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País

Piden presencia de gobernadores en el Senado para discutir proyecto sobre tarifas

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El interbloque Cambiemos del Senado reclamará la presencia de gobernadores de varios distritos para discutir el proyecto para eliminar la suba de tarifas de servicios públicos, al tiempo que el justicialismo acepta prolongar el debate, pero le reclama al Poder Ejecutivo “una propuesta superadora” antes de avanzar con el debate de la ley, que ya fue aprobada en Diputados.

Las comisiones de Derechos y Garantías, Minería, Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda comenzarán a debatir la propuesta en un plenario citado para las 14 , en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

El proyecto impulsado por la oposición retrotrae las tarifas a diciembre de 2017 y establece que, en el caso de los usuarios residenciales, se puedan actualizar en base a la variación salarial.

Además, para el caso de las pymes, la actualización se definirá sobre la base del índice de precios mayoristas del Indec.

Según el oficialismo, esa propuesta le costaría al Estado nacional más de 170 mil millones de pesos, por lo que pretende frenar su sanción en la Cámara alta.

En ese sentido, el presidente Provisional del Senado, el porteño Federico Pinedo, adelantó a Télam que durante la jornada de mañana se buscará establecer un cronograma de tratamiento del proyecto que incluirá la presencia de gobernadores, así como a representantes de las distribuidoras de energía de las provincias.

Uno de los puntos centrales del despacho establecía una rebaja del 50 por ciento del IVA, pero esa cláusula se eliminó ante la resistencia de los gobernadores que no querían perder recursos de un tributo clave que es coparticipable entre Nación y provincias; lo que sirvió para retener los votos necesarios para imponer el proyecto en la Cámara baja.

Sin embargo, durante las últimas semanas gobernadores peronistas como el cordobés Juan Schiaretti y el chaqueño Domingo Peppo, entre otros, remarcaron su oposición al proyecto para aplacar las tarifas.

Mientras Schiaretti opinó que “el Senado no debe aprobar la Ley”, el chaqueño mencionó que “no es bueno que se pretenda decidir sobre atribuciones exclusivas del Ejecutivo provincial”.

“Es posible que la mirada del Senado sea diferente a la de Diputados porque no me parece que haya un gran consenso entre los representantes de las provincias para que los argentinos de allí paguen el doble o el triple que los argentinos del Conurbano”, evaluó ayer Pinedo durante una charla que mantuvo con periodistas acreditados del Senado.

Sin embargo, el jefe del interbloque Argentina Federal, el peronista rionegrino Miguel Angel Pichetto, ratificó hoy la intención de ese espacio político de avanzar con la aprobación del proyecto pero dejó abierta una puerta de negociación.

En declaraciones a Télam, el senador de la oposición coincidió con Pinedo en que el debate en comisión se iniciará mañana y continuará la semana que viene cuando la oposición busque emitir dictamen.

“Hasta ese momento el Gobierno tiene tiempo para hacer una propuesta superadora, razonable y que implique una real disminución de los aumentos ordenados”, advirtió Pichetto, para luego aclarar que “no puede haber cuotas”.

No obstante, también puso un manto de duda sobre la presencia de los gobernadores en el Senado argumentando que la única manera de que el bloque no mantenga su postura de votar el proyecto de Tarifas sea que “vengan todos los gobernadores” peronistas a decir taxativamente que están en contra del proyecto de ley.

Economía

YPF analiza iniciar un proceso de producción de biodiesel

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El presidente de YPF, Miguel Gutiérrez anunció que la compañía comenzará a producir biocombustibles. “El compromiso de la compañía está puesto en la integración de combustibles y la participación en el sector de la bioenergía, no solo como compradores sino también como productores”, declaró el empresario durante el panel de apertura de la Semana Internacional de la Bioenergía – Argentina 2018. Pidió también acelerar el proceso de descarbonización de la economía y la normalización de los combustibles en la región .

Las declaraciones de Gutiérrez son un giro de 180 grados en la relación de YPF con los biocombustibles. Hasta ahora, la mayor empresa petrolera del país se había mostrado reacia a la política de biocombustibles, pero la firme decisión de la secretaría de energía de avanzar en la libre competencia de los combustibles habría impulsado esta decisión.

