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País

Negocian plus para estatales nacionales

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El gobierno nacional ratificó ayer que impulsa dar carácter de obligatorio el pago de un bono de $5000 en dos cuotas para el sector privado, acordado con el sindicalismo y las principales cámaras empresariales.

Sin embargo, las negociaciones se complicaron luego de que las empresas reclamaron que el pago fuera tomado como un anticipo de futuros aumentos.

Sectores empresariales, como la UIA y la CAME, se resisten también a que el aumento tenga carácter obligatorio y a que se tome por igual a compañías grandes y pequeñas. Las diferencias en torno a la implementación postergaron la definición del decreto.

Por cuerda separada, y en un clima de mayor acuerdo, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, comenzó a negociar ayer un pago adicional para los estatales nacionales, que podría ser de entre $3000 y $6000.

“Pedimos que haya una ventana que permita que no sea un sacudón para las pymes que no tienen actividad ni recursos para afrontarlo”, afirmó en declaraciones radiales el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en un anticipo de la postura crítica de los industriales. Fuera de micrófono, desde ese sector se enfatizaba que “las pymes son el gran problema, no pueden afrontar esas subas y no puede ser obligatorio”.

Por la tarde, una propuesta de esa cámara para darle al bono carácter de anticipo “a cuenta de futuros aumentos” provocó el enojo de la CGT y la amenaza de volver a impulsar el paro de 36 horas que la cúpula sindical venía analizando antes del llamado al diálogo del Gobierno.

Según el diario La Nación, fuentes oficiales se sorprendieron por el enojo sindical. “En la reunión (del lunes) nadie mencionó la palabra paro”, contó uno de los asistentes al cónclave en el sindicato de Sanidad. Sólo José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) afirmó que “no le sirve a nadie” el paro, aunque un día después la negativa de las cámaras empresarias encendió la inquietud de los funcionarios. La gran apuesta de Sica y de Jorge Triaca, secretario de Trabajo, seguía siendo llegar a algún tipo de acuerdo.

Fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien blanqueó por la mañana la idea de que el bono sea “obligatorio para todo el sector privado”, pero haciendo la salvedad de casos particulares de empresas que no lo puedan afrontar.
Varias provincias, entre ellas Santa Fe y Mendoza, ya advirtieron que no podrán sumarse a la iniciativa por no contar con fondos suficientes.

Estatales
Además de la negociación con los privados, Ibarra y Andrés Rodríguez (UPCN) comenzaron a negociar un plus para los 210.000 mil estatales nacionales. Sería, según fuentes del Gobierno, de entre 3000 y 6000 pesos, y pagadero en cuotas. La mayoría de las provincias anticiparon sus dificultades para equiparar el bono.

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Economía

Los allanamientos dispuestos por Bonadío tocaron Entre Ríos

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El juez federal Claudio Bonadio rechazó excarcelar al último arrepentido de la causa de los cuadernos, el exsecretario de Hacienda de Santa Cruz, Juan Manuel Campillo. Además en la misma causa ordenó unos 80 allanamientos a empresas de todo el país, informaron fuentes judiciales.

Campillo, es el primer acusado que no logra ser excarcelado por el juez de la causa de los cuadernos inmediatamente después de acogerse al régimen de testigos e imputados colaboradores. El exfuncionario kirchnerista fue aceptado en la víspera como “arrepentido” en la causa cuando el juez Bonadio homologó el acuerdo que había alcanzado hacía tres semanas con los fiscales del caso, Carlos Rívolo y Carlos Stornelli.

Bonadio rechazó excarcelar a Campillo porque cree que su libertad puede “entorpecer la investigación”, informaron fuentes judiciales que remarcaron que los fiscales se habían pronunciado a favor de la liberación del acusado que permanecerá -por ahora- en el penal de Ezeiza.

La decisión de Bonadio será apelada ante la Cámara Federal porteña por el abogado de Campillo, el defensor oficial Gustavo Kollmann, que encabeza también las defensas del ex secretario de Obras Públicas, José López, y del chofer del ex funcionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, ambos arrepentidos en el expediente.

Campillo fue señalado en la causa por la también arrepentida Elizabeth Ortiz Municoy, vinculada a la venta de inmuebles en Estados Unidos del fallecido secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

Allanamientos

En tanto, Bonadio dispuso la realización de decenas de procedimientos en busca de información administrativa de 80 empresas mencionadas en la causa de los cuadernos de las coimas, informaron fuentes judiciales.

Los procedimientos ordenados por Bonadio fueron “órdenes de presentación”, mediante las cuales efectivos de fuerzas federales de seguridad se presentaron en las empresas investigadas para solicitar la información requerida por el juzgado.

El objetivo de los procedimientos fue acceder a información vinculada, por ejemplo, con la composición societaria de las empresas señaladas en el tramo de la causa de los cuadernos vinculado con las concesiones de obra pública.

Bonadío ordenó decenas de operativos en distintos puntos del país. Uno de ellos se lleva a cabo en las oficinas de la empresa constructora José Eleuterio Pitón S.A. de Gualeguay.

