La provincia de Buenos Aires deberá definir mañana si extiende por sexta vez el plazo de aceptación de su oferta de reestructuración de deuda por US$ 7.148 millones, una negociación que será clave para definir el futuro de los bonos que otras once provincias del país buscan renegociar, por más de US$ 6 mil millones.
Encaminado el acuerdo de deuda a nivel nacional, tanto en legislación local como extranjera, le toca el turno a las provincias de despejar su panorama de vencimientos para los próximos años, atentos a las limitaciones que dejó el coronavirus en la recaudación de las arcas provinciales.
El pasado 23 de abril, Buenos Aires propuso a sus acreedores un canje de su deuda en ley extranjera -US$ 7.148 millones, casi el 70% de la deuda bruta provincial- por nuevos bonos con un período de gracia de tres años, un recorte del 55% en intereses y del 7 % en capital, además de la extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años.
“Tenemos una deuda de US$ 7.000 millones y el 80% vence en los próximos cuatro años. Eso es impagable; entonces, la propuesta que se ha hecho es un perfil de vencimientos que nos permita comprometernos a algo que podamos pagar”, aseguró por entonces el gobernador Axel Kicillof.
Este viernes venció el quinto plazo de prórroga de la oferta a los acreedores y mañana el gobierno bonaerense deberá definir si la extiende, en las mismas condiciones, o con algún cambio.
Si bien se descarta la ampliación de un nuevo plazo de la oferta, desde el Ministerio de Hacienda bonaerense dijeron a Télam que “hasta mañana tenemos tiempo para informar”, por lo que habrá que aguardar para saber las condiciones del posible aplazamiento.
Lo que suceda con Buenos Aires marcará el camino del resto de los llamados “bonos sub-soberanos” que emitieron otras once provincias y que, algunas desde casi principio de año, dialogan con sus acreedores para cambiarlos por otros con nuevas condiciones.
Córdoba (US$ 1.930 millones), Río Negro (US$ 300 millones), Mendoza (US$ 590 millones) y Chubut (US$ 700 millones) fueron las primeras en iniciar diálogos con sus acreedores o aprobando proyectos en sus legislaturas para reestructurar parte de sus pasivos.
El viernes, Córdoba anunció el inicio de conversaciones con acreedores internacionales con el objetivo de obtener una reducción de intereses y extensión de plazos de pago de tres bonos por US$ 1.930 millones con un interés del 7,12%.
Por su parte, Mendoza dispuso la extensión hasta el 28 de agosto del plazo para adherir al proceso de reestructuración del bono PMY24, por 590 millones de dólares, vencimiento que estaba previsto para el 7 de este mes.
La propuesta -que por ahora no alcanzó el apoyo necesario para cumplir con las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) del 75%- ofrece a los tenedores un nuevo bono con repago en 2029, un año de gracia, cupón de 4% y tasa reducida hasta 2023.
Recientemente se sumaron a estos procesos Neuquén (US$ 900 millones), Chaco (US$ 250 millones), Salta (US$ 388 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Entre Ríos (US$ 500 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Jujuy (US$ 210 millones).
Neuquén presentó una propuesta, con vencimiento el 28 de agosto, para reestructurar una deuda por U$S 900 millones sin quita de capital, pero con ampliación de plazos y reducción de cupones de interés.
Sin embargo, un grupo de bonistas que asegura tener más del 25% de los bonos dijo rechazar la propuesta “unilateral” del gobierno, aunque dijo estar abierto a “un diálogo transparente en base a la buena fe”.
“En esta operación se tuvo en cuenta el alivio de la carga de los servicios de la deuda, principalmente en los próximos 2 años; la extensión de los vencimientos de capital y lograr una distribución de servicios de deuda (perfil) alineada a la sustentabilidad fiscal”, apuntó el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez.
En total, son más de US$ 13 mil millones de deuda emitida por las provincias, en buena parte, tras la reapertura de los mercados internacionales en 2016 para pagar gastos e inversiones en proyectos de energía y desarrollos locales.
Según un estudio de la consultora Elypsis, el stock de deudas de las provincias a fines de 2019 equivalía apenas al 8% de la deuda pública nacional (US$ 28.098 millones) pero al estar nominado en más de un 90% en dólares, las devaluaciones desde 2018 llevaron a la deuda total del 31% al 52% de los ingresos provinciales entre 2015 y 2019, y a la carga de intereses del 1,5% a 5,1% del gasto primario en el mismo período.