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Macri relanza el Gobierno con advertencias a los ministros

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Proyectar la gestión del año. Retomar la agenda política. Recomponer el equipo de trabajo. La administración de Mauricio Macri comenzó a preparar el llamado “retiro espiritual” del Presidente y sus ministros para el jueves y viernes próximos en la residencia oficial de Chapadmalal, que tendrá como objetivo central relanzar el Gobierno con miras a la pelea por la reelección en 2019, tras un comienzo de año accidentado y el recorte de casi mil funcionarios.

Uno de los capítulos será dirimir las fuertes peleas internas que dejaron la eliminación de 994 cargos jerárquicos y la purga de 12 familiares de ministros.

Según detalla el diario La Nación, otras rispideces se generaron por errores no forzados que tuvieron impacto negativo en la popularidad en las encuestas.

“El encuentro tendrá como objetivo central el armado del equipo y proyectar el año”, dijo un ministro de trato diario con el jefe del Estado. En la Presidencia aseguraron que no aparecerán necesariamente nuevos proyectos o anuncios, pero sí que se proyectará el trabajo de este año, para mejorar la gestión, recuperar la agenda política y fortalecer al Gobierno para la campaña de reelección en 2019.

“Ciertos errores políticos debilitaron al Gobierno y la pelea con Hugo Moyano no será fácil. Los aumentos de precios estos primeros meses endurecerán el panorama, pero luego de julio salimos bien. Después de fortalecernos puede haber más anuncios”, dicen en Balcarce 50.

También trascendió que es posible que Macri haga un pedido expreso a sus ministros de no caer en errores no forzados que desgastaron al Gobierno.

“Puede ser una reunión áspera para algunos, con un llamado a mejorar la eficiencia en cada área”, señalaron fuentes de la Casa Rosada.

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El Gobierno prepara nuevos recortes

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Marcos Peña reunió el miércoles por la noche a parte de su equipo en la casa de uno de ellos. Estaban inquietos. Les aseguró que solo van a dar las batallas necesarias y no crearán conflictos para fortalecerse en el poder. Reconoció que las cosas no estaban saliendo como habían querido, pero insistió con que el rumbo es el correcto. Y los tranquilizó con lo que más les preocupaba, porque les dijo que no existe ninguna posibilidad de que pierdan las elecciones en el 2019. Como siempre, logró sedarlos.

El Gobierno pasa por un momento especialmente difícil. Está obligado a hacer un ajuste en medio de una fuerte caída de imagen y con una macroeconomía que está muy lejos de provocar noticias positivas en la vida cotidiana, ese espacio imposible de manipular por cualquier relato, porque se trata de la realidad más pura, la que mide qué se podía pagar el año pasado a esta altura y qué se puede pagar ahora.

Desde Mauricio Macri para abajo, las principales espadas creían que este momento de ajuste se daría en un contexto más optimista de la economía y sin incertidumbres, pero los pronósticos no anduvieron y todavía no tienen demasiado en claro por qué. “Utilizaron remedios para bajar la inflación que ya fracasaron en otras etapas porque están negados a las enseñanzas de la historia económica argentina”, explicó un economista que los quiere.

“No pegan una, pusieron los aumentos en febrero, porque hay gran cantidad de variables que dan negativo en esta época, pero la dinámica inflacionaria es tan alta, que superará todas las expectativas”, analizó una experta en precios al consumidor.

Esa sensación de que todo les cuesta más que a cualquier otro gobierno es el sentimiento que domina entre los funcionarios. Por otro lado, el principal ajuste tiene que hacerse adentro mismo de la administración. No con los ñoquis que no van a trabajar o cumplen funciones irrelevantes solamente para cobrar un sueldo, ya que el esfuerzo de probar sus incumplimientos es ciclópeo, sino con la propia tropa. En el caso del equipo del jefe de Gabinete, gente que viene trabajando para la comunicación de Mauricio Macri hace años y hoy no saben exactamente dónde seguirán, ni cómo, tampoco cuánto ganarán.

 

La Secretaría de Comunicación Pública, a cargo de Jorge Grecco, tiene tres subsecretarías: Contenidos de Difusión, que tiene al frente a Ezequiel Colombo, el funcionario que concentra el diseño de las campañas de publicidad; Vínculo Ciudadano, conducida por Julieta Goldman, es una oficina clave desde donde se dirige la estrategia en redes sociales de todo el Gobierno; y Comunicación Pública estaba a cargo de “Juano” Gentile, que falleció el año pasado y significó una gran pérdida para el equipo de comunicación del PRO. Gustavo Gómez Repetto lo reemplazaría, y de hecho está a cargo de la función, pero aún no salió su nombramiento.

