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Macri: “Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico”

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El presidente Mauricio Macri encabezó en el marco del plan “Argentina sin narcotráfico” una jornada de trabajo con jueces federales, gobernadores, ministros nacionales y legisladores de todo el país, y advirtió que “el Estado ya no quiere ser socio” del crimen organizado.

En el encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Presidente convocó a todos los poderes del Estado a trabajar de manera coordinada para “avanzar en la batalla contra las mafias y el narcotráfico”.

Allí, se acordaron acciones para “mejorar la cooperación”, fortalecer el despliegue judicial y el control en las fronteras a fin de combatir este delito.

“Los argentinos elegimos cambiar y parte de ese cambio significa no querer volver atrás. Ya no queremos que nos mientan, no queremos corrupción, ni parches a nuestros problemas. Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico”, remarcó el jefe de Estado.

En esa línea, Macri señaló que desde el inicio de su gestión se incrementaron los operativos de las fuerzas federales, “hay 40% más de detenidos y se incautaron casi 1.000 por ciento más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana” y agregó: “Esto significa menos droga circulando y dañando a nuestros jóvenes. La suma del trabajo de todos, cada uno desde su lugar, hace la diferencia”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, subrayó la presencia de representantes de todos los poderes y provincias en el encuentro, “trabajando juntos contra del narcotráfico” y “el compromiso de todo el poder político para respaldar la labor de los jueces, que ponen incluso en riesgo su vida”, investigando casos vinculados al tráfico de drogas.

A su vez adelantó, entre las medidas a impulsar en la lucha contra este delito, un proyecto de ley de “Fortalecimiento de la Justicia Federal” que prevé “especializar y ampliar el despliegue territorial aumentando la cantidad de jueces y fiscales en los lugares más críticos del país y zonas de frontera”.

Según trascendió, el proyecto prevé la creación de 94 cargos de jueces en todo el país y 85 nuevas fiscalías dedicadas exclusivamente a las investigaciones de delitos de narcotráfico.

Garavano también resaltó la implementación a partir del año próximo del nuevo Código Procesal Penal, que comenzará a regir en el norte del país, “y la elevación, el próximo 21 de junio, del anteproyecto del nuevo Código Penal de la Nación que prevé un agravamiento de penas que tienen que ver con el narcotráfico y un abordaje más terapéutico respecto a la tenencia de estupefacientes para consumo personal”.

También incluye penalidades para las organizaciones internacionales, algo que no estaba regulado hasta hoy.

Una “política de Estado”.

Durante la jornada, se desarrollaron mesas de trabajo divididas por regiones como Interior y AMBA y CABA, donde se evaluaron iniciativas en materia de prevención y combate del narcotráfico.

Entre las conclusiones recogidas, se acordó avanzar en diálogos institucionales entre los ministerios de Justicia de todo el país y la Procuración General de la Nación, además de generar leyes para la inclusión de métodos tecnológicos, mejorar la cooperación internacional y avanzar en una normativa para facultar el decomiso anticipado (el nuevo Código Penal lo prevé) y la destrucción inmediata de la droga, se informó oficialmente.

La coordinación de las mesas estuvo a cargo de los ministros de Justicia y de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; el subsecretario de Política Criminal y Justicia, Juan José Benítez y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cuelli.

Asimismo, los participantes se comprometieron a generar una próxima reunión para continuar coordinando las acciones surgidas del plan de trabajo.

Participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; jueces federales de todo el país, 14 gobernadores, entre ellos el de Jujuy Gerardo Morales, de Chaco Domingo Peppo, de Santa Fe Miguel Lifschitz, de Buenos Aires María Eugenia Vidal, y de Tierra del Fuego Rosana Bertone; el procurador interino Eduardo Casal, legisladores nacionales y autoridades de las Fuerzas de Seguridad, entre otros funcionarios.

