El presidente, Mauricio Macri, decidió que el Estado tome el control de las rutas de los corredores 3, 4, 6, 8 y parte del 2, que pasan a manos de la empresa Corredores Viales SA, que maneja el Ministerio de Transporte y Vialidad Nacional.
De esta manera y tras dos años de vencidos los contratos de concesión y con las empresas cobrando el peaje sin hacer las inversiones necesarias, el estado nacional asume la reparación subvencionado a las empresas y asumiendo las cargas patronales que las mismas debían afrontar.
Otra deuda que asume el ejecutivo, esta vez, asumiendo lo que las empresas debieron hacer y dejandoles dos años de peajes en sus arcas.
El decreto señala: “Otórgase la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y prestación de servicios al usuario, en el marco del régimen establecido en la Ley N° 17.520, sus modificatorias y reglamentarias, de los Corredores Viales Nacionales (3, 4, 6, 8 y parte del 2), a la empresa Corredores Viales SA”, se informa en el Boletín Oficial.
Según se determina en el texto oficial, el plazo de concesión será fijado “en cinco años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, con posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos”.
Además, la empresa Corredores Viales mantendrá todos los puestos de trabajo de las concesionarios, cuyos contratos originales estaban vencidos desde hace dos años.
La empresa Corredores Viales SA, que administra en un 51% el Ministerio de Transporte y un 49% a Vialidad Nacional, tendrá por ingresos “las tarifas que se aplicarán a los usuarios (peaje), los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y de explotaciones complementarias, y las subvenciones, subsidios y/o transferencias de aportes del Estado”.
Además, el Estado se impone, según se detalla en el Boletín Oficial, a contener un plan de “obras a ejecutar y los parámetros técnicos exigidos para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación, y la prestación de servicios al usuario”.
Los cinco corredores viales que manejará el Estado equivalen a más de tres mil kilómetros de rutas, que corresponden a los tramos de las rutas nacionales 9 y 34, la 188 , la 19, la 12, la 16, la 8 y la 36.
Las empresas que ya no tienen las mencionadas concesiones, según se detalla en el Boletín Oficial, son Corredor de Integración Pampeana S.A. (Esuco, Decavial), Autovía Buenos Aires, los Andes S.A. (Rovella, Cartellone), Carreteras Centrales de Argentina S. A. (Losi, Pietroboni), Caminos del Paraná S. A. (Helport, JCR) y Corredor Central S.A. (Supercemento, Luciano, Petersen).
Los 3.374 kilómetros que ahora se estatizan son los siguientes cinco corredores viales:
-Corredor vial 2: Ruta 188, en Buenos Aires, entre las ciudades de Pergamino y General Villegas. Son 290 kilómetros, que estaban a cargo del operador Corredor de Integración Pampeana, integrado por las empresas Esuco y Decavial. Tenía 69 empleados.
-Corredor vial 3: Son 798 kilómetros, en partes de las rutas 9 y 34, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Estaba concesionada a la Autovía Buenos Aires a los Andes, operador integrado por Rovella Carranza y José Cartellone Construcciones. Tenía 180 empleados.
-Corredor vial 4: son 664 kilómetros, que forman parte de las rutas 19 y 34, en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Lo operaba Carreteras Centrales de Argentina, integrado por las empresas Lemiro Pablo Pietroboni y Luis Losi. Tenía 179 empleados.
-Corredor vial 6: Son 934 kilómetros, de las rutas nacionales 12 y 16, en las provincias de Corrientes, Chaco y Misiones. Era operada por Caminos del Paraná, empresa de la Corporación América, Rutas del Litoral y Néstor Julio Guerechet. Tenía 266 empleados.
-Corredor vial 8: Son 688 kilómetros, de las rutas 8, 36 y A-005, entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. Lo operaba Corredor Central SA, integrado por las empresas Supercemento, Petersen, Luciano, Thiele y Cruz y Polan. Tenía 284 empleados.
Los 978 empleados de esos cinco corredores viales pasan a la empresa estatal Corredores Viales, manteniendo cargo, sueldo y antigüedad.
En todos los casos, las deficiencias son notorias por lo que asumir su costo significará un fuerte desembolso del estado ya que las empresas no relizaron las inversiones al no estar obligadas por contrato.