El texto promulgado por el Gobernador fue aprobado por unanimidad tanto en Diputados como en Senadores durante su tratamiento, concretado en el mes de agosto luego de varias modificaciones propuestas por la oposición al texto original que había enviado el Ejecutivo.
La norma crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal una Fiscalía especializada en delitos contra la administración pública que contará con amplio margen de acción. La intención del Gobierno es que el Consejo de la Magistratura ponga en marcha a la brevedad el concurso para cubrir el cargo principal y los de los adjuntos, así como también el proceso para seleccionar a quienes se desempeñarán como peritos, y que estos cargos estén cubiertos antes de fin de año.