En su mensaje, además, Macri le pegó al Gobierno de Cristina Kirchner, al afirmar que el narcotráfico es “un negocio que creció durante años a espaldas a un Estado que no hizo nada para pararlo”, pero destacó que “hoy sí la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos” del Gobierno.

“Cuando faltan estos valores se deja un espacio peligroso que pasa a ocuparlo la corrupción, el autoritarismo y la extorsión, y así entran en decadencia las instituciones, se frena el avance de la infraestructura, se dejan de respetar las leyes y el resultado es que perdemos el rumbo. Pero ahora sí, hace casi dos años asumimos el compromiso de darle pelea juntos, y lo hicimos porque los argentinos queremos vivir en paz”, completó.

Macri destacó también en ese sentido la tarea que realizan “referentes barriales, instituciones religiosas y más organizaciones que se suman día a día a esta lucha”, y dijo que “la suma del esfuerzo de todos, cada uno desde su lugar, hace la diferencia”.

“Todo esto significa menos droga circulando y dañando a nuestros jóvenes. Pero todos sabemos que todavía falta mucho por hacer. Por eso vamos a seguir adelante enfrentando a las mafias y peleando contra las adicciones. Podemos hacerlo porque tenemos con qué”, remarcó.

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Duhalde y Alfonsín confirmaron que Lavagna será candidato

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El ex presidente Eduardo Duhalde, junto al referente del radicalismo Ricardo Alfonsín, confirmó la candidatura de quien fue su ministro de Economía, Roberto Lavagna, de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

Según sus declaraciones, formaría una coalición que represente a parte del peronismo, sectores del radicalismo y algunos desilusionados con el proyecto político de Mauricio Macri.

“Lavagna, yo hablo permanentemente con él, yo no estaría diciendo lo que digo si no supiera de la voluntad patriótica que tiene,” explicó Duhalde, en diálogo con Perfil.

Y profundizó: “no es que esté encantado. En este momento necesitamos de la experiencia, no solo de él, sino de un equipo que entienda como se sale. Lo hablo con él, estamos haciendo un lio tremendo, un maremoto en una palangana. No es difícil salir si se tiene en claro los objetivos”.

Por su parte, Alfonsín concluyó que “hay muchos en la política nueva que creyeron que era fácil, parte de la sociedad creía que era fácil, y no es fácil la política. No es gobernar una empresa la política, no son 40 millones de empleados, son 40 millones de argentinos que piensan distinto”.

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Cristina pidió al Senado que autorice los allanamientos

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La ex presidenta Cristina de Kirchner presentó un comunicado este martes a sus compañeros senadores a través del jefe de bancada del FpV en la Cámara alta, Marcelo Fuentes, que participó en la reunión de Labor Parlamentaria. En él, aceptó los allanamientos pedidos por el juez federal Claudio Bonadio pero puso condicionamientos.

“Quiero dirigirme, en primer lugar, a los senadores y senadoras que, de distintas bancadas opositoras, se hicieron cargo de los críticos momentos que atraviesa el Estado de Derecho y el sistema de representación democrático en Argentina y no prestaron quorum para autorizar el -literalmente- inédito pedido de allanamiento múltiple sobre mi vivienda en esta ciudad y El Calafate y mi domicilio en la ciudad de Río Gallegos”, comienza el texto de la senadora.

“Tengo muy claro que dicha actitud no fue por solidaridad personal ni ‘corporativa’, sino que, por el contrario, obedeció a la firme decisión política de no convalidar la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política a los opositores y de distracción mediática para la población”, continuó.

La expresidenta continuó que en su texto que no tiene “ningún inconveniente” en que el cuerpo que integra autorice lo solicitado por el magistrado Claudio Bonadio.

“Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”, explicó Cristina.

A pesar de la autorización, la ex mandataria realizó una serie de pedidos condicionantes a la autorización. Así solicitó que el Senado garantice que las medidas que se lleven adelante sean para garantizar pruebas relacionadas con la investigación y pidió que no se tomen imágenes de sus viviendas para difundir posteriormente en los medios.