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Una ciudad santafesina está “totalmente inundada”

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“La ciudad de Tostado está 100 % inundada”, así lo confirmó el intendente Enrique Mualem, quien añadió que la gente trata de “levantar las cosas y aguantar en sus casas” pero desde el municipio están “a punto de evacuar gente”.

La cabecera del departamento 9 de Julio tiene las napas que “no dan más, el río Salado está totalmente saturado” y por esta situación el agua no escurrirá de manera veloz y “obliga a armar un centro de evacuados”.

La zona más afectada es la comunidad Mocoví de Pedro José quiene serán trasladados al centro de evacuados a la Escuela 417, “estamos trabajando allí”, dijo Maulem.

El intendente local manifestó que los funcionarios gubernamentales están a disposición y “tener recursos humanos es lo más importante”.

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Nación envía ayuda a provincias afectadas por las inundaciones

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Cuadrillas del Ejército, Gendarmería y Prefectura llevan asistencia a las poblaciones de las provincias afectadas por las tormentas e inundaciones, como parte del operativo que coordina el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos.

En tanto, el secretario de Protección Civil del Ministerio de Seguridad, Emilio Renda, a cargo de la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos (SINAGIR), se reunió en Chaco con el gobernador Domingo Peppo y con miembros del gabinete provincial.

“Estuve reunido con el gobernador, con el vicegobernador y el resto del gabinete y se hizo un análisis general de la situación sobre los últimos inconvenientes en las partes más afectadas en el centro-sur de la provincia”, indicó Renda.

En el marco de ese relevamiento se analizaron “cuáles eran las principales afectaciones, las necesidades y requerimientos para transmitírselas a las autoridades del Gobierno nacional”, señaló el funcionario.

El próximo viernes viajará a Resistencia el secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, Pablo Bereciartúa, para evaluar junto a las autoridades locales proyectos de mantenimiento y readecuación de los sistemas hídricos de la provincia.

La reunión servirá para analizar prioridades y necesidades de financiamiento para avanzar, en el marco de un trabajo conjunto, con las obras previstas en la zona del Gran Resistencia y en el interior de la provincia, indicó el gobernador Peppo.

Ayer el mandatario chaqueño fue recibido por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a fin de coordinar el plan de ayuda para asistir a los pobladores afectados por las inundaciones.

Por su parte, el subsecretario de Operaciones de Protección Civil, Daniel Russo, permanece en Corrientes planificando con las autoridades locales nuevas acciones para las zonas afectadas.

La Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación articula con las provincias los mecanismos de ayuda a las personas damnificadas a través de distintos organismos del estadio nacional.

El SINAGIR es el órgano de coordinación de los recursos de las distintas dependencias nacionales que apunta a brindar una respuesta integral y más efectiva ante situaciones de emergencia.

El Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación despachó suministros a las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Tucumán y Corrientes para que sean distribuidos a las familias que sufren las consecuencias de la crecida de ríos y arroyos que se registran en zonas del norte y el litoral del país.

Los envíos principales son agua potable, alimentos, colchones, frazadas, pañales descartables, alcohol, elementos de limpieza, repelentes, rollos de polietileno, materiales de construcción, entre otros insumos de primera necesidad.

El Ejército y las fuerzas de seguridad colaboran en tareas de seguridad, asistencia y traslado de los vecinos que debieron abandonar sus viviendas y en la distribución de los suministros de primera necesidad a los centros de evacuados.

Para ello cuentan con vehículos de gran porte con capacidad de operar en zonas anegadas y maquinarias aéreas junto a personal de Defensa Civil de las provincias y municipios.

En los barrios de los alrededores de la capital de Corrientes el agua comenzó a descender y se están llevando a cabo tareas de limpieza en calles y zanjones, mientras que en el interior de la provincia hay zonas rurales aisladas que son asistidas por lanchas, un helicóptero de la Policía Federal y personal de Prefectura.

Más de 5.400 personas continuaban evacuadas en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Salta, de acuerdo al último reporte del SINAGIR.
Asistencia para Entre Ríos
Este miércoles llegó a Concepción del Uruguay una importante partida de asistencia para personas afectadas por las inundaciones proveniente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Según dieron cuenta desde la comuna, tres camiones provenientes del Gobierno Nacional trajeron 100 colchones, 100 botas de goma de diferentes talles, 85 rollos de nylon, frazadas y un importante aporte de agua y alimentos, entre lo que se destaca mas de 3.300 unidades de leche, 7 mil unidades de harina, cacao y conservas.

La mercadería y todos los elementos para asistencia, se recibieron en la Secretaría de Desarrollo Social, desde donde se distribuirán en los Centros de Evacuados y en las familias afectadas según las necesidades relegadas y monitoreadas por la Secretaría.
Marianela Marclay, Secretaría de Desarrollo Social junto a todo el equipo del área supervisó la llegada del envío y la descarga, previendo ya en la mañana de este jueves iniciar la distribución a los damnificados.

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