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miércoles, junio 29, 2022
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La investigación sobre el Parador de Mar del Plata volvió a centralizar la audiencia del Megajuicio

El Tribunal de Juicio integrado por José María Chemes; Elvio Garzón y María Carolina Castagno escuchó varios testimonios durante una nueva jornada del Megajuicio al ex gobernador Sergio Urribarri y otros ex funcionarios y particulares por supuestos delitos contra la administración pública.

Casi todas estas intervenciones estuvieron focalizadas en la investigación sobre el Parador de Mar del Plata aunque la declaración más esperada era la de Alicia Benítez sobre los spots de la Cumbre del Mercosur, ya que la funcionaria provincial está imputada en una causa paralela sobre las obras que se realizaron en esa evento

Benítez, que era secretaria de Obras Públicas, formó parte del órgano creado especialmente para llevar adelante la Cumbre en 2014 como coordinadora. Y por ese rol está imputada en una causa en la que se investiga a actuales y ex funcionarios provinciales y a empresas constructoras de primera línea de Entre Ríos por presuntos delitos en contra del erario público.

Cuando la testigo comenzó a exponer, el abogado Miguel Cullen llamó la atención sobre esta situación. Y alertó sobre la posibilidad de que, respondiendo en la audiencia, termine inculpándose en la otra por lo que quedó planteada la posibilidad de que no testimonie. Fiscalía se opuso.

Chemes, como presidente, y los vocales Garzón y Castagno evaluaron la situación y alertaron a las partes que se ciñan a preguntas relacionadas con la causa de los spots realizados con fondos de la Cumbre, sin entrar en temas que puedan estar relacionados con la obras.

El titular del Tribunal incluso le dejó abierta la posibilidad a Benítez que ante una consulta puntual que se le realice pueda consultar con su abogado sobre responder o no para evitar incriminarse. La actual titular de Vialidad es patrocinada en la causa de las obras del Mercosur por Santiago Halle, actual funcionario de la Municipalidad de Paraná e hijo de la ministra de Gobierno Rosario Romero y del titular del EPRE José Carlos Halle.

En concreto

Benítez dejó tres datos centrales relacionados con los hechos que se investigan en este juicio. El expediente investiga la posible comisión de los delitos de peculado y negociación incompatible con la gestión pública por la publicidad de cuatro spots contratados con fondos de la Cumbre.

El primero fue ante una consulta de Cullen: “¿Tuvo alguna relación con la publicación de cuatro spots publicitarios durante la Cumbre?”. “No”, respondió Benítez.

El segundo elemento fue aportado antes, en el interrogatorio de Fiscalía sobre cómo se enteró de la realización de la Cumbre. “¿Cuándo y cómo tomó conocimiento de que se iba a hacer?”, indagó la acusación. “Tiene que haber sido entre agosto y septiembre del 2014. Fue ante un llamado telefónico que me hace el entonces Gobernador que me avisa que había que hacer en Paraná obras y que iba a estar a cargo de llevar adelante esa gestión”, fue la respuesta.

Luego abundó: “Me dice ‘Hay que hacerlo en Paraná. Se me va la vida en esto”. “¿Le brinda algún tipo de explicación respecto de una campaña?”, inquirió Fiscalía. “Me dice que quería ser candidato, que quería lo eligieran y ‘por eso hay que hacerlo’ me repite dos veces”. “Cuando se refirió a que ‘lo eligieran’ ¿Sabe a qué se refería?”, ahondó la acusación. “No me lo dijo en los términos de qué es lo que él quería ser. Sí que quería ser candidato”, contestó la testigo. “¿Candidato a qué?”, la apuró el fiscal Gonzalo Badano. “No recuerdo si él me dijo exactamente que quería ser presidente. Sí me dijo que quería ser candidato y elegido”, fue la respuesta.

En resto del 2014 no volvió a hablar con el entonces Gobernador. Se reencontraron en la Vieja Usina al momento de la llegada de los presidentes. “Había un requisito que pedía la Presidenta (Cristina Fernández). Y (Urribarri) me dice: ‘Tengo que atenderla. Me juego la vida. Tengo que estar bien con ella’. No sé cuál era el requerimiento de la Presidenta, pero le refiero que yo estaba con las obras y no a ningún servicio”, detalló. “¿Le dijo por qué tenía que estar bien con ella?”, preguntó el fiscal. “Me habla de su sueño. Necesito estar bien con la señora, con la Nación. Tengo un sueño que cumplir. Y ahí me refiere que quería ser candidato a presidente”, fue su respuesta. “¿Volvió a hablar con Urribarri?”. “No”, sentenció.

El tercero surgió también ante una pregunta de Cullen: “En alguna de las dos conversaciones que tuvo con Urribarri ¿Le pidió que hiciera algo ilegal para llevar adelante la Cumbre del Mercosur?”. “No”, contestó la titular de Vialidad.

Testimonio bajo sospecha

Victoria González Brunet en contadora pública nacional recibida en la UNL de Santa Fe. Trabaja como escribiente técnica contable en el gabinete contable del Ministerio Público Fiscal. La acusación le encargó informes en base al entrecruzamiento de mensajes de texto y llamados entre los involucrados en las causas “Parador” y “Spots del Mercosur”.

