Los senadores recibirán hoy a distintas agrupaciones y organizaciones que representan a inquilinos de todo el país para escuchar sus opiniones sobre la Ley de Alquileres que está en revisión luego de que Diputados aprobara la media sanción para volver a contratos de dos años en vez de tres y ajustes semestrales y hasta cuatrimestrales en vez de los interanuales que se rigen por el Índice de Contratos de Locación (ICL).
Hay 3 millones de hogares de inquilinos, un 34% más que en 2016, según datos brindados por Federico González Rouco, economista y autor del libro Dueños o Inquilinos. Además, se agudiza el déficit habitacional. Eso también buscarán de abordar los inquilinos porque consideran vital equilibrar la demanda con un plan de viviendas que permita acceder al techo propio.
Agrupaciones de inquilinos sostienen que mientras no haya voluntad política de entender y defender a la vivienda como un derecho y no se generen herramientas de control y sanción el panorama seguirá complejo
“Desde el Movimiento Nacional Inquilino, notamos que todo se sigue reduciendo a la Ley de Alquileres, que ni siquiera se cumplió. Debemos declarar la emergencia habitacional de forma urgente y llamar a un congelamiento de precios de los alquileres de inmuebles por seis meses, como está pasando con los servicios públicos”, dijo Diego Fernández Camillo, de la Asociación Platense de Inquilinos.
Y continuó: “Los números ratifican una creciente cantidad de familias sin techo propio, que va de un 10,9% de población inquilina en el Censo de 2010, a un casi 21% en 2022. Pero más deberíamos preocuparnos cuando los propietarios se redujeron del 73% a casi el 65%. Y en los últimos 10 años se edificaron casi 580.000 inmuebles. Claramente, la construcción no es la solución”.
“Proponemos que se llame a una reunión de concertación y se conforme una Secretaría Nacional del Alquiler, con los actores del Estado que corresponden, cámaras de propietarios y organizaciones inquilinas. Le ley habla de Alquileres Sociales”, dijo.
Asimismo, distintas entidades sostienen que retornar a dos años de contratos y ajustes cada cuatro meses complicarían más la economía de quienes no tienen un techo propio.
“El proyecto que obtuvo dictamen en Diputados pone en peligro la estabilidad de quienes alquilamos (al acortar los plazos de locación, desregular los ajustes y aumentar significativamente la cantidad que pueden hacerse durante el contrato) y nos vuelve a dejar desprotegidos en una coyuntura económica tremenda”, afirmó Natalia Ranzuglia, otra referente del sector.
Maximiliano Vittar Lucero, de la Asociación de Inquilinos de Córdoba, aseguró: “reformar la ley es contraproducente. Hay contratos informales y prórrogas ilegales, corremos el riesgo de que los propietarios pidan adelantar pagos. El plazo de duración de contratos cortos podría extenderse, en el caso de los turísticos, lo cual atenta contra la oferta de unidades destinadas a locación tradicional. Hay que generar un mayor control por parte del Estado para hacer valer cualquier ordenamiento jurídico y avanzar en una correcta política pública de vivienda”.
“Hay que reconocer la crisis habitacional, que es anterior a la sanción de esta ley, y declarar la emergencia, congelar precios, suspender los desalojos y generar una mesa de diálogo donde podamos pensar en serio una salida”, concluyó Ranzuglia en diálogo con Infobae.