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miércoles, junio 29, 2022
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Proponen alternativa al esquema de subsidios energéticos

Los subsidios energéticos no solo se achican subiendo el piso (o sea subiendo las tarifas, como es la monopropuesta de muchos consultores) también se achican bajando el techo.

O sea: 1) transparentando los sobreprecios de los costos energéticos de las empresas, y bajándolos a valores razonables mucho más baratos y más fáciles de subsidiar por el Estado. 2) en estas circunstancias macroeconómicas, salir del esquema marginalista de fijación de precios de la energía mientras dure la crisis, y hasta el momento que se pueda evitar la manipulación de los mercados locales de energía por las grandes empresas Escuchamos frecuentemente la necesidad de que “debe pagarse lo que cuesta la energía”.

Y rara vez escuchamos a los expertos poner en discusión “lo que cuesta la energía” Si bien el diagnóstico de los consultores de la necesidad de bajar el enorme nivel de subsidios es correcto desde el punto de vista teórico y de largo plazo, ellos no introducen en ese diagnóstico la posibilidad (o necesidad) de revisar, y de no validar automáticamente los costos que informan las empresas como los necesarios de ser pagados.

También aceptan pasivamente el concepto de subsidio como el dinero que se le tiene que pagar a las empresas a través del Estado, para completar el costo energético “que dicen las empresas que tienen” siendo una definición unilateral, que seguramente es mayor al costo real, o al que correspondería subsidiar.

Dos caminos son urgentes y necesarios en ese sentido: a) Respecto del transporte y distribución, pasa a ser urgente el llamado a una nueva RTI (Revisión Tarifaria Integral) hecha en forma limpia y transparente para determinar el nivel adecuado y razonable de las tarifas. Las RTI 2016/2017 se realizaron con procesos irregulares y validaron cuadros tarifarios apócrifos con enormes sobreprecios.

Las auditorias que llevaron a cabo los entes reguladores y la realizada por la PBA, develaron esta realidad. El estado debe velar por que las empresas no carguen, además de sobreprecios en las tarifas, sus ineficiencias organizativas, estructuras de management sobre dimensionadas, o gastos que ocultan ganancias.

b) Respecto del costo puro de la energía, tanto para el gas como para la generación eléctrica, remunerar la energía durante la emergencia bajo el esquema “ad cost” o “cost plus”, costo estandarizado (con estándares homologados para evitar cargas en los costos indebidas como las mencionadas en el párrafo anterior) real más una razonable tasa de rentabilidad, suspendiendo el esquema marginalista durante la emergencia.

Un síntoma del disfuncionamiento del sistema marginalista (p.ej. la remuneración de la mayoría de generación eléctrica con el precio más caro, generando una brecha enorme entre los costos reales de la mayoría del sistema generador y el precio trasladado al usuario) es la entrada masiva del empresariado la generación eléctrica (esto se viene verificando tanto durante el gobierno anterior como en este).

La discusión sobre el congelamiento tarifario es inútil ya que NO sabemos cuál era el nivel correcto de las tarifas que se congelaron en abril de 2019.

Lo que sí sabemos es que, a esa fecha, y desde el 2017, arrastraban un enorme sobreprecio, que explica que en medio de la pronunciada caída del consumo de energía y de sus ventas, los balances de las empresas explotaron de ganancias. Por lo cual, aun suponiendo que la erosión inflacionaria haya eliminado todo o parte de la fracción que es cancelada por los usuarios a través de la factura del servicio, el ajuste tarifario debe surgir de la búsqueda de la genuinidad y razonabilidad que solo ofrecería un estudio integral de los costos, para apegarlos a costos racionales y eficientes, y de una remuneración adecuada de los servicios energéticos: es decir una nueva RTI.

Este proceso, que eliminaría injustos sobreprecios, nos daría como resultado la agradable sorpresa de que la sensible baja de los valores a subsidiar permitirían al Estado un enorme ahorro de recursos fiscales, y fijaría hacia abajo el costo de la energía, un insumo fundamental para el desarrollo y para una más rápida salida de la pandemia y sus consecuencias.

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