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País

Macri: “Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico”

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El presidente Mauricio Macri encabezó en el marco del plan “Argentina sin narcotráfico” una jornada de trabajo con jueces federales, gobernadores, ministros nacionales y legisladores de todo el país, y advirtió que “el Estado ya no quiere ser socio” del crimen organizado.

En el encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Presidente convocó a todos los poderes del Estado a trabajar de manera coordinada para “avanzar en la batalla contra las mafias y el narcotráfico”.

Allí, se acordaron acciones para “mejorar la cooperación”, fortalecer el despliegue judicial y el control en las fronteras a fin de combatir este delito.

“Los argentinos elegimos cambiar y parte de ese cambio significa no querer volver atrás. Ya no queremos que nos mientan, no queremos corrupción, ni parches a nuestros problemas. Ya no queremos un Estado socio del narcotráfico”, remarcó el jefe de Estado.

En esa línea, Macri señaló que desde el inicio de su gestión se incrementaron los operativos de las fuerzas federales, “hay 40% más de detenidos y se incautaron casi 1.000 por ciento más de drogas sintéticas, además de cocaína y marihuana” y agregó: “Esto significa menos droga circulando y dañando a nuestros jóvenes. La suma del trabajo de todos, cada uno desde su lugar, hace la diferencia”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, subrayó la presencia de representantes de todos los poderes y provincias en el encuentro, “trabajando juntos contra del narcotráfico” y “el compromiso de todo el poder político para respaldar la labor de los jueces, que ponen incluso en riesgo su vida”, investigando casos vinculados al tráfico de drogas.

A su vez adelantó, entre las medidas a impulsar en la lucha contra este delito, un proyecto de ley de “Fortalecimiento de la Justicia Federal” que prevé “especializar y ampliar el despliegue territorial aumentando la cantidad de jueces y fiscales en los lugares más críticos del país y zonas de frontera”.

Según trascendió, el proyecto prevé la creación de 94 cargos de jueces en todo el país y 85 nuevas fiscalías dedicadas exclusivamente a las investigaciones de delitos de narcotráfico.

Garavano también resaltó la implementación a partir del año próximo del nuevo Código Procesal Penal, que comenzará a regir en el norte del país, “y la elevación, el próximo 21 de junio, del anteproyecto del nuevo Código Penal de la Nación que prevé un agravamiento de penas que tienen que ver con el narcotráfico y un abordaje más terapéutico respecto a la tenencia de estupefacientes para consumo personal”.

También incluye penalidades para las organizaciones internacionales, algo que no estaba regulado hasta hoy.

Una “política de Estado”.

Durante la jornada, se desarrollaron mesas de trabajo divididas por regiones como Interior y AMBA y CABA, donde se evaluaron iniciativas en materia de prevención y combate del narcotráfico.

Entre las conclusiones recogidas, se acordó avanzar en diálogos institucionales entre los ministerios de Justicia de todo el país y la Procuración General de la Nación, además de generar leyes para la inclusión de métodos tecnológicos, mejorar la cooperación internacional y avanzar en una normativa para facultar el decomiso anticipado (el nuevo Código Penal lo prevé) y la destrucción inmediata de la droga, se informó oficialmente.

La coordinación de las mesas estuvo a cargo de los ministros de Justicia y de Seguridad, Patricia Bullrich; el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; el subsecretario de Política Criminal y Justicia, Juan José Benítez y el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cuelli.

Asimismo, los participantes se comprometieron a generar una próxima reunión para continuar coordinando las acciones surgidas del plan de trabajo.

Participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti; jueces federales de todo el país, 14 gobernadores, entre ellos el de Jujuy Gerardo Morales, de Chaco Domingo Peppo, de Santa Fe Miguel Lifschitz, de Buenos Aires María Eugenia Vidal, y de Tierra del Fuego Rosana Bertone; el procurador interino Eduardo Casal, legisladores nacionales y autoridades de las Fuerzas de Seguridad, entre otros funcionarios.

En su mensaje, además, Macri le pegó al Gobierno de Cristina Kirchner, al afirmar que el narcotráfico es “un negocio que creció durante años a espaldas a un Estado que no hizo nada para pararlo”, pero destacó que “hoy sí la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado y uno de los principales objetivos” del Gobierno.

“Cuando faltan estos valores se deja un espacio peligroso que pasa a ocuparlo la corrupción, el autoritarismo y la extorsión, y así entran en decadencia las instituciones, se frena el avance de la infraestructura, se dejan de respetar las leyes y el resultado es que perdemos el rumbo. Pero ahora sí, hace casi dos años asumimos el compromiso de darle pelea juntos, y lo hicimos porque los argentinos queremos vivir en paz”, completó.

