciones entre la banda de Celis y el municipio. En la resolución se cita también a declarar a Mónica Beatriz Piriz -quien cumple funciones en la Presidencia comunal-; a Nilda Raquel Luna y Liliana Blasinda Vera. Se acota que “en caso de no comparecer a las audiencias fijadas sin causa debidamente justificada se ordenarán sus inmediatas detenciones”.

Además se ofició a la Delegación Paraná de la Policía Federal Argentina a fin de que se haga presente el día 18 de junio del corriente año en horario matutino en el domicilio particular de Sergio Fausto Varisco y/o en su despacho municipal para que haga entrega “del teléfono celular marca Samsung S8 Plus, con línea de abonado N°343 5342. . . “, para su posterior peritaje.

El Once

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Senador pide informes por obras hídricas en el río Gualeguay

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El presidente del Bloque de Senadores de Cambiemos, Francisco Morchio, quiere que el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), informe si recibió denuncias o notificaciones que hayan derivado en un impacto ambiental relacionado con la estancia La Calera, ubicada en el departamento Islas del Ibicuy, lindante al departamento Gualeguay.

El senador, presentó su pedido de informes y quiere que el Corufa detalle: 1) Si se han recibido, durante el corriente año, informes, denuncias o notificaciones de cualquier acción que hayan derivado en un impacto ambiental relacionado con la Estancia La Calera, ubicada en el departamento de Islas del Ibicuy, lindante al departamento de Gualeguay. 2) Si se han autorizado obras hídricas en la costa del rio Gualeguay y sus arroyos tributarios, durante el año 2018 y 3) Si se han realizado o recibido estudios de impacto ambiental relacionados con obras hídricas la costa del rio Gualeguay y sus arroyos tributarios.

En los fundamentos, Morchio, explicó que su iniciativa obedece a que tomó conocimiento de “recientes hechos relacionados al establecimiento La Calera, ubicado en el departamento de Islas del Ibicuy, lindante al departamento de Gualeguay. Dicho establecimiento mantuvo una disputa que requirió la intervención del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua, a fin de mediar entre los vecinos de la zona afectada por la crecida de los ríos”.

“El conflicto se originó a partir de la construcción de un terraplén que afectó a los establecimientos agropecuarios lindantes a La Calera, perjudicando el desarrollo de cada uno de ellos. Por ello, se debieron realizar una serie de obras para detener el daño que estaba sucediendo”, detalló en su pedido de informes.

El senador por el departamento Gualeguay, reiteró que con la creciente de los ríos Gualeguay y Paraná, “se vuelve a ver el impacto provocado por las obras que se indicaron hacer y que no se han realizado. Peor aún, obras que se hicieron y que ahora se deshacen”.

“Ante la presente situación, es que se solicita se informe de manera urgente cualquier alteración que haya ocurrido en las zonas aledañas al rio Gualeguay y sus arroyos tributantes”, acotó.

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