El contador Gustavo Tortul prestó declaración indagatoria durante casi dos horas ante el Tribunal de Juicio que entiende en el denominado Megajuicio justificando su accionar en la contratación de los spots publicitarios de la Cumbre del Mercosur.
Tortul, que sigue en funciones en el Gobierno provincial, aseguró que actuó conforme a la normativa vigente.
Antes declararon como testigos el ex ministro de Planeamiento Juan Javier García y el funcionario del Senado Jorge Lanterna.
Tortul, tras repasar cómo había sido su ingreso a la administración pública (pasó el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Educación antes de llegar al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación en la gestión de Sergio Urribarri), relató que junto a Hugo Céspedes decidieron enviar una consulta a los organismos de control de la provincia cuando recibieron el pedido del entonces ministro de Comunicación, Pedro Baez, para emitir los spots durante la realización de la Cumbre.
Céspedes y Tortul formaban parte de la Unidad Operativa creada por ley para realizar el evento internacional. Ambos fueron imputados. Pero Céspedes falleció a poco de comenzar las audiencias del juicio. “Hugo no aguantó todo esto”, dijo el acusado, refiriendo que a su compañero de trabajo la angustia lo condujo al deceso. Por eso pidió al Ministerio Público Fiscal que tenga “prudencia para ejercer el poder”.
Tortul se emocionó al recordar a Céspedes. Antes se había quebrado al rememorar a su padre ya fallecido quien, dijo, le inculcó la cultura del trabajo. El llanto del funcionario fue tan marcado que el presidente del Tribunal, José María Chemes, intervino y le pidió que se tome su tiempo para tranquilizarse y proseguir con su relato.
Al reponerse, consignó que los organismos de control estatal le dieron el visto bueno para avanzar con la contratación de los spots.
En la causa de los spots, la teoría del caso de Fiscalía sostiene que se digitó al proveedor (Nelly Entertaiment, de Jorge “Corcho” Rodríguez), que se pagó con sobreprecio la contratación de espacios en los canales nacionales y que el material difundido no se correspondía con actos de Gobierno, sino con la intención de Urribarri de llegar a la presidencia de la Nación.
La Unidad Operativa tenía, rememoró, la posibilidad de apelar a la contratación directa tanto por la autorización que otorgaba la norma sancionada por la Legislatura para atender las erogaciones de la Cumbre del Mercosur realizada a fines de 2014 como por la ley de 5.140 de la provincia.
Sin embargo, decidieron realizar un cotejo de precios.
Paso a paso, fue explicando las distintas etapas administrativas que se dieron con posterioridad desde la convocatoria, la presentación de cuatro ofertas, la preselección de tres y la definición de Nelly Entertaiment como proveedor, luego de descartar otras dos opciones que tenían otros perfiles (en lugar de TV, difusión a través de redes sociales o de mensajería).
Además, mencionó que luego de realizar un control sobre las certificaciones de emisión de publicidad en los distintos canales presentadas por Nelly, se observó la faltante de constancias de publicación en algunos medios, lo que concluyó que de los más $ 31 millones autorizados a erogar en este gasto sólo se pagara una cifra cercada a los $ 27 millones, logrando un ahorro para la Provincia de unos 4 millones de pesos.
También remarcó en al menos tres oportunidades que el área donde se desempeña no tiene la posibilidad de ver los videos que se iban a proyectar antes de su emisión. Tampoco lo hizo ahora con los de las campañas de dengue o de Covid – 19. Y que de haberlo hecho no tenía autoridad para oponerse con su opinión al contenido.
· Testigos
La primera declaración de la mañana fue del contador Jorge Lanterna, quien se desempeña en el área de Recursos Humanos del Senado desde hace años. Su aporte fue aclarar qué relación tenía el imputado Juan Pablo Aguilera con la Cámara alta.
El testigo relató que Aguilera, cuñado del ex gobernador Urribarri, ingresó a la planta permanente de la Cámara alta el 6 de diciembre de 2007, cuando el vicegobernador era Guillermo Guastavino. Luego ocupó cargos en el cuerpo. El primero de ellos fue el de secretario coordinador, un puesto creado en 1996 que no tenía especificación de tarea en la orgánica del Senado, para luego pasar a ser secretario del bloque del PJ, una designación política.
El aporte central que dejó Lanterna fue que Aguilera no estaba facultado para contratar personal o publicidad de la institución, ya que ambas son atribuciones del Vicegobernador. Y tampoco tenía vinculación con el Poder Ejecutivo y sus contrataciones de publicidad.
Luego declaró Juan Javier García, ex intendente de Chajarí y ministro de Planeamiento en buena parte de la segunda de Urribarri. En una extensa declaración, afirmó que nunca se dijo en el seno de la administración provincial que la publicidad o las contrataciones debía dirigirse a tal o cual empresa. También negó que Aguilera haya sido dueño de una imprenta.
García hizo una defensa política del gobierno de Urribarri, llegando a afirmar que el “Sueño Entrerriano”, denominación con la que se conoció la campaña que montó el PJ Entre Ríos para impulsar como posible presidenciable al ex mandatario, haya sido una construcción individual. Según su entender era una idea colectiva surgida luego del fallecimiento de Néstor Kirchner que dejó inconclusa la tarea que el ex presidente se había dado de formar 500 dirigentes en todo el país que pudieran continuar con su proyecto político.
· Prueba
El Tribunal aceptó toda la prueba presentada por Fiscalía, rechazando las objeciones de las defensas sobre los listados telefónicos. El cuestionamiento a esos informes estaba fundado en que no habían concurrido a la audiencia los testigos de acreditación, es decir aquellos que con su exposición en la audiencia da veracidad a la prueba. (APFDigital)