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Paraná

Proyectan suspender trámites nuevos de habilitación de supermercados

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En el plenario que la legislatura de la capital entrerriana celebró hoy, el edil Carlos González (Cambiemos) presentó un proyecto de ordenanza “in voce”, por el que se suspende hasta el 31 de enero de 2019 la iniciación de trámites nuevos de habilitación comercial para rubros de supermercados, autoservicios, despensas y afines.

La iniciativa dispone también la suspensión, hasta la fecha precedentemente consignada, de los trámites en curso, salvo -aclara- los que se encuentren a despacho ante la autoridad de aplicación en estado de dictar resolución favorable a la fecha de promulgación de la presente norma.

Prevé asimismo la creación de una Comisión Especial conformada por un concejal de cada bloque legislativo, tres representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y representantes del Centro Comercial, Centro de Almaceneros y de otras entidades que se designen en el decreto reglamentario, con el fin de elaborar un proyecto de ordenanza que defina los lineamientos de instalación, regulación territorial y cualidades y requisitos exigidos para la radicación y habilitación comercial en el rubro.

La propuesta legislativa, con sus antecedentes y fundamentos, deberá ser elevada al Departamento Ejecutivo Municipal hasta el 31 de diciembre del año en curso.

Al fundamentar la medida, González señaló que “a nivel local, la institución que nuclea a la actividad de almaceneros y propietarios de despensas y otros comercios minoristas, han manifestado su preocupación por la instalación de locales que operan bajo firmas comerciales nacionales y extranjeras, que van ejerciendo una fuerte competencia territorial a través de la proliferación de pequeñas o medianas sucursales, que saturan la oferta comercial”.

Subrayó que ello “afecta la posibilidad de subsistencia de comercios de esta ciudad, tanto por la creciente presencia en cantidad de locales como por los precios de venta de los productos que corresponden a los grandes supermercados e hipermercados, que en muchos casos atentan contra el sostenimiento del comerciante paranaense”.

El legislador precisó que “el estado municipal comparte esta preocupación, dado que pone en serio riesgo la actividad comercial local que vienen ejerciendo vecinos en distintos barrios de la ciudad, a quienes les resulta cada vez más dificultoso competir y subsistir”.

“La cuestión que se plantea en los difíciles momentos económicos que nos toca afrontar, exige un estudio serio y profundo para dar respuesta a la problemática, tratando de conciliar los intereses en juego, abriendo un debate amplio y representativo de los sectores privados involucrados y del propio estado como regulador y ejecutor del poder de policía y de contralor”, sostuvo.

Debate sobre la situación de los terrenos lindantes al acceso a la “Toma Vieja”

El cuerpo legislativo decidió el envío a Comisión para su estudio de dos proyectos, presentados por la edila Cristina Sosa (FpV), promoviendo la presentación ante la justicia de un pedido de Amparo Ambiental del monte y paisaje natural existente en el sector de barrancas comprendido entre la torre de alta tensión hasta el ingreso al Complejo Turístico “Toma Vieja” y la urgentísima tramitación de expropiación de dichos terrenos, emplazados sobre avenida Blas Parera al 4328, propiedad del señor Nélson Laffaucci.

En la exposición de motivos, la legisladora opositora expresó que “la expropiación de esos terrenos se plasmó a través de la ley provincial Nº 10.288, sancionada por la legislatura entrerriana el 11 de diciembre de 2014, luego que una ordenanza (Nº 9191/13), impulsada por la exintendenta, Blanca Osuna, autorizó al Departamento Ejecutivo Municipal a la adquisición de ese predio con destino al proyecto de Recuperación del Borde Costero de la ciudad de Paraná”.

“Es decir que su administración se planteó y llevó adelante todo el proceso legal exigido para la recuperación del referido inmueble”, añadió. “La medida se fundamentó en la necesidad de recuperar ese lugar de indudable atracción turística para beneficio de todos los paranaenses”, explicó.

