El veto es la facultad que tiene el presidente de la Nación para desaprobar un proyecto de ley sancionado por el Congreso impidiendo así su entrada en vigencia.
Si nos detenemos en el art. 83 de la Constitución Nacional, observamos que el veto puede ser total o parcial, vale decir que un proyecto de ley puede ser desechado, respectivamente, en el todo o en cualquiera de sus partes por el Poder Ejecutivo.
Hasta acá nada nuevo. Solo aclarar que la figura existe y que ha sido utilizada por todos los presidentes electos hasta ahora desde lo advenimiento de la democracia en 1983.
Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, usaron ese instrumento en reiteradas ocasiones.
Claro está que el veto como herramienta no puede modificar el espíritu de la norma. En la Ley Bases las dudas pasan por el espíritu en sí mismo.
Técnicamente el veto como tal es susceptible de análisis sin embargo es una herramienta de uso frecuente. Mucho más de lo que se sabe o supone.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, a cargo de negociar con los gobernadores, insistió este lunes en que el Gobierno no coparticipará el impuesto PAÍS y anticipó que el presidente Javier Milei vetará cualquier intento de avanzar con el reparto entre las provincias del tributo, en el marco del debate por la ley ómnibus.
No es el único que prepara. Algunos advierten hasta una trampa técnica en el articulado de la norma aprobada, aún más allá de la concesiones hechas por el ejecutivo. Concesiones que, según fuentes parlamentarias, se adjudican a ganar tiempo para negociar.
Negociaciones que caen en saco roto cada vez que el Presidente Milei, vía X, desautoriza a los interlocutores que designa y que formulan consideraciones al finalizar los distintos encuentros.
Los gobernadores desconfían de ellos. Saben que no pueden sostener sus promesas más allá del tiempo que demande la redacción de un Twitt.
Dos anexos y dos artículos, están en análisis según fuentes parlamentarias.
Los dialoguistas desconfían del artículo 7 del capítulo 2 que otorga el poder de reestructurar las empresas del estado y privatizarlas.
El segundo artículos es el referido a la delegación de facultades, ahí la mayoría se opondría por el solo hecho de que “no generó la confianza necesaria” el gobierno para darle una cuota de poder tal.
El apartado de las empresas objeto de una futura privatización esta bajo la lupa. El anexo uno y el dos que incluye a las distintas empresas. Allí se generan las dudas. Milei podría vetar las modificaciones, hacer uso de facultades delegadas y recurrir al artículo 7 como el que le de legitimidad de mantener el espíritu de la norma.
A los gobernadores del litoral los tiene inquietos. Se ven afuera de la toma de desiciones si se avanza con la privatización de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE).
La AGPSE tiene bajo su control y administración la estratégica Hidrovía de la cuenca del Paraná.
Entienden que la vía navegable queda más cerca de la privatización.
La pretensión del gobierno argentino es directamente privatizar la Administración General de Puertos, donde está incluida la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay, lo que hace pensar que al no existir un ente administrador del tramo fluvial que involucra a la Argentina, Bolivia y Paraguay –con intervención de Uruguay- en movimientos de barcos cargueros y barcazas, directamente sería concesionada y los gobernadores de La cuenca del Litoral, quedarían al margen de futuras decisiones.
Fuentes ligadas a un par de gobernadores afirman que el interés por desarrollar la región admitiría la creación de un ente de participación público privado para darle sostenibilidad y sustentabilidad a la hidrovía. Las provincias no quieren estar ajenas a esa participación, afirma la misma fuente.
Pero la lista de vetos es más larga. Biocombustibles, ley de semillas, entre otras, estarían en la lista de las vetadas de existir cambios que no concuerden con el “espíritu” que pretende darle Javier Milei a su gobierno.
La clave está centrada en la necesidad de revertir el posible futuro, casi seguro, veto presidencial.
Dialoguista y opositores deberían concretar el 66% del total de los miembros de las cámaras para revertirlo.