Macri destacó también en ese sentido la tarea que realizan “referentes barriales, instituciones religiosas y más organizaciones que se suman día a día a esta lucha”, y dijo que “la suma del esfuerzo de todos, cada uno desde su lugar, hace la diferencia”.

“Todo esto significa menos droga circulando y dañando a nuestros jóvenes. Pero todos sabemos que todavía falta mucho por hacer. Por eso vamos a seguir adelante enfrentando a las mafias y peleando contra las adicciones. Podemos hacerlo porque tenemos con qué”, remarcó.

Economía

YPF analiza iniciar un proceso de producción de biodiesel

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El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez anunció que la compañía comenzará a producir biocombustibles. “El compromiso de la compañía está puesto en la integración de combustibles y la participación en el sector de la bioenergía, no solo como compradores sino también como productores”, declaró el empresario durante el panel de apertura de la Semana Internacional de la Bioenergía – Argentina 2018. Pidió también acelerar el proceso de descarbonización de la economía y la normalización de los combustibles en la región .

Las declaraciones de Gutiérrez son un giro de 180 grados en la relación de YPF con los biocombustibles. Hasta ahora, la mayor empresa petrolera del país se había mostrado reacia a la política de biocombustibles, pero la firme decisión de la secretaría de energía de avanzar en la libre competencia de los combustibles habría impulsado esta decisión.

Según trascendió, el Secretario de Estado de Energia, Javier Iguacel mantiene la idea de continuar con el corte de biodiesel en el 10%, aunque pretende incorporar mezclas voluntarias de mayor porcentaje.

Hasta el 10%, se continuaría con el mismo mecanismo de fijación de precios y cupos que rige en la legislación actual. Pero para mezclas mayores, el precio del biocombustible por encima de este porcentaje sería acordado libremente por las partes. En el caso del gasoil grado 2 (90% del mercado), hasta un corte del 20% no sería necesario indicar en el surtidor el contenido de biodiesel, pudiendo permitirse mezclas mayores, pero el surtidor deberá contar con una leyenda que indique claramente el contenido del biocombustible. En el caso del gasoil grado 3 (premiun) la leyenda deberá existir por encima del corte de 10%.

En el caso de las naftas, el mecanismo sería similar. Seguirá igual la oferta de nafta con un corte mínimo de bioetanol de 12%, y se agregaría el combustible “flex fuel”, el cual tendrá una mezcla entre el 19% y 27% del biocombustible. Se sumaría también otra opción “full flex fuel” cuyo contenido de alcohol estaría entre el 85% y el 100%, es decir, bioetanol puro.

Sin embargo, estaría en la cabeza del secretario gravar la porción de biocombustible sobre el mínimo obligatorio. Pretendería aplicar el impuesto a los combustibles líquidos que rige hoy tanto para el gasoil, como para el bioetanol.

Los biocombustibles, por ser renovables y tener un balance de emisiones positivos están taxativamente excluidos de este tributo en la legislación vigente. Para que esta medida pueda aplicarse debería modificarse la Ley, por lo que debe contar con la aprobación del congreso.

Gravar una porción de los biocombustibles al igual que sus respectivos fósiles podría generar un peligroso antecedente. En la Argentina, una vez que se impone un nuevo impuesto, es muy fácil que se propague.

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Economía

El oficialismo cerca de cerrar el presupuesto 2019

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Cambiemos dio un paso más en su objetivo de lograr la media sanción del Presupuesto 2018 en la Cámara de Diputados antes de noviembre y su aprobación final en el Senado antes de que comience el G20. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, encabezaron una reunión con diputados del bloque Argentina Federal -que representa a los gobernadores no kirchneristas- y sus respectivos ministros de Economía para delinear los últimos detalles de la adenda al Consenso Fiscal.

El resultado fue que se avanzará “paso a paso”, aunque con buena predisposición. El primer eslabón es dictaminar sobre la adenda y una vez obtenido esto se hará lo propio con el Presupuesto. Si bien no se habló de fechas, la meta es que el jueves 18 salga el acuerdo fiscal y el martes 22 la “ley de leyes”, para luego realizar una sesión el 24 o a lo sumo el 31 para que se aprueben ambas iniciativas juntas. Esto igual está por verse, porque los legisladores de Argentina Federal quieren ir con cautela antes de dar el visto bueno.