Su testimonial fue la más extensa. Insumió más de tres horas. El tramo más extenso lo utilizó Fiscalía a fin de que detalle cuáles fueron los contactos telefónicos que se registraron. En su exposición como perito de parte González Brunet expuso llamados y mensajes entre algunos acusados entre ellos e incluso entre ellos y personas que testimoniaron o que lo harán en las causas, algunas de ellas particulares y otras funcionarios provinciales actuales o de administraciones pasadas.

Las defensas pusieron en tela de juicio su aporte al juicio en varios aspectos.

El primero que pusieron sobre la mesa fue la falta de competencia profesional para la tarea: se trata de una contadora haciendo informes técnicos sobre datos digitales. Tras un entredicho entre las partes luego de que el Ministerio Público intentara defender su testigo, el Tribunal autorizó que se la interrogue sobre aspectos técnicos. La testigo no pudo dar respuestas concretas a preguntas de índole técnico, apelando a conocimientos básicos como la utilización de Google para búsquedas o a que es usuaria de telefonía.

El segundo fue el criterio particular que González Brunet utilizó. Es que si bien el pedido de la Fiscalía era que se analicen las conexiones de las personas involucradas en las causas, la contadora dejó de lado los llamados de varios imputados pero extendió el rango de cobertura a testigos o a personas que no están ni estuvieron siquiera vinculadas a la investigación, como fue el caso de la esposa de Urribarri, Ana Lía Aguilera. O el hijo de ambos, Franco. “¿Franco Urribarri está imputado en la causa?”, preguntó Cullen. “No”, expresó la contadora.

El punto extremo de esta situación fue cuando explicó porqué entrecruzó contactos del testigo Guillermo Berger con el ex ministro de Comunicación, Pedro Báez. “Él (Berger) con la empresa El Buey Solo SRL es el que hace los spots publicitarios (de la Cumbre). Los cuatro spots que después se difunden a través de la contratación de Nelly Entertaiment fueron hechos por él. Entiendo que si él no hubiese hecho los videos no habría qué difundir”, sostuvo.

En paralelo, no entrecruzó llamados entre algunos imputados: el fallecido Hugo Céspedes y Gustavo Tortul, ambos ex funcionarios acusados en la causa del Mercosur.

Un tercer factor fueron sesgos en la lectura de los datos. Cullen le mostró varios mensajes entre dos imputados se registraron sucesivamente en tres segundos según quedó registrado en su informe, donde se sumaron como tres contactos entre ambos, engrosando la cifra final.

También hubo espacio para que se pusiera en tela de juicio una interpretación particular que hizo. El abogado Raúl Barrandeguy le pidió que explique porqué consideró que fueron hechos por Urribarri una serie llamados a uno de los imputados realizados por una línea que figura a nombre de otra persona. La respuesta que dio la testigo fue que el ex gobernador había puesto ese número como contacto en la registración en un hotel de Mar del Plata.

Un último factor fue que la prueba que aportó la contadora ante el Tribunal no fue producida con control de las defensas. Y que ella integra una de las partes.

Todos estos cuestionamientos ya habían sido planteados en la etapa procesal ante el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, quien difirió la definición sobre la nulidad a la actual instancia de debate. El Tribunal adelantó que resolverá más adelante si tiene o no validez para las causas los informes que realizó González Brunet y su testimonio.

A primera hora

Los primeros testimonios de la jornada fueron los de Ana Paula Olaverría, titular de la cooperativa “X la plata” responsable de la colocación de los carteles de Urribarri en provincia de Buenos Aires; Santiago Alfis productor de shows y eventos que llevó escenario, sonido, sanitarios y otros enseres al Parador y Daniel Lo Giudice, titular de la empresa que realizó los inflables. Todos declararon vía teleconferencia.

Olaverría dijo que realizó el negocio de los carteles contactándose exclusivamente con el publicista Javier Phillips (quien ya testimonió en la causa) y expuso que los $ 338 mil de la publicidad realizada en marzo de 2015 fue pagada por la empresa “El Juego en que Andamos”, de Gerardo Caruso.

Alfis, en tanto, se definió como amigo de Caruso, imputado en la causa por el instalación del Parador en Mar del Plata que la acusación entiende se usó para campaña presidencial de Urribarri. El testigo aseveró que el evento, que se extendió durante enero del 2015 en playa La Perla, sirvió para promocionar turísticamente Entre Ríos. Al exhibírsele fotografías del complejo que fue montado agregó que no veía nada que implique campaña proselitista allí.

Por último Lo Giudice consignó que fue contratado por Caruso para realizar los inflables que se colocaron en el parador. Según su relato, fueron encargados en noviembre de 2014. A instancias del abogado defensor Emilio Fouces, se le exhibió un remito de entrega del material fechado en los primeros días de enero de 2015, pero el testimonio estuvo entrecortado por la mala señal y Lo Giudice no pudo ahondar en esa cuestión.

Fuente: APFdigital

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