Por el ajuste general, se eliminarían esas tres subsecretarías. Y esos tres funcionarios, claves para la comunicación del Gobierno, no saben si sus funciones serán eliminadas, o agrupadas en otras áreas, o simplemente quedarán como asesores externos, sin responsabilidad administrativa. “En principio quedan todos, pero (los cambios) están en proceso”, dijo un funcionario del área, que también desmintió que hubiera cualquier tipo de malestar. Sin embargo, Infobae pudo constatar desorden y desconcierto entre los principales cuadros político-técnicos del oficialismo.

“Están bebiendo de su propia medicina”, dijo un Secretario que sabe que su “raviol” en la estructura desaparecerá cuando se publique en el Boletín Oficial el nuevo organigrama del Gobierno. Es que el achique de la planta política de la administración fue ordenada por la propia Jefatura de Gabinete que, en un principio, no había mostrado sus recortes. Pero, obviamente, está obligada a dar el ejemplo, así que la sangría está resultando dolorosa e incómoda porque, en general, se trata de profesionales que vienen acompañando al PRO desde hace muchos años.

Es el caso de otro funcionario, actualmente director nacional, recordó que en la primer reunión de Gabinete ampliado, Macri hizo levantar a los que venían de la actividad privada al Gobierno. “A mí me molestó, resulta que los que apostamos al servicio público, ganando poco y corriendo riesgos, ya no valíamos nada y nos tuvimos que someter a imposiciones de gente que no tiene ninguna experiencia en gestionar ni sabe de qué se trata el Estado, y tampoco conoce la cultura del PRO”, se quejó amargamente, mientras imprimía su Currílum Vitae, con ganas de renunciar. “Era obvio que las cosas no iban a salir bien”, concluyó.

Para tranquilidad de los estrategas del PRO, Jaime Durán Barba volvió a la Argentina, y con otro triunfo en la cocarda, la victoria del presidente de Ecuador, Lenin Moreno, a quien asesora desde el último trimestre del año pasado para la consulta popular de siete preguntas, donde obtuvo una contundente victoria contra las posiciones de su ex padrino político, Rafael Correa, con porcentajes que llegaron a 70% contra 30% . “Soy macrista-leninista”, contestó el consultor cuando un periodista le preguntó su ideología y no mintió. Además de trabajar para el argentino, cuando hizo esas declaraciones ya había sido contratado por su viejo amigo de la juventud, cuando era militante trotskista.

Durán Barba logró que su cliente gane el domingo 4, se quedó dos días más en Quito y el miércoles ya estaba en Buenos Aires, donde se esperaba ansiosamente su llegada. Salvo con Macri, tiene previsto verse en pocos días con todos los accionistas del PRO, a quienes conoce hace más de diez años y para los que trabaja en forma exclusiva en la Argentina, es decir, para ningún otro funcionario o candidato, aunque sea parte de Cambiemos. Almorzó el jueves con Peña, tenía previsto verse el viernes con Horacio Rodríguez Larreta y se supone que durante el fin de semana largo con María Eugenia Vidal.

“La caída de imagen no nos preocupa, pero sí nos ocupa”, dijo a Infobae un miembro de la mesa chiquita del oficialismo. Y aunque nadie quiere anticiparlo, circulan rumores de un cambio en la estrategia de comunicación del Gobierno, que se plasmaría en la disolución de las áreas de Vinculación Ciudadana (redes sociales, que solo estarían focalizadas en el Presidente) y la dedicación a un esfuerzo “explicativo” de las políticas ante líderes de opinión del que, en líneas generales, siempre se renegó durante los ocho años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

Optimista, agregó que “no había otra manera de hacer lo que se hizo y el Presidente demostró que no tiene problemas en invertir su propio capital político para hacer lo que hay que hacer”. El problema es si alcanza con el ajuste realizado hasta ahora en un contexto de volatilidad financiera global que podría desatarse en cualquier momento. Para ese escenario no hay respuesta.

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Sumaron a 100.000 beneficiarios de planes por la emergencia social

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El gobierno de Mauricio Macri incorporó en los últimos cinco meses a unos 100.000 nuevos beneficiarios de planes sociales con el programa Proyectos Productivos Comunitarios, que en 2018 insumirá $10.148 millones y que responde a la ley de emergencia social de 2017.

Con ellos, el total de transferencias directas a personas en asistencia social es de $251.911 millones para 9.689.000 personas. Implica el 10,17% del gasto primario total del Presupuesto 2018. En este universo de recursos se libran las pulseadas entre el Gobierno y las organizaciones sociales y piqueteras.

En tanto, el debate económico creciente es si estos planes tienen impacto en generar empleo o subsidian a un desempleo estructural.

El total de prestaciones sociales, con jubilaciones y pensiones, es de $1,291 billones y cubre a 16.731.000 personas. Actualmente equivale al 52% del Presupuesto 2018.

Según confiaron a la nacion en el Ministerio de Desarrollo Social, de Carolina Stanley, el plan de Proyectos Productivos Comunitarios responde a la ley de emergencia social de 2017, que reclamaron las organizaciones sociales Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, que lidera Juan Grabois.