Sosa advirtió que “culminado ese proceso legal terminó la gestión municipal 2011 – 2015, habiéndose previsto en el Presupuesto los recursos necesarios para efectivizar el pago de la expropiación”, y manifestó desconocer si en la actual gestión del intendente Sergio Varisco “hubo acuerdo con el dueño de la propiedad, y se cerró el proceso de la expropiación”.

Al respecto, reflexionó: “Indudablemente algo ha pasado, o no se llegó a un acuerdo, o no se ha pagado lo que se debía por parte del estado municipal”, para acotar a renglón seguido: “No tenemos información fehaciente de cómo culminó el proceso, que evidentemente no terminó, porque Laffaucci aparece nuevamente como el propietario de esos terrenos, avasallando un derecho con un vallado”.

“Conclusión, no se puede ingresar a la zona, está cortado su acceso y se involucra, además, en una cuestión primordial que tiene que ver con el derecho ambiental y la protección del monte nativo”, puntualizó.

Postura de la viceintendenta Etienot

Al emitir su opinión durante el debate, desde la Presidencia, la viceintendenta Josefina Etienot precisó que “ya está ordenado y dispuesto por el Concejo Deliberante (a través de la ordenanza Nº 9191, del año 2013) la autorización al intendente para la compra de los referidos inmuebles”.

“El interés de esta Presidencia es que no haya más demoras que impidan el abordaje de esta situación”, explicó.

Más adelante en su alocución, la presidenta del Concejo capitalino remarcó: “Este tema es un claro ejemplo de la división de poderes, ya que ahora es el intendente quien debe resolver esta cuestión”.

En este marco, Etienot pidió que el proyecto sea tratado durante la sesión: “Se puede resolver hoy, antes de que se amure y luego tengamos que pagar todo lo que se está construyendo”.

“Los paranaenses tenemos derecho a saber si vamos a poder acceder o no a ese lugar”, concluyó la viceintendenta de la capital entrerriana.

Opinión de la concejala Llanes

Al tomar el uso de la palabra para referirse al tema en cuestión, la presidenta de la bancada de “Cambiemos”, Karina Llanes, manifestó: “Con el bloque estamos de acuerdo que hagamos un estudio en profundidad en Comisión”.

“Así como hubo dificultades en la gestión (municipal) pasada, e inclusive en la actual, un informe de Fiscalía de la administración anterior llamaba a realizar diferentes acciones por el precio, ya que todos sabemos que la expropiación no es una cuestión gratuita y que por tal concepto se debe abonar una indemnización”, agregó.

Llanes referenció que “el valor de estos terrenos ascendía a una suma muy elevada, en torno de la cual no se llegó a un acuerdo con el propietario por parte del estado municipal”.

Acto seguido, propuso la remisión a Comisión de las iniciativas ingresadas, “para ver si se puede en esta gestión encontrar una solución al problema económico (de la expropiación), en virtud que todos sabemos que actualmente no estamos en una situación muy positiva que digamos”, advirtiendo que “esto necesita un estudio en profundidad, con el propósito de ver la viabilidad de encontrar una solución, ya que esta fue una cuestión que en gran parte correspondió a la gestión pasada”.

Finalmente ratificó el compromiso de su bloque en relación a esta temática: “Aguardo que en Comisión se trate con la seriedad que amerita, para que no se vuelvan a repetir los errores anteriores”.

Posición del concejal Ríos

El legislador Juan Enrique Ríos (FpV) recordó que la ordenanza 9191, promulgada el 7 de enero de 2014, fue muy clara al fijar en su artículo 1º la autorización al Departamento Ejecutivo Municipal, una vez dictada la ley provincial, para que proceda a la adquisición del referido inmueble, manifestando su sorpresa por las afirmaciones vertidas por Llanes “cuando habla de cuestiones económicas”.

