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País

Negocian plus para estatales nacionales

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El gobierno nacional ratificó ayer que impulsa dar carácter de obligatorio el pago de un bono de $5000 en dos cuotas para el sector privado, acordado con el sindicalismo y las principales cámaras empresariales.

Sin embargo, las negociaciones se complicaron luego de que las empresas reclamaron que el pago fuera tomado como un anticipo de futuros aumentos.

Sectores empresariales, como la UIA y la CAME, se resisten también a que el aumento tenga carácter obligatorio y a que se tome por igual a compañías grandes y pequeñas. Las diferencias en torno a la implementación postergaron la definición del decreto.

Por cuerda separada, y en un clima de mayor acuerdo, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, comenzó a negociar ayer un pago adicional para los estatales nacionales, que podría ser de entre $3000 y $6000.

“Pedimos que haya una ventana que permita que no sea un sacudón para las pymes que no tienen actividad ni recursos para afrontarlo”, afirmó en declaraciones radiales el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en un anticipo de la postura crítica de los industriales. Fuera de micrófono, desde ese sector se enfatizaba que “las pymes son el gran problema, no pueden afrontar esas subas y no puede ser obligatorio”.

Por la tarde, una propuesta de esa cámara para darle al bono carácter de anticipo “a cuenta de futuros aumentos” provocó el enojo de la CGT y la amenaza de volver a impulsar el paro de 36 horas que la cúpula sindical venía analizando antes del llamado al diálogo del Gobierno.

Según el diario La Nación, fuentes oficiales se sorprendieron por el enojo sindical. “En la reunión (del lunes) nadie mencionó la palabra paro”, contó uno de los asistentes al cónclave en el sindicato de Sanidad. Sólo José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) afirmó que “no le sirve a nadie” el paro, aunque un día después la negativa de las cámaras empresarias encendió la inquietud de los funcionarios. La gran apuesta de Sica y de Jorge Triaca, secretario de Trabajo, seguía siendo llegar a algún tipo de acuerdo.

Fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien blanqueó por la mañana la idea de que el bono sea “obligatorio para todo el sector privado”, pero haciendo la salvedad de casos particulares de empresas que no lo puedan afrontar.
Varias provincias, entre ellas Santa Fe y Mendoza, ya advirtieron que no podrán sumarse a la iniciativa por no contar con fondos suficientes.

Estatales
Además de la negociación con los privados, Ibarra y Andrés Rodríguez (UPCN) comenzaron a negociar un plus para los 210.000 mil estatales nacionales. Sería, según fuentes del Gobierno, de entre 3000 y 6000 pesos, y pagadero en cuotas. La mayoría de las provincias anticiparon sus dificultades para equiparar el bono.

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Economía

Se cayó sesión para tratar proyecto que atenúa el impacto de Bienes Personales

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La sesión prevista para hoy en la que iba a tratarse la reforma del impuesto a los Bienes Personales para atenuar su impacto sobre la clase media, se cayó por falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición peronista.

Se trata de una reforma para que las viviendas de uso familiar valuadas en menos de 18 millones de pesos no sean alcanzadas por el gravamen.

La decisión, que terminó de madurar al cabo de una reunión del interbloque Cambiemos en el despacho del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, fue reprogramar la sesión para el martes próximo, aunque tampoco hay garantías de que ese día la oposición le dé quórum al oficialismo.

Es que tampoco había acuerdo sobre temas relevantes como las leyes de alquileres y de Semillas.

Solamente había consenso para impulsar en el temario la reforma de Bienes Personales, que volvió del Senado en revisión a raíz de una modificación a propuesta del jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto.

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Economía

Cosecha críticas el proyecto de Ley de Semillas de Benedetti

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La modificación de la ley de semillas, impulsada por Atilio Benedetti (UCR-Cambiemos), recibió cuestionamientos por parte de la FAA y del grupo de Estudios Proyecto Económico. Además del beneficio para Monsanto, la iniciativa llevaría al Estado a aportar 13 mil millones de dólares al año.

“Fervientemente exigimos el orden público de la ley de Semillas, que termine con las prácticas contractuales avasallantes de los derechos de los agricultores”, dicen desde la Federación Agraria Argentina (FAA) sobre el proyecto de modificación de la ley de semillas que ya obtuvo dictamen de comisión de la cámara de diputados. Asimismo, agrega que “fervientemente exige el orden público de la ley de Semillas, que termine con las prácticas contractuales avasallantes de los derechos de los agricultores”.

La postura de la FAA da cuenta de las críticas que tienen los pequeños y medianos productores respecto a la iniciativa impulsada por diputado Atilio Benedetti, titular de la comisión de Agricultura de la cámara baja.

En este marco, la diputada por Unidad Ciudadana Fernanda Vallejos —economista— dio cuenta de un informe que realizó desde el grupo de estudios Proyecto Económico en el que sostuvo que la modificación que empuja Benedetti “le garantiza tres mil millones de dólares al año a Monsanto”.

Además, agregó, “transferiría 13 mil millones de pesos por año del Estado a los grandes productores”.

Entre otros perjuicios de la iniciativa, según publicó Página/12, el cambio llevaría al encarecimiento de los alimentos, ya que los productores deberían pagar a las multinacionales las semillas que usen, aún a pesar de que sean propias.

Fuente: Babel Digital

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País

Cambiemos no consiguió quórum en el Senado para tratar el desafuero de Cristina Kirchner

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El bloque de senadores de Cambiemos fracasó en su intento de sesionar para tratar el pedido de desafuero de la ex presidente Cristina Kirchner. Cerca de las 16:30, media hora después del horario de convocatoria para la sesión especial, el presidente provisional de la Cámara alta Federico Pinedo confirmó la caída de la sesión.

A pedido del oficialismo, Pinedo había convocado a una sesión especial para las 16:00 con el fin de tratar el pedido de desafuero y prisión preventiva contra la senadora del FpV. Se trata del pedido elevado a la Cámara alta por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Sin embargo, el Bloque Justicialista, que mantiene su postura de rechazo a cualquier desafuero sin que haya condena firme, no facilitó el quórum para que se lleve a cabo la sesión. Solamente los legisladores de Cambiemos bajaron al recinto, acompañados por los peronistas Carlos Reutemann y Lucila Crexell, pero no alcanzaron los 37 senadores para avanzar con la sesión.

Antes de dar por cerrada la sesión, Pinedo justificó el intento de Cambiemos y presentó sus argumentos en torno al pedido de desafuero.

Esta iniciativa de Cambiemos se dio en medio de una discusión entre el oficialismo y parte del Bloque Justicialista y el resto de la oposición sobre la conveniencia o no de convocar a una sesión ordinaria para tratar algunos proyectos pendientes (que sería la última antes del cierre del año parlamentario el 29 de noviembre).

Y es que el kirchnerismo y una porción significativa del Bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto quieren tratar en la primera oportunidad que se presente un proyecto para derogar el decreto del presidente Mauricio Macri que eliminó el Fondo Federal Solidario.

El también llamado “Fondo Sojero” era una caja de más de $50 mil millones que se coparticipaba entre todas las provincias y municipios y que en los últimos días fue el caballito de batalla sobre el que se subió un grupo de senadores para llevar adelante una rebelión interna en la bancada peronista.

Es por esa razón que la posibilidad de que el tema se trate no sólo inquieta a Cambiemos, sino que reabre una fuerte discusión interna en el bloque que encabeza Pichetto, donde hay varias fisuras internas.

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