Los programas
El programa canaliza proyectos productivos de beneficiarios de esas organizaciones y otras que obtienen un salario social complementario de casi $5000 (la mitad del salario mínimo vital y móvil) en 2017 y 2018. Por lo general, estaban en la informalidad y se los formaliza y se los potencia.

Los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen ($17.058 millones y 246.000 beneficiarios) son los que en Desarrollo Social exigen contraprestación laboral, formación y terminalidad educativa.

El Ministerio de Trabajo, de Jorge Triaca, tiene otros similares: Acciones de empleo ($3239 millones y 235.000) y Capacitación Laboral ($1400 millones y 57.000).
Pero el programa más popular es la Asignación Universal por Hijo (AUH): la Anses reparte en 2018 $74.447 millones a 6.857.000 beneficiarios. El Progresar, de Educación, llega a 794.000 jóvenes con $9894 millones en becas de estudio.

El camino hacia el trabajo

El anunciado Plan Empalme, mediante el cual las empresas podrían contratar a beneficiarios y completarle el salario básico, no dio aún resultados significativos.

El programa Abordaje territorial ($3147 millones y 77.000 personas) reparte insumos diversos pero no son ingresos a personas.

Fuera de los planes de asistencia directa, el grueso del gasto social está en jubilaciones y pensiones ($668.700 millones y 3.300.000), al que se sumó la Moratoria Previsional ($367.489 millones y 3.565.000), que son jubilados que nunca aportaron, un 3% del PBI, casi equivalentes al déficit fiscal.

Según el Ministerio de Desarrollo Social, los 246.000 beneficiarios de Argentina Trabaja y Ellas Hacen tienen asignación laboral o formación.

El director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, señaló que el Gobierno aumentó el gasto social, buscó la racionalidad y la contraprestación laboral, pero los programas fueron administrados por organizaciones sociales, ONG o municipios que muchas veces se resisten al control.

El trabajo

Para Salvia, “no siempre está garantizado que haya detrás un proyecto de trabajo o de infraestructura” genuino.

Por su parte, el economista Roberto Cachanosky, propone que a los planes “hay que ponerles exigencia de capacitación y límites en el tiempo”, al igual que el economista Agustín Etchebarne, de Libertad y Progreso, para quien las transferencias deberían ser “un puente hacia un trabajo productivo”.

Desde la oposición, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, impulsan esquemas de incentivos para que los empleadores contraten beneficiarios cuyos planes conformarían parte del salario básico, con diversos beneficios en las cargas sociales.

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CTERA exigió derogar el decreto que eliminó la paritaria nacional

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“Intimamos al Gobierno a que derogue el decreto 52/2018, reponga la vigencia del convenio colectivo de trabajo y convoque a paritarias. Si hay conflicto, el único responsable es el Gobierno”, advirtió Alesso en una conferencia de prensa.

Fue luego de haber faltado a la reunión que se realizó entre el Ministerio de Educación y el resto de los gremios docentes nacionales.

CTERA, el sindicato de mayor cantidad de afiliados del sector docente, manifestó así su malestar por el decreto del Gobierno que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo y dispuso la eliminación de la paritaria nacional, además de quitarle influencia al sindicato de Alesso, ya que en la mesa de discusión con el Ministerio dejó de contar con cinco representantes y volvió a tener uno solo, al igual que las otras cuatro organizaciones.

“El Gobierno pretende ponerle un techo de 15% a las paritarias y no vamos a avalarlo, debemos alertar sobre la baja en la inversión educativa en todo el país. Vamos a asistir a la OIT para denunciar esta arbitrariedad. No aceptamos las agresiones del ministro” Alejandro Finocchiaro, sostuvo Alesso en la rueda de prensa que siguió al plenario que había realizado la CTERA.

Asimismo, el sindicato confirmó su participación en la movilización del 22 de febrero que convocó el gremio de Camioneros de Hugo Moyano, “en contra los despidos, el ajuste, los tarifazos, la reforma previsional y laboral, las bajas de planes sociales, por paritarias libres y contra la criminalización de la protesta social”, se indicó.

También resolvió convocar para el 28 de febrero al Congreso de CTERA para definir las medidas a realizar en caso que el Gobierno no convoque a la paritaria nacional docente.

Por su parte, el secretario general del SUTEBA, Roberto Baradel, afirmó: “La eliminación de la Paritaria Nacional es un antecedente gravísimo, tanto para docentes como para el resto de los sindicatos, el Gobierno no puede desconocer la ley y negar la discusión salarial”.

“Hay conflicto a partir de la negativa a llamar a los docentes a discutir. Vamos a asistir a cualquier ámbito que no esté enmarcado en el decreto 52/2018, tiene que haber paritarias y deben ser libres”, finalizó Baradel.

A la reunión de este martes, que se realizó por la mañana en la sede de Educación, no asistieron CTERA y Sadop, pero sí lo hicieron UDA, CEA y AMET.

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