Al respecto, le recordó: “También asistimos a la compra de aquel inmueble de la exfábrica de Cemento Portland (durante la presente administración), que fue pagada en doláres (por el valor de 1 millón 250 mil de la divisa estadounidense) y cuando uno se pone a pensar en el orden de prioridades sobre lo que tiene que ver en beneficio para la comunidad o la preservación del medio ambiente y del monte nativo, y de un balcón de la naturaleza como lo es la zona de barrancas en el acceso a la “Toma Vieja”, es una cuestión que amerita una sincera y profunda discusión sobre los proyectos estratégicos del municipio sobre los espacios públicos”.

“La adquisición de este inmueble de ninguna manera hubiera desfinanciado la situación económica municipal”, consideró Ríos.

Zuiani y el encuadre jurídico

La edila María Marta Zuiani, al dar un encuadre jurídico a la situación del proceso de expropiación, manifestó que “el plazo (para ejecutar la misma, tomando como referencia la fecha de sanción de la ley 10.288 del año 2014) está vencido y el expediente archivado”, en razón de lo cual “el propietario de los citados terrenos tiene derecho a la reversión”, es decir que el derecho de propiedad vuelve a su dueño primitivo.

Nueva regulación para el servicio de contenedores en Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná sancionó este jueves una modificación a la ordenanza Nº 8786, promovida por el legislador Luis Díaz (Una –Frente Renovador), que regula el uso y servicio de contenedores para depósitos de escombros y materiales de construcción.

La norma determina que el mismo solo podrá ser prestado con recipientes que reúnan las siguientes características:

-Las medidas exteriores no podrán exceder como máximo un largo de 3,30 metros; ancho 1,80 metros y alto 1,10 metros.

-La carga útil será de un peso máximo de 6 toneladas y un volumen máximo de 5 metros cúbicos.

-Los lados del contenedor deberán poseer elementos de seguridad pintados en la parte superior, franjas en posición oblicua a una distancia de 0,10 metros de la parte superior.

Las franjas se pintarán en color rojo y blanco alternadamente y tendrán 0,10 metros de ancho por 0,20 metro de alto con una separación entre sí de 0,10 metros, con lámina o esmalte reflectivo.

En la parte central de ambos frentes se pintará un triángulo rectángulo de color rojo reflectivo de 0,80 metros de lado y 0,10 metros de bastón.

En el exterior del contenedor no se permitirá la fijación de publicidades ya sea con pintura, carteles adheridos, banderas, etc.

-Como medios de identificación los recipientes deberán tener el nombre, teléfono del prestador y numeración en forma consecutiva, para lo cual cada prestador deberá predeterminar la cantidad de contenedores en condiciones de uso y número de inscripción en el registro respectivo.

La colocación del contenedor en la vía pública deberá contar con la pertinente autorización de la Dirección de Tránsito, que determinará lugar de colocación, tiempo de duración y el horario respectivo.

En la vía pública se debe utilizar el mínimo tiempo y menor espacio posible; cuidar la seguridad de peatones y vehículos; la limpieza del sector; colocar señales adecuadas cuando sea aconsejable y en la calzada el contenedor se debe colocar tomando como base la mayor longitud, paralelo al cordón de la vereda, con una separación de 20 y 20 centímetros del mismo, para permitir la limpieza y escurrimiento del agua.

En lugares habilitados para el estacionamiento de vehículos, como excepción se podrá utilizar su colocación con los debidos resguardos de seguridad, y en cuanto a la acera solo se permitirá su colocación como caso de excepción debidamente justificado y autorizado.

Para obras en construcción el contenedor se emplazará dentro del inmueble y en cuanto a su colocación y retiro de la vía pública deberá realizarse, en principio, dentro de los horarios de carga y descarga de mercaderías en general.

En la zona comprendida entre avenida Ramírez, boulevard Racedo, Ituzaingó, Courreges, Tucumán, Mitre y boulevard Moreno, la colocación o retiro de volquetes de la vía pública deberá realizarse en el horario de 14 a 17.

En vísperas de fines de semana y feriados turísticos quedará prohibida la colocación de contenedores en la vía pública en el sector delimitado por las arterias precedentemente mencionadas.

Los vehículos deberán transportar su carga cubiertas con lonas u elementos similares que aseguren la no dispersión del material transportados.

