El proyecto de ley que establece la devolución del IVA para los productos de la canasta básica a sectores de menores ingresos en las compras realizadas con tarjetas, que fue aprobado la semana pasada por Diputados, obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.
Mientras que el oficialista Frente de Todos apoyó la iniciativa -que consta de nueve artículos-, el interbloque de Juntos por el Cambio decidió no firmar el dictamen.
La medida comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2024, y también se faculta a la autoridad de aplicación a ampliar los beneficiarios alcanzados por la legislación.
El proyecto busca darle ese status de ley a la devolución del IVA de los productos de la canasta básica para sectores con menores ingresos y que se transforme así en “un instrumento de política tributaria” de manera “permanente”, explicó el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar su envío al Congreso.
El artículo 1 establece que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados, los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social
El programa Compre sin IVA se puso en marcha el 18 de septiembre con vigencia hasta fin de año, para la devolución del Impuesto al Valor Agregado en las compras de consumo realizadas con tarjeta de débito; por hasta $18.800 por mes y por beneficiario, a quienes no excedan un ingreso equivalente a seis haberes mínimos.
El también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) señaló que el objetivo es que “si es ley, definitivamente, puedan recibir también la devolución del IVA cuando realizan compras de alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verdura, fruta, productos de higiene y productos de higiene del hogar”.
El artículo 1 establece que los beneficiarios del reintegro del IVA serán quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados, los beneficiarios de asignaciones universales por hijo para protección social y las de embarazo para protección social.
También serán alcanzados por este beneficio trabajadores que presten servicios remunerados en relación de dependencia en la actividad privada o pública, siempre que el ingreso mensual no supere la suma equivalente a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), los comprendidos dentro del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y aportantes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadradas y encuadrados en la Ley 24.977.
El proyecto precisa, además, que “están alcanzadas por el beneficio de este Programa las compras de bienes en el marco de la Tarjeta Alimentar o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local-Potenciar Trabajo”.
Además, se establece que “el reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el peronista riojano Ricardo Guerra, aseguró que la iniciativa “se enmarca dentro de la política que el Estado nacional lleva adelante para reforzar los ingresos de los sectores vulnerables de la sociedad como paliativos de la situación de alta inflación que deteriora el poder adquisitivo de los salarios”.
“Estas políticas tienden a paliar la situación hasta que finalmente pueda ser controlado el flagelo de la inflación”, afirmó.
En cambio, el vicepresidente de la Comisión, el radical Víctor Zimmermann, aseveró que la oposición está “conceptualmente de acuerdo con el programa” porque “todos sabemos de la inestabilidad económica de la Argentina”.
“Este proyecto genera rasgos de más incertidumbre”, añadió, tras lo cual mencionó que a la provincia del Chaco este proyecto “le genera una pérdida de 26.000 millones de pesos de Coparticipación”.
“Este programa no tiene fuentes de financiamiento. O, dicho de otro modo, parte de su financiamiento irá a costa de la reducción de la Coparticipación de las provincias”, enfatizó.