Según trascendió, el Secretario de Estado de Energia, Javier Iguacel mantiene la idea de continuar con el corte de biodiesel en el 10%, aunque pretende incorporar mezclas voluntarias de mayor porcentaje.

Hasta el 10%, se continuaría con el mismo mecanismo de fijación de precios y cupos que rige en la legislación actual. Pero para mezclas mayores, el precio del biocombustible por encima de este porcentaje sería acordado libremente por las partes. En el caso del gasoil grado 2 (90% del mercado), hasta un corte del 20% no sería necesario indicar en el surtidor el contenido de biodiesel, pudiendo permitirse mezclas mayores, pero el surtidor deberá contar con una leyenda que indique claramente el contenido del biocombustible. En el caso del gasoil grado 3 (premiun) la leyenda deberá existir por encima del corte de 10%.

En el caso de las naftas, el mecanismo sería similar. Seguirá igual la oferta de nafta con un corte mínimo de bioetanol de 12%, y se agregaría el combustible “flex fuel”, el cual tendrá una mezcla entre el 19% y 27% del biocombustible. Se sumaría también otra opción “full flex fuel” cuyo contenido de alcohol estaría entre el 85% y el 100%, es decir, bioetanol puro.

Sin embargo, estaría en la cabeza del secretario gravar la porción de biocombustible sobre el mínimo obligatorio. Pretendería aplicar el impuesto a los combustibles líquidos que rige hoy tanto para el gasoil, como para el bioetanol.

Los biocombustibles, por ser renovables y tener un balance de emisiones positivos están taxativamente excluidos de este tributo en la legislación vigente. Para que esta medida pueda aplicarse debería modificarse la Ley, por lo que debe contar con la aprobación del congreso.

Gravar una porción de los biocombustibles al igual que sus respectivos fósiles podría generar un peligroso antecedente. En la Argentina, una vez que se impone un nuevo impuesto, es muy fácil que se propague.

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Economía

El oficialismo cerca de cerrar el presupuesto 2019

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Cambiemos dio un paso más en su objetivo de lograr la media sanción del Presupuesto 2018 en la Cámara de Diputados antes de noviembre y su aprobación final en el Senado antes de que comience el G20. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, encabezaron una reunión con diputados del bloque Argentina Federal -que representa a los gobernadores no kirchneristas- y sus respectivos ministros de Economía para delinear los últimos detalles de la adenda al Consenso Fiscal.

El resultado fue que se avanzará “paso a paso”, aunque con buena predisposición. El primer eslabón es dictaminar sobre la adenda y una vez obtenido esto se hará lo propio con el Presupuesto. Si bien no se habló de fechas, la meta es que el jueves 18 salga el acuerdo fiscal y el martes 22 la “ley de leyes”, para luego realizar una sesión el 24 o a lo sumo el 31 para que se aprueben ambas iniciativas juntas. Esto igual está por verse, porque los legisladores de Argentina Federal quieren ir con cautela antes de dar el visto bueno.

Del encuentro participaron, además de Frigerio y Monzó, Mario Negri, Nicolás Massot, Luciano Laspina, Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, y Emilio Basavilbaso, titular de la Anses. Por el lado de la oposición, estuvieron Pablo Kosiner por Salta, Martín Llaryora por Córdoba, Walberto Allende por San Juan, Sergio Ziliotto por La Pampa, Juan José Bahillo por Entre Ríos, Elda Pertile por Chaco, Jorge Franco por Misiones y Danilo Flores por La Rioja. También estuvieron Rodrigo Pena, secretario de Hacienda, y los funcionarios de Interior Alejandro Caldarelli y Sebastián Garcia De Luca.

La presencia de Finocchiaro y Basavilbaso se debió a que los representantes de las provincias dejaron inquietudes para cuando se discuta el Presupuesto. Por el lado de educación, apuntaron contra el financiamiento de las universidades por transferencias que según los gobernadores no se cumplieron este año y necesitan una compensación en 2019. Con la Anses, le plantearon ciertas transferencias que el ente realiza a las provincias para no desfinanciarlas. Ambos se comprometieron a evaluarlas.