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El HCD no pudo sesionar por falta de quorum

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La continuidad de la 17º sesión del Concejo Deliberante de Paraná, que comenzó el pasado jueves en la sede del Sindicato de Dragado y Balizamiento, en el marco del programa “El Concejo en tu Barrio”, y que debía reanudarse hoy a partir de las 9.30, no pudo realizarse por falta de quorum.

Luego de esperar por un lapso de 45 minutos la llegada de los concejales necesarios para iniciar la sesión, a las diez y quince se comunicó desde la Presidencia del HCD que “habiendo falta de quorum”, ya que tan solo se encontraban presentes los cinco concejales del bloque del “Frente para la Victoria” y el concejal Santiago Gaitán (Paraná de Pie), se convocaba “a la reanudación de la sesión para el próximo lunes 26 de noviembre a las 9.30 en el recinto de sesiones”.

Los seis concejales presentes en el recinto de sesiones fueron: Juan Enrique Ríos, Stefanía Cora, Sergio Cáceres, Cristina Sosa y Sebastián Bértoli (Frente para la Victoria); y Santiago Gaitán (Paraná de Pie).

Estuvieron ausentes los concejales Karina Llanes, Emanuel Gainza, María Marta Zuiani, Carlos González, Claudia Acevedo y Pablo Hernández (Cambiemos); Luis Díaz y Silvina Fadel (UNA – Frente Renovador) y Elsa Salazar (Paraná de Pie).

Luego de dar por levantada la sesión, se leyó por Secretaria una nota dirigida a la Presidencia del HCD, ingresada a las 10.15 por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante, firmada por los presidentes de bloque Karina Llanes (Cambiemos) y Luis Díaz (Frente Renovador), donde explicaron los motivos de la ausencia de los ediles de sus respectivos bloques.

“Dado que la sesión del día de la fecha se produce por un cuarto intermedio de la efectuada el pasado jueves 15 de noviembre y teniendo en cuenta que varios legisladores de los Bloques Cambiemos y UNA se encuentran vinculados a actividades pre-acordadas relacionadas al accionar legislativo y otros a cuestiones personales para concurrir a la sesión del día de hoy; en nuestra calidad de Presidentes de ambos bloques le comunicamos la imposibilidad de asistir al recinto”, argumentaron a través del escrito, que fue leído en el recinto por el secretario parlamentario Rodrigo Devinar.

En este marco, Etienot sostuvo ante los ediles presentes que “es imprescindible terminar con esta sesión, para poder realizar la que ya está convocada para este mes en el Parque Industrial de Paraná”, en el marco del programa “El Concejo en tu Barrio”.

Reglamento Interno del HCD

Luego de leer dicha nota, el secretario parlamentario leyó los artículos 15º y 16º del Reglamento Interno del Concejo Deliberante, donde se hace referencia a este tipo de circunstancias.

El primero de ellos sostiene: “Toda vez que por falta de Quórum no se pudiere celebrar sesión, la Secretaría del Concejo publicará en un lugar visible de sus dependencias y en la Antesala del Recinto, los nombres de los asistentes y de los inasistentes, expresando si la ausencia de éstos ha sido con aviso o no. Sin perjuicio de ello, es obligación de los concejales concurrentes esperar hasta media hora de la fijada para la sesión”.

Mientras que en el artículo 16º se agrega: “Conforme a lo establecido en el art. 89 de la Ley Nº 10.027, podrán reunirse en minoría al solo efecto de acordar medidas tendientes a obtener la presencia de los remisos o compeler a los inasistentes por medio del uso de la fuerza pública en el domicilio donde se encuentren o puedan encontrarse, a cuyo efecto podrán solicitar los medios necesarios para ello, sin perjuicio de los que directamente puedan adoptarse y aplicar penas de multa económica”.

Homenaje a los submarinistas del “ARA San Juan”

“No tengo posibilidades de poner a media asta la bandera nacional, en el marco del hallazgo del ARA San Juan, para poder cumplir con el protocolo nacional y honrar la desaparición de 44 submarinistas nuestros, ya que no puedo dar inicio a la sesión”, manifestó la presidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot.

