La educación es tanto un derecho humano como un medio vital para promover justicia social. Y el Estado tiene la obligación indelegable de garantizarla, desde una perspectiva integral, federal, permanente, gratuita y de calidad. Desde la ley 1420 de 1884, y la ley de Educación Nacional de 2006 venimos ratificando como país el derecho a enseñar y aprender.
Hoy, compartimos junto a los ministros Sergio Massa, Jaime Perczyk y Wado de Pedro la presentación de la Ley de Financiamiento Educativo con la ampliación del piso de la inversión estatal, que toma como antecedente la Ley Nº 25.075, que votamos en 2005, cuya vigencia culminó, que fijó una base del 6% del PBI para la Educación argentina.
Esta nueva iniciativa dispone el aumento progresivo de la inversión en educación entre 2024 y 2033 con el compromiso federal de Nación y Provincias. Se propone la participación del 8% como mínimo en el PBI, distribuido un 6,5% para la cobertura de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y los institutos de educación superior para la formación docente, mientras que el 1,5% será para las instituciones universitarias.
En el proyecto de ley se establece, entre otras cosas, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas, la distribución de computadoras y libros, el ciclo lectivo anual de 190 días para la educación obligatoria e inversión en infraestructura. También la creación de una Comisión de seguimiento de la expansión de inversión, con participación del Congreso, el Consejo Federal de Educación, las universidades y los gremios docentes.
Invertir en educación para que se la reconozca como derecho y no un mero servicio o una mercancía, es construir igualdad, trabajo, futuro y justicia social. Es por eso que ya nos preparamos a dar un pronto inicio a ese debate en el Congreso Nacional. Será una buena forma de celebrar los 40 años de democracia.