Policías santafesinos plantearon una serie de demandas laborales para el sector

Con entrega de petitorios en esta ciudad y un par de protestas en Rosario, determinados sectores de la policía santafesina – algunos, autoconvocados; otros identificados en Utrapol – plantearon una serie de demandas laborales para el sector. Fue en el marco de un contexto nacional de reclamos y movilización de los uniformados que, particularmente en provincia de Buenos Aires, generaron una situación de tensión a partir de concentraciones en diferentes puntos del conurbano. Frente a ello, el gobernador Axel Kicillof prometió un aumento del orden del 30%, entre otras mejoras, aunque los efectivos reclaman un incremento del 56. En el mismo sentido, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, habló de “un aumento importante”, cuyas precisiones serán dadas a conocer “entre jueves y viernes”.

En Santa Fe

En el caso de la provincia de Santa Fe, el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, hizo saber a comienzos de semana que la misma mejora ofrecida por el gobierno a los gremios de la administración central, será trasladada al personal policial. “El acuerdo de recomposición salarial alcanzado con los gremios estatales UPCN y ATE será también aplicado a los integrantes de la Policía de la provincia de Santa Fe”, había escrito el funcionario.

Como se sabe, dicho acuerdo tiene tres tramos e implica el pago de un bono no remunerativo de entre 4000 y 8.500 pesos, según la categoría salarial, que comenzará con los salarios de agosto y se extenderá hasta noviembre inclusive. Para los meses de agosto y septiembre, consiste en una suma fija de 4000 pesos para las categorías 1, 2 y 3; de 5300 pesos para las categorías 4, 5 y 6; y de 6500 pesos para las categorías 7, 8 y 9. En octubre, el bono será de 4500 pesos para las categorías 1, 2 y 3; de 6100 pesos para las categorías 4, 5 y 6; y de 7500 pesos para las categorías 7, 8 y 9.

Según pudo saber El Litoral, además de las sumas mencionadas, la cartera de Seguridad ya había comenzado a instrumentar la semana pasada una secuencia de mejora salarial en las fuerzas, a partir del pago de adicionales a los efectivos de la Policía de Acción Táctica y de Seguridad Rural. Esas mejoras están esencialmente orientadas al personal operativo, de calle. A partir de la situación de Buenos Aires y de los incrementos que estarían a punto de anunciarse, Santa Fe inició una negociación con la Nación para que también haga su aporte. Según pudo saber este diario, el propio gobernador Omar Perotti conversó con el presidente Alberto Fernández la posibilidad de que el gobierno central asista con recursos a Santa Fe y ello permita extender dicho plus no remunerativo al resto de los integrantes “operativos” de la fuerza. En ese universo se incluiría a unos 11550 efectivos, además de los de PAT y Seguridad Rural que ya comenzaron a cobrar la mejora inicial. En total, el beneficio llegaría a más de 16 mil uniformados, siempre con la condición de que estén en acciones operacionales. Esa negociación se lleva adelante, ahora, con el Ministerio del Interior.

Las demandas

El petitorio que se entregó en esta ciudad a las autoridades provinciales de parte de Utrapol plantea una “urgente restauración de la Mesa de Higiene y Seguridad, con la participación de trabajadores policiales elegidos por sus pares democráticamente tal como fue instaurada en 2013”. También, “frenar la presentación de la ley de reforma policial, hasta tanto no se dialogue con los trabajadores policiales”. Por otra parte, pidieron una recomposición salarial “que tenga como piso el sueldo de 60 mil pesos para un suboficial recién ingresado y en blanco el 100 %”; el pago de retroactivos atrasados del año 2018 y ascensos 2019.

Pidieron, además, “una asignación especial para trabajadores de las comisarías, que han sido ignorados en suplementos especiales”. Por último, y “atentos a que hoy tenemos un gobierno provincial que está en sintonía con la Nación”, reclamaron gestiones “para que se propenda a la sindicalización de la policía; y de esta manera resolver un problema histórico de cercenamiento de derechos laborales de los trabajadores de la seguridad”.