En este contexto, y aclarando que la sesión estaba siendo transmitida en vivo por internet, Etienot convocó a realizar un minuto de silencio y a izar la bandera a media asta, “por una cuestión formal y de lealtad -explicó-, en el Día de la Soberanía”, a los dos presidentes de bloque presentes, David Cáceres (FpV) y Santiago Gaitán (Paraná de Pie).

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Al bono “no lo podemos bancar las pymes”, afirmó Gabás

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El sector de las pequeñas y medianas empresas manifestó sus quejas por el bono de 5.000 pesos que el gobierno nacional pretende que los privados paguen obligatoriamente a sus empleados. Si bien coinciden con la necesidad de que ingrese un plus de dinero a los bolsillos de los asalariados, dan cuenta de la imposibilidad de muchas empresas pequeñas de efectivizar el pago de un bono.

“Las pymes del comercio y de la industria están atravesando por una situación muy difícil. Todos los días desaparecen pymes y comercios, las empresas cada vez se están endeudando más y las que no se están endeudando están dejando de pagar las obligaciones tributarias y los aportes jubilatorios y, además, están abonando los salarios con demora o en cuotas porque el mercado interno está paralizado”, sostuvo Gabás al brindar un panorama de la situación por la que atraviesa el sector.

En declaraciones realizadas a APF reconoció de todos modos que “sí podrán pagar el bono aquellas empresas que fueron más beneficiadas por el modelo, como por ejemplo las empresas de comunicaciones, las agrícolas ganaderas, los bancos” pero comparó que “a las pymes, que venimos padeciendo un achicamiento sistemático debido a las políticas de Estado que impactan negativamente en el mercado interno, se nos hace muy difícil”.

“Las que pueden pagarlo son las pymes que hacen a la logística de las empresas agroexportadoras, vinculadas a los bancos, a los sectores extractivos y a la industria que tiene capacidad de exportar. Los que no exportamos no estamos en condiciones de pagar este bono, aunque sabemos que es necesario para el sector asalariado, que es el que más está sufriendo”, explicitó.

En este marco, destacó la necesidad de que “el Estado compense -por ejemplo, con el pago de los aportes jubilatorios- a aquellos que no están en condiciones de pagar un plus a sus empleados”.

Ante la posibilidad que analiza el gobierno de asistir financieramente a aquellas empresas privadas que no puedan pagar el bono, la respuesta de Gabás fue contundente: “El problema es que todos los créditos son usurarios y tienen tasas superiores al cien por ciento”.

“Hoy la empresas pymes no recurren a los bancos porque eso significa salir de la brasa para caer en el fuego. Ya nos quemamos con leche durante la crisis de 2001, por eso ahora pasamos por enfrente de los bancos, pero no entramos”, aseveró.

“Las pymes no van a ir al endeudamiento con los bancos porque las tasas del 100 por ciento son prohibitivas y sólo conducirán a acelerar el proceso de quiebra”, subrayó.

En cuanto al análisis de la situación nacional, Gabás afirmó que “no es una tormenta, sino que es una crisis que está inducida para favorecer a todo el sector agroexportador, al extractivo y al sistema financiero, en detrimento de un mercado interno que está empobrecido y en el que la cadena de pago si no está rota, está atrasada”.

En este marco, manifestó: “Si el gobierno nacional es el autor de todo este modelo, deberá hacerse cargo de esta necesidad de los sectores asalariados de recibir un poco más de dinero pero sin perjudicar a un sector que está en crisis, como es el de las pymes”.

Finalmente, sintetizó: “Este bono es necesario para el sector asalariado, pero no lo podemos bancar las pymes”.

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Promulgaron ordenanza que establece moratoria para el pago de multas

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El Departamento Ejecutivo Municipal promulgó la ordenanza Nº 9766, que establece un Régimen de Regularización de Obligaciones derivadas de infracciones a distintas normativas cuyo juzgamiento corresponda a los Juzgados de Faltas de Municipalidad de Paraná, provenientes de actas de comprobación de fecha anterior a la publicación de la presente ordenanza.

