El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni defendió este lunes el aumento jubilatorio que se otorgó la semana pasada y que fue mayor para las escalas más bajas, y rechazó las críticas contra el “achatamiento” del sistema previsional al asegurar que “esto es sólo por seis meses, por la emergencia”.
“Estamos en emergencia, con lo cual lo que estamos tratando de hacer es redistribuir los recursos a los sectores de más abajo y esto es sólo por estos seis meses. Acá no es una política que ha venido para quedarse, es sólo que en esta situación de emergencia estamos atendiendo a los sectores de más bajos recursos”, remarcó el funcionario.
Moroni adelantó que “a partir de junio va a haber una fórmula de movilidad bien hecha, no como la anterior” que se puso en marcha en 2017 y que el gobierno de Alberto Fernández suspendió porque definía los incrementos según la evolución de los salarios y de la inflación.
“Estamos tomando estos seis meses en donde estamos realmente en una situación crítica. Yo no digo que los jubilados que reciben menos aumentos sean millonarios ni nada por el estilo sino que estamos haciendo lo mejor que podemos dentro de las posibilidades”, insistió Moroni.
El titular de la cartera laboral reconoció que el esquema del reciente aumento, que contempla el pago de una suma fija de $1.500 pesos más del 2.3% del haber que se perciba, podría incentivar a muchos de los beneficiarios con las escalas más altas judicialicen sus reclamos.
“Es probable que haya muchos reclamos. Pero cuando la Corte falló en el caso Badaro llevábamos varios años de no aplicar fórmulas de movilidad para todas las jubilaciones. Acá estamos hablando de seis meses y de no aplicar cero, sino una tasa diferencial para beneficiar a los de más abajo. Asó que creo que lo que no se tiene en cuenta es que realmente estamos en una situación de emergencia que ha sido declarada por el Congreso y por un muy breve período”, manifestó.
En declaraciones a radio Continental, Moroni salió en defensa del aumento que otorgó el Gobierno y que representará el 13% para las jubilaciones mínimas pero que irá decreciendo y para los haberes más altos será equivalente al 3,8 por ciento.
El titular de la cartera laboral también se refirió al proyecto de ley que el Gobierno envió el viernes pasado al Congreso para analizar cambios en el sistema de jubilaciones de privilegio que perciben quienes se desempeñaron en el Poder Judicial o en tareas diplomáticas, entre otros.
“Esas jubilaciones van de los $200 mil a los $700 mil. El promedio es $289 mil. Nosotros nos cansamos de decir y los jueces en sus sentencias siempre resaltan que los regímenes de reparto son solidarios y redistributivos. O sea que lo que se intenta es redistribuir recursos hacia algún un sector.
Conceptualmente estamos tratando no de que los jueces participen, den parte de sus aportes al resto, sino que requieran menos subsidios del resto para pagar sus jubilaciones”, explicó.
Seguido, detalló que “hoy el sistema del régimen de jubilaciones judiciales tiene un déficit de alrededor de 8.000 millones de pesos al año. Cada jubilado del Poder Judicial requiere un subsidio de más de 100.000 pesos mensuales”.
Moroni subrayó que la iniciativa oficial contempla la puesta en marcha de un “esquema simple: básicamente se aumentan los aportes y en lugar de jubilarse con el 82% del último salario que lo hagan con el 82% del promedio de los últimos 10 años como el resto de los mortales”.
“No estamos eliminando un régimen especial. Lo único que pretendemos es que requieran menos subsidios del resto de la comunidad para pagar su sistema jubilatorio y acercarlo a algo que tenga más relación con el esfuerzo contributivo”, completó.