Del encuentro participaron, además de Frigerio y Monzó, Mario Negri, Nicolás Massot, Luciano Laspina, Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, y Emilio Basavilbaso, titular de la Anses. Por el lado de la oposición, estuvieron Pablo Kosiner por Salta, Martín Llaryora por Córdoba, Walberto Allende por San Juan, Sergio Ziliotto por La Pampa, Juan José Bahillo por Entre Ríos, Elda Pertile por Chaco, Jorge Franco por Misiones y Danilo Flores por La Rioja. También estuvieron Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, y los funcionarios de Interior Alejandro Caldarelli y Sebastián Garcia De Luca.

La presencia de Finocchiaro y Basavilbaso se debió a que los representantes de las provincias dejaron inquietudes para cuando se discuta el Presupuesto. Por el lado de educación, apuntaron contra el financiamiento de las universidades por transferencias que según los gobernadores no se cumplieron este año y necesitan una compensación en 2019. Con la Anses, le plantearon ciertas transferencias que el ente realiza a las provincias para no desfinanciarlas. Ambos se comprometieron a evaluarlas.

Los tres ejes centrales fueron la adenda fiscal, el impuesto a los Bienes Personales y el ajuste por inflación de las transferencias de la Nación a las provincias. Si bien no hubo mayores definiciones sobre lo qué pasará con la parte impositiva, desde el Gobierno explicaron que lo más probable es que prospere la propuesta de gravar los bienes en el exterior, incluyendo a los que entraron al blanqueo de 2017.

Miguel Ángel Pichetto se había opuesto a esto, pero la mayoría de las provincias está de acuerdo. Para esto, habría que suspender una cláusula del Consenso Fiscal 2017 que establecía que no se iban a “crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales”.

Otro punto caliente de la reunión, que acaparó casi la primera hora, fue qué sucederá con las ciudades grandes del interior que tienen transporte urbano. Sucede que con el nuevo Presupuesto la Nación deja de subsidiar a las empresas el boleto de los colectivos y le da ese dinero directamente a las provincias para que negocien.

Pero hay casos como Córdoba, en donde en la capital el intendente Mestre debería aumentar el boleto a 36-38 pesos sin el subsidio. La provincia usa el dinero de la Nación para subvencionar el boleto entre ciudades y así afecta a los grandes municipios -como la capital- que tienen su propio servicio de colectivo. Será un tema para seguir discutiendo porque no se despejó al duda de quién va a poner ese dinero.

Sucede que, a fin de cuentas, el objetivo de la adenda es que, a raíz de un paquete de medidas impositivas, se compense a las provincias por el ajuste de cerca de 100 mil millones de pesos que deberán hacer.

En la Casa Rosada están convencidos que la ley es “verosímil” y afirman que todas las provincias “están compensadas” respecto del ajuste que tienen que hacer. Las únicas que salen perdiendo son la provincia y la ciudad de Buenos Aires, esta última en casi 900 millones de pesos.

El recorte estimado es en los ingresos pasar de un déficit de 1,3% a 0% y en los gastos bajar de 2,7% a 1,3%. Para el Ejecutivo, esto lo “pagan” los exportadores de servicios, los industriales, las personas con bienes en el extranjero y los bancos con el impuesto a los sellos y cheques, en donde se hace una postergación de la baja.

Con respecto a los municipios, que pierden el 30% del Fondo Sojero, que se anuló por decreto, dicen en el oficialismo que compensan con el IVA, Ganancias, sellos y cheques, que ninguno coparticipa.

Hay optimismo en Cambiemos para avanzar favorablemente con la ley. Una vez que pase Diputados, en el Senado no esperan negociaciones tan arduas porque ya están trabajando “en tándem” desde que se presentó la norma. Además, consideran que las conversaciones son más lineales con las provincias y saben que cuentan con el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, lo cual acelera las gestiones con los bloques peronistas.

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Economía

El proyecto de ley de alquileres obtuvo dictamen en Diputados

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En texto presentado por el Ejecutivo introdujo algunos cambios a la iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado y que había sido impulsada por el Frente para la Victoria y por Inquilinos Agrupados en 2016.

En esta jornada, el FpV, el Bloque Justicialista y Felipe Solá acompañaron el dictamen aunque con disidencias, entre varios puntos, piden que se mantenga la actualización anual del valor del alquiler, como estipula el proyecto original de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu.

En tanto, Carla Pitiot del Frente Renovador y Juan Brugge (Argentina Federal) presentaron una alternativa para que los inquilinos no puedan imponer a los propietarios las garantías del alquiler.

De aquí a la llegada de la iniciativa al recinto se seguirá trabajando el texto para aunar las disidencias de los Diputados.

Entre los principales puntos del nuevo proyecto las comisiones quedarán a cargo del dueño, los aumentos se regularán segpun la inflación y los salarios y los contratos se renovarán cada tres años de plazo.

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