Además de las infracciones de tránsito, la medida incluye también a las deudas por falta de pago de cánones y concesiones de cualquier tipo del espacio público o privado y derechos de cementerio.

Formas de Pago

Las obligaciones derivadas de Actas de Comprobación tramitadas por ante los Juzgados de Faltas, podrán saldarse mediante un pago único íntegro con una quita del 30 por ciento del capital adeudado, si se ingresa mediante un solo pago cancelatorio de la deuda.

En cuanto a las obligaciones derivadas del pago de concesiones, canones y derechos de cementerio, se podrán saldar mediante el pago financiado de la deuda, de la siguiente forma:

-Si se adopta un plan de pagos de 10 o menos cuotas iguales, mensuales y consecutivas, se tomará en cuenta el capital y no tendrá ningún tipo de recargo.

-En caso de optarse por un plan de pago de hasta 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, se aplicará una tasa de interés por la financiación de 2,5 por ciento mensual sobre saldos, resultando el importe de las cuotas de la aplicación del sistema francés de amortización de deudas.

En los referidos planes de pago en cuotas, deberá acreditarse el ingreso de la primera cuota con la firma del acuerdo de pago y el importe de la misma no podrá ser menor a $150 (ciento cincuenta pesos).

Multas con resolución firme de los Juzgados de Faltas

La ordenanza promulgada establece que quedan comprendidas en éste Régimen Especial de Regularización, las multas aplicadas por los Jueces de Faltas aunque tuvieran resolución firme con accesorio de interés por mora; las que no hubieran sido canceladas mediante otros convenios de pago anteriores; las que se encuentren pendientes de procesos; aquellas que hubiesen sido recurridas administrativamente y en trámite de apelación judicial.

Costas Judiciales

En estos últimos casos el acogimiento implicará el allanamiento a la pretensión fiscal municipal, debiendo el interesado asumir las costas judiciales correspondientes, sin perjuicio que los apoderados judiciales efectúen la comunicación judicial del hecho nuevo correspondiente.

Plazo para acogerse a la Moratoria

La solicitud para acogerse a la Moratoria deberá ser presentada dentro de los 120 días corridos contados a partir de la publicación (en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos) de la ordenanza, suscripta por el obligado responsable, representante o el tercero que asuma la obligación de pago.

Concesiones, Mercados y Ferias y Cementerio

Las autoridades de aplicación en las áreas municipales de Concesiones; Mercados y Ferias; y Cementerio, establecerán la nómina de deudores y montos adeudados según sus registros, y dentro de los 30 días de promulgada la ordenanza que establece el presente Régimen de Regularización, efectuarán comunicaciones sobre la posibilidad de apelar el mismo, sin perjuicio de efectuar notificaciones particulares a los mayores deudores, ofreciendo la posibilidad de ingresar en el mismo.

Fundamentos de la norma

Al exponer los motivos que impulsaron el proyecto, el concejal Carlos González (Cambiemos) señaló que el mismo viene a complementar la ordenanza Nº 9737, sancionada por el Concejo Deliberante el 30 de agosto último, que estableció un Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, en el que se incluyó la posibilidad de pago con quita de intereses y facilidades de financiación para las Tasas General Inmobiliaria; por Servicios Sanitarios; Comercial y Contribución por Mejoras; Derecho de Ocupación de la Vía Pública; Derecho de Publicidad y de Edificación.

Precisó que “teniendo en cuenta este antecedente próximo y sus repercusiones positivas en cuanto a la recaudación municipal y en la regularización de las deudas de los contribuyentes y responsables ante el Estado municipal, es que se propició completar las acciones disponiendo también de un nuevo Régimen de Regularización de Obligaciones originadas por otros hechos sancionables y punibles, como multas, uso de espacios públicos objeto de concesiones y derecho de cementerio”.

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