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Provincia

La Madrid vuelve a pedir la intervención de Puerto Yeruá

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El tribunal integrado por los jueces Carolina López Bernis, Ivés Bastián y Silvina Gallo dio a conocer este lunes su fallo en la causa caratulada “Cevey, Alejandro Fabián y otros. Defraudación a la administración Pública”. Atendiendo a la “gravedad institucional” de los hechos delictivos que se vinculan con los principales referentes del Municipio de Puerto Yeruá y al fallo condenatorio que este lunes dieran al respecto las autoridades del Tribunal de Justicia de Concordia, el Diputado Joaquín La Madrid (Cambiemos) reiteró su pedido de intervención de la Intendencia, instancia que ya había solicitado mediante Proyecto de Ley presentado en la Cámara Baja, tan pronto los sucesos fueron públicos.

“Es deber de todos los funcionarios públicos garantizar a los ciudadanos de nuestra provincia, como mínimo la institucionalidad. No puedo creer el silencio del resto de las autoridades sobre todo de aquellos que tienen potestad para habilitar la intervención de esta Comuna, quebrantada por Cevey, Brassesco, Larrocca y compañía. Es muy irresponsable que la intervención no sea un hecho ya, sobre todo a la luz de los últimos acontecimientos”, sostuvo el Diputado La Madrid, al tiempo que fustigó: “Esto demuestra la existencia de irregularidades injustificables en el Municipio, orquestadas desde las máximas esferas del poder, y de las que es difícil creer que las autoridades actuales no hayan estado al tanto”.

El legislador provincial sabe que aún la sentencia no está firme, dado que existe la posibilidad de que los condenados la recurran, pero explica: “el pronunciamiento unánime de los Dres. Bastian, López Bernis y Rojas, ciertamente pone en crisis el principio de inocencia bajo el que se venían amparando, lo que no impide en modo alguno que se tomen urgentes cartas en el asunto”.

La Madrid entiende que “la intervención municipal sería la solución más trasparente de cara a una ciudadanía que merece el respeto de los políticos en los que depositó su confianza”.

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Provincia

Bordet instruyó a la Secretaría de Transporte provincial para que intervenga en conflicto de transporte de pasajeros

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Continúa el reclamo de choferes de colectivos de líneas urbanas nucleados en UTA que exigen el pago de una cuota acordada que todavía no fue liquidada por las empresas de transporte, extendiéndose el paro entre las 22 y las 6 a todo el país, excepto Buenos Aires.

Para este miércoles estaba prevista una reunión en Buenos Aires entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) nacional con los empresarios del Transporte. El encuentro se desarrollará en el Ministerio de Trabajo y esperan que pueda haber un acuerdo que destrabe el conflicto.

En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet adelantó que arbitrará la intervención de la Secretaría provincial de Transporte para garantizar la normal prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros a los usuarios.

“Si bien los municipios tienen la facultad concedente del transporte público de pasajeros, el conflicto no nos resulta ajeno y vamos a intervenir desde la Secretaría provincial de Transporte para articular las medidas tendientes a una solución”, confirmó Bordet.

En la oportunidad, el gobernador se refirió a la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional.

“Veremos cómo atemperamos este costo que es para la provincia porque se transfieren los subsidios al transporte, pero no el dinero, o sea que nos tenemos que hacer cargo nosotros y veremos cómo encontramos una ecuación que posibilite compensar a todos los sectores”, comentó al respecto.

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Paraná

Empresarios piden aumentar el boleto a 27 pesos

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Tras la reunión que mantuvieron concejales de la oposición con los empresarios del transporte urbano de pasajeros en el marco del SITU, los representantes de la prestadora del servicio de transporte urbano de pasajeros -BUSES PARANA- solicitaron dos medidas.

La primera es la elevación del precio del boleto a 27 pesos y eliminar el recorrido nocturno que establece la norma de concesión del servicio.

Según pudo confirmar infoparana, los ediles de Cambiemos no fueron parte del encuentro.

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Provincia

Allanaron una propiedad de Canosa en el marco de una nueva investigación

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Efectivos de la Policía de Entre Ríos realizaron este martes un allanamiento en la vivienda de Juan José Canosa y Paula Montefiori, en el marco de una investigación en la que ambos se encuentran imputados por supuesto enriquecimiento ilícito.

Los efectivos se presentaron en la vivienda ubicada en la zona de la Toma Vieja, donde vive la pareja, acompañados por una tasadora del Poder Judicial y provistos de una orden para constatar el estado general del inmueble, como así también determinar los bienes muebles que ambientan la casa, a fin de establecer el valor general y, entonces, avanzar en el descubrimiento de lo que pudiere formar parte del incremento patrimonial injustificado atribuido a Canosa y Montefiori, publica Página Judicial.

El procedimiento había sido autorizado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, a pedido de los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, que tienen a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación se inició a partir de una denuncia promovida en diciembre de 2016 por el senador radical Raymundo Kisser, a la que luego se sumaron diputados de Cambiemos con otra presentación en la que aseguraron que Canosa “disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, en los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus dos hijas y una niñera, todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido”.

Los legisladores también expusieron sus sospechas sobre ciertos acuerdos que habría realizado Canosa con mutuales y financieras mientras fue presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015. Decían que “la entrada de las mutuales, las contrataciones de servicios a cualquier precio y el despilfarro convirtieron un imperio en una catástrofe económica, esta situación fue advertida en informes llegados a distintos despachos e informes periodísticos”.

De las primeras indagaciones que hicieron los fiscales surgieron algunas inconsistencias en el patrimonio del ex presidente de Sidecreer.

Ante esa situación, los fiscales decidieron ampliar la investigación e imputar también a su esposa, la ex defensora pública Paula Montefiori, que hace unos meses designó a Guillermo Vartorelli como su abogado defensor.

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