En las últimas horas, comenzó a profundizarse la preocupación en el sector de la construcción, tanto de empresarios como de trabajadores y sindicato, a raíz de la posible paralización de la obra pública que ratificó el presidente Javier Milei. Afirman que la situación es cada vez más compleja y que los trabajadores exigen acciones gremiales concretas.
Son dos los factores que además podrían generar una aceleración en el goteo de desempleados que generaría la paralización de la obra pública.
El primero de ellos es el ya enunciado. Desde ahora no habrá más licitaciones y las obras que no se hayan iniciado, a pesar de estar adjudicadas, no verán la luz.
El segundo tiene sus razones en el ámbito comarcal. La administración del ex gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, se jactaba de dejar en marcha más de 230 obras distribuidas en toda la geografía provincial. Las fuentes de financiamiento tenían o tienen distintos orígenes.
Las obras de mayor envergadura son financiadas por organismos multilaterales o el estado nacional. El financiamiento hoy está en la nebulosa y en la provincia “plata no hay”, recuerdan cada vez que se los consulta los funcionarios provinciales.
El compromiso financiero que heredó el actual Gobernador, Rogelio Frigerio, no ha sido mensurado aún. “Falta mucha información”, dicen por lo bajo fuentes gubernamentales. “No hay plata”, dijo el mandatario entrerriano.
Los telegramas de despidos que en distintas jurisdicciones del país comenzaron a llegar a los trabajadores y Entre Ríos no es la excepción.
“En los últimos días, está sucediendo en Entre Ríos”, ya son más de doscientos los despidos y a esos se le suman suspensiones, dijo un representante de los trabajadores de la industria de la construcción a IP.
El primer foco de alarma se encendió en el norte provincial. El plan de viviendas en Federación, financiada por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, fue la punta de lanza.
Fuentes del sector detallaron a IP que en la provincia se ejecutan diversas obras públicas que van desde viviendas, con planes de 500 casas en Paraná, 200 en Gualeguaychú, 140 en Concepción del Uruguay y 315 en Concordia al tiempo que también se mencionó los casos del aeropuerto de Concordia, de las plantas de agua en Paraná y Gualeguaychú, y las obras viales como la autovía 18. En todas las obras hay reducción de personal, dijo nuestra fuente.
Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) expresaron que “las declaraciones de Javier Milei provocaron preocupación e incertidumbre para un universo de más de 220 mil obreros de la UOCRA en todo el país, entre ellos, los 8.800 entrerrianos”.
Sin embrago, no es el único motivo que inquieta.
Los empresarios arguyen, ante las autoridades sindicales representativas de los trabajadores, que “hay demoras en la liquidación de los certificados” y ante el escenario actual de devaluación diaria, prefieren la paralización de obras antes de poner en riesgo el patrimonio de las empresas o incumplir con la liquidación final de los trabajadores.
“Hay certificados de obras que no se están pagando. Los empresarios tienen miedo de no cobrar, a pesar que el financiamiento creemos que está” dijo nuestra fuente y piden a las nuevas autoridades provinciales y municipales una respuesta que dé certidumbre de cara al futuro.
“Entre Ríos ya anota más de doscientos despidos y el panorama es gris”, insistió la fuente, la que al mismo tiempo señaló que “La casta no somos precisamente los trabajadores de la construcción para que el ajuste recaiga sobre nuestra actividad”, resaltó frente a IP.
Por su parte la conducción nacional de la UOCRA, a través de un documento firmado por su titular Gerardo Martínez, también secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, se había pronunciado en defensa de los 220.000 puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución.
En medio de jornadas marcadas por la incertidumbre y los desafíos financieros para las provincias, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mantuvo una reunión con el Ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro.
La empresa contratista que realiza obras en las instalaciones de la planta potabilizadora Gran Rosario, de Aguas Santafesinas, despidió de 50 trabajadores hace menos de un mes y mantiene una planta de personal acotada lo que había generado protestas con movilización en la Chicago argentina .
Fuentes del sector gremial apuntaron que hay obras importantes, como las del Saladillo, donde se dan situaciones similares. “Hay una gran cantidad de obras en donde no hay la cantidad de trabajadores que deberían estar”, denunció la fuente a IP.
Fuentes del gobierno entrerriano señalaron que el gobernador estaría gestionando alternativas para darle mayor previsibilidad al futuro de las más de cuatro mil familias que forman parte del conglomerado constructor vinculado a la obra pública de los casi nueve mil que están afiliados al gremio que conduce Gerardo Martínez a nivel nacional.