Los tres ejes centrales fueron la adenda fiscal, el impuesto a los Bienes Personales y el ajuste por inflación de las transferencias de la Nación a las provincias. Si bien no hubo mayores definiciones sobre lo qué pasará con la parte impositiva, desde el Gobierno explicaron que lo más probable es que prospere la propuesta de gravar los bienes en el exterior, incluyendo a los que entraron al blanqueo de 2017.

Miguel Ángel Pichetto se había opuesto a esto, pero la mayoría de las provincias está de acuerdo. Para esto, habría que suspender una cláusula del Consenso Fiscal 2017 que establecía que no se iban a “crear nuevos impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuota del impuesto sobre los bienes personales”.

Otro punto caliente de la reunión, que acaparó casi la primera hora, fue qué sucederá con las ciudades grandes del interior que tienen transporte urbano. Sucede que con el nuevo Presupuesto la Nación deja de subsidiar a las empresas el boleto de los colectivos y le da ese dinero directamente a las provincias para que negocien.

Pero hay casos como Córdoba, en donde en la capital el intendente Mestre debería aumentar el boleto a 36-38 pesos sin el subsidio. La provincia usa el dinero de la Nación para subvencionar el boleto entre ciudades y así afecta a los grandes municipios -como la capital- que tienen su propio servicio de colectivo. Será un tema para seguir discutiendo porque no se despejó al duda de quién va a poner ese dinero.

Sucede que, a fin de cuentas, el objetivo de la adenda es que, a raíz de un paquete de medidas impositivas, se compense a las provincias por el ajuste de cerca de 100 mil millones de pesos que deberán hacer.

En la Casa Rosada están convencidos que la ley es “verosímil” y afirman que todas las provincias “están compensadas” respecto del ajuste que tienen que hacer. Las únicas que salen perdiendo son la provincia y la ciudad de Buenos Aires, esta última en casi 900 millones de pesos.

El recorte estimado es en los ingresos pasar de un déficit de 1,3% a 0% y en los gastos bajar de 2,7% a 1,3%. Para el Ejecutivo, esto lo “pagan” los exportadores de servicios, los industriales, las personas con bienes en el extranjero y los bancos con el impuesto a los sellos y cheques, en donde se hace una postergación de la baja.

Con respecto a los municipios, que pierden el 30% del Fondo Sojero, que se anuló por decreto, dicen en el oficialismo que compensan con el IVA, Ganancias, sellos y cheques, que ninguno coparticipa.

Hay optimismo en Cambiemos para avanzar favorablemente con la ley. Una vez que pase Diputados, en el Senado no esperan negociaciones tan arduas porque ya están trabajando “en tándem” desde que se presentó la norma. Además, consideran que las conversaciones son más lineales con las provincias y saben que cuentan con el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, lo cual acelera las gestiones con los bloques peronistas.

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Economía

El proyecto de ley de alquileres obtuvo dictamen en Diputados

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En texto presentado por el Ejecutivo introdujo algunos cambios a la iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado y que había sido impulsada por el Frente para la Victoria y por Inquilinos Agrupados en 2016.

En esta jornada, el FpV, el Bloque Justicialista y Felipe Solá acompañaron el dictamen aunque con disidencias, entre varios puntos, piden que se mantenga la actualización anual del valor del alquiler, como estipula el proyecto original de la senadora kirchnerista Silvina García Larraburu.

En tanto, Carla Pitiot del Frente Renovador y Juan Brugge (Argentina Federal) presentaron una alternativa para que los inquilinos no puedan imponer a los propietarios las garantías del alquiler.

De aquí a la llegada de la iniciativa al recinto se seguirá trabajando el texto para aunar las disidencias de los Diputados.

Entre los principales puntos del nuevo proyecto las comisiones quedarán a cargo del dueño, los aumentos se regularán segpun la inflación y los salarios y los contratos se renovarán cada tres años de plazo.

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