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El ex dueño del frigorífico Santa Elena se presentó ante Bonadío

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La causa de los cuadernos de la coimas K sigue su vertiginoso curso y en las últimas horas se sumó el nombre de otro empresario, Sergio Taselli, que decidió presentarse de forma espontánea ante el juez federal Claudio Bonadio.

Si bien no había sido llamado a indagatoria por el magistrado, sus oficinas habían sido allanadas en los primeros procedimientos ordenados por Bonadio cuando se inició la investigación.

La trayectoria de Taselli encontró posiblemente su apogeo entre los inicios de la década del 90 y mediados del 2000. Después de gestionar empresas de electricidad y otras relacionadas a la construcción, logró generar la mayor parte de sus ingresos gracias a la producción carbonífera y al transporte.

También estos dos campos son los que le provocarían años después sus mayores problemas con la Justicia, tanto a nivel nacional como internacional.

En 1994, Taselli se hizo cargo de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, una vez que fue privatizada por el gobierno de Carlos Menem.

Pese a recibir un subsidio anual de USD 25,5 millones por parte del Estado, no sólo no logró cumplir con las inversiones ni el mínimo de producción estipulados, sino que además produjo un vaciamiento total de la empresa, en el que se liquidó el sistema de seguridad, se redujo notablemente la plantilla de operarios y se produjo el traspaso irregular de maquinarias a otras empresas suyas.

Como producto de esa política, en 2004 se produjo una tragedia dentro de una mina: un incendio dejó un saldo de 14 operarios muertos. Según la investigación, el fuego se inició en el rodillo de una cinta transportadora de carbón. El puesto del operario encargado de revisar el buen funcionamiento de ese dispositivo había sido eliminado durante la gestión de Taselli.

Taselli se encuentra ahora a la espera de un juicio oral por “administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio”. El juicio sería llevado adelante por el Tribunal Federal Oral Nº 5, en manos del juez Sergio Torres, y la fiscalía Nº 7, a cargo de Miguel Osorio.

El otro gran escándalo judicial que involucró a Taselli se debió a su gestión al mando de tres líneas de Trenes Metropolitanos, publicó Infobae.

Desde finales de los 90, Taselli quedó a cargo de las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Sin embargo, las irregularidades e incumplimientos de todo tipo se convirtieron en un común denominador durante toda su gestión. Así, recién en 2007, Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato de explotación que tenía con Taselli respecto a los trenes.

En 2011, la justicia decidió procesarlo por el delito de “administración infiel agravado en perjuicio del Estado” por su labor irregular entre los años 1996 y 2002.

Las fallas de gestión estaba basada en aspectos como falta de mantenimiento del material rodante y las estaciones, deterioro de coches y vías, falencias en las condiciones de seguridad e inexistencia de estructuras de señalización reglamentarias, entre otros. Se trataba de un manejo irregular de unos 35 millones de pesos. Finalmente, esa causa prescribió.

En 2017, el gobierno de Cambiemos le reclamó una deuda por daños y perjuicios por incumplimientos contractuales que ascendería a los 4 mil millones de pesos.

El empresario también es investigado en Suiza por lavado de dinero. La justicia de ese país pidió a la Argentina las causas en las que está involucrado. Las sospechas surgieron a raíz de unos depósitos que se realizaron en cuentas a nombre de Taselli, que se presume fueron realizados por el mismo para blanquear la plata.

Fueron cuatro operaciones. Dos desde una cuenta en el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli por 10 millones y 8,6 millones de dólares. Otro depósito fue por 3 millones de dólares entre dos cuentas a nombre del empresario en distintos bancos suizos. Y una cuarta por 5,4 millones de dólares vinculado a una empresa de energía en Formosa que presidía Taselli. Todos se realizaron entre agosto de 2003 y abril de 2009.

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