El próximo 11 de agosto se producirá el vencimiento del plazo de concesión de la explotación de los Complejos Hidroeléctricos Alicurá, El Chocón y Planicie Banderita, ubicados en Rio Negro y Neuquén. A partir de ese momento, y hasta 2029, ocurrirá lo propio respecto a otros 14 complejos generadores de energía hidroeléctrica.
Si bien se venían produciendo intercambios de opiniones entre diversos sectores del Gobierno Nacional y de las Provincias sobre la modalidad adecuada para la continuidad de la explotación, con coincidencias sobre la procedencia de una administración y usufructo compartidos entre ambas jurisdicciones, desde la Secretaría de Energía de la Nación se dispuso que ENARSA comience a administrar los complejos sin participación de aquellas provincias, lo que causó un fuerte rechazo por parte de éstas.
El conflicto señalado presenta diversas aristas, entre las cuales se encuentran la aptitud de ENARSA para administrar los complejos hidroeléctricos, y la oportunidad de la decisión cuestionada debido a la inminente finalización del mandato de la actual gestión de gobierno. Pero un punto en discusión, sumamente relevante para los entrerrianos, es el relativo a los derechos de las provincias como titulares de los recursos utilizados para la generación de energía.
A raíz de la decisión de las autoridades nacionales, el Gobierno de Neuquén solicitó a la Secretaría de Energía que se deje sin efecto la asignación a ENARSA del control de las represas hidroeléctricas del Comahue. Desde esta provincia, y también desde Río Negro, se propone la creación de una empresa formada por el Estado nacional y las provincias involucradas, de modo tal que la renta a producirse permita la ejecución de un programa de obras y desarrollo productivo en beneficio de estas últimas.
La firmeza del planteo neuquino se advierte a partir de la inclusión de una “reserva de derecho” de judicializar la cuestión referida al “destino de los recursos hídricos en la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro sin la participación de las provincias que ostentan su titularidad”.
En Entre Ríos, desde el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande genera la energía suficiente para abastecer el 7% de la demanda del país, es decir el doble de lo que se consume en nuestra provincia. Si bien la fuente utilizada para la generación de energía es la caída de agua del Río Uruguay, un recurso de indiscutible dominio provincial, nuestra provincia recibe una retribución irrisoria su uso, que representa aproximadamente el 2% del precio de mercado de la energía generada.
Esta situación de extracción de energía durante décadas prácticamente sin retribución a nuestra provincia, a la que se suma el hecho de que los entrerrianos afrontamos una de las tarifas eléctricas más elevadas del país, constituyen un virtual bloqueo a las posibilidades de desarrollo de los entrerrianos.
Debemos ser conscientes que nuestra provincia no alcanzara un grado aceptable de desarrollo, objetivo que nunca se estableció para nuestra provincia, sin energía abundante, barata y accesible, y sin participación en el usufructo de todo el complejo de recursos naturales provinciales.
Resulta necesario seguir el camino de las provincias de Neuquén y Río Negro, y reclamar la energía generada por el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, que nos corresponde en razón del derecho constitucional de propiedad sobre la fuente generadora, de la total amortización de la obra civil, del incumplimiento de los objetivos de desarrollo de la región y uso del agua planteados en los documentos que dieron origen a su construcción, de los graves daños socio económicos y ambientales ocasionados y nunca reparados, y de la injusticia que hemos sufrido los entrerrianos al recibir durante 44 años regalías y excedentes insignificantes en relación al valor de mercado de la energía, a la vez que debemos abonar una de las tarifas eléctricas más altas del país, perpetuándose de este monto una situación de despojo y explotación extractiva en perjuicio de nuestra provincia.
La nueva gestión del gobierno provincial se encontrará frente a una valiosa oportunidad de trazar una estrategia que, a partir del reclamo de recursos que nos corresponden, permita impulsar el desarrollo productivo de Entre Ríos.
Esta estrategia, debidamente comunicada, generará el decidido acompañamiento de la ciudadanía, generándose a partir de ello una fuerza capaz conseguir recursos vitales para el desarrollo, debido al costo político que acarreará dar la espalda a los legítimos reclamos de los entrerrianos.