El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba se encamina a aprobar una ordenanza para imponer un análisis de consumo de drogas para los funcionarios municipales, normativa que será de cumplimiento obligatorio para quienes sean electos en los comicios locales de julio de este año, cuando se elija al próximo intendente e integrantes del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.
El debate de la ordenanza avanza en comisión y cuenta con el aval del bloque mayoritario de Hacemos por Córdoba y del vecinalista Juan Pablo Quinteros, por lo que sobran las manos para aprobarla. No está claro cómo votarán los distintos bloques del universo Cambiemos. Juan Negri, titular de Córdoba Cambia, adelantó el voto a favor, con la condición que comience a aplicarse inmediatamente y que los actuales funcionarios estén obligados a realizarse el análisis.
Esta semana, la iniciativa recibió el aval técnico de Nilda Gait, referente de Toxicología en la provincia de Córdoba, y de Andrés Suárez, un bioquímico experto en detección de narcóticos en distintos tipos de análisis. Ambos expusieron ante la Comisión de Prevención de las Adicciones, donde se discute el texto que irá al recinto a fin de mes.
“Una persona que consume no tiene los mismos reflejos, no puede desarrollarse ni tomar medidas importantes”, dijo Gait al respaldar la iniciativa, al tiempo que refirió que el consumidor está impedido de “tomar medidas importantes”, es decir la inherentes a la función pública, tiene una disminución de “frenos inhibitorios” y puede desarrollar paranoia y otras alteraciones en el sistema nervioso.
Quienes tenemos responsabilidades de gestión debemos hacernos el test de narcóticos, porque si tenés que dirigir la Policía o un gobierno, no puede ser que esa persona esté vinculada al narcotráfico, que es el peor de los crímenes.
La ordenanza será una reforma al Código de Ética del Funcionario Público Municipal, y prevé que quienes ocupan cargos políticos se sometan de forma periódica a narcotest obligatorios. Se prevé que serán cada seis meses.
El propio Martín Llaryora avaló el proyecto: “Quienes tenemos responsabilidades de gestión debemos hacernos el test de narcóticos, porque si tenés que dirigir la Policía o un gobierno, no puede ser que esa persona esté vinculada al narcotráfico, que es el peor de los crímenes. Si ese funcionario tiene vínculos con el narcotráfico, va a tomar decisiones distintas a las que podría tomar quienes no consumimos”, dijo el intendente al avalar el proyecto.
Este proyecto es la salida ordenada a uno que había presentado el concejal Diego Casado, quien pedía que se reformara el Código Electoral para que los candidatos tengan como obligación presentar un certificado y análisis que descarten el consumo de drogas. La nueva ordenanza, en cambio, se aplicará para los funcionarios, por lo que estaría plenamente vigente para quienes resulten electos este año y asuman el de diciembre.
No hay un proyecto concreto, sino que los concejales reescriben el de Casado, aunque el texto que verá la luz no tendrá nada que ver. Se espera que la semana que viene se redacte el despacho y sea girado a Legislación General, aunque en parte los plazos dependen del impulso que le dé el radical Pablo Romero, quien preside la comisión.