El Gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, intervino, mediante decreto N°0046/2023 un organismo que tenía un directorio compuesto por representantes del ejecutivo provincial y los gremios mayoritarios de la provincia.
Fuentes gremiales, que objetaron la intervención, afirman que el procedimiento genera tensión con el gobierno y que rompe la posibilidad de establecer un diálogo futuro en el marco de una relación con el empleador.
Amparado en las previsiones de Ley N° 13758 y en dos artículos de la mentada (52 y 62), el gobierno provincial de Santa Fe dispuso la intervención de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado.
Según consta en el texto argumental, “en función de las denuncias y constantes reclamos por parte de los afiliados y beneficiarios que han llegado a conocimiento de este Poder Ejecutivo, la Caja estaría presentando irregularidades en su administración que se traducirían en incumplimientos de sus deberes; lo que provocaría graves perjuicios y afectación de derechos para los beneficiarios”, es que el poder ejecutivo que comanda el Gobernador Maximiliano Pullaro dispuso, a través del ministerio de trabajo, la intervención del organismo.
El mencionado decreto, al que tuvo acceso LPO, que lleva también la firma del ministro de trabajo de la provincia, Lic. Roal Nestor Bascolo, dispone designar como Interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado a la Contadora Pública Lorena Teresita ULIELDIN desplazando en sus funciones a los miembros del Directorio de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado.
La interventora dispondrá de 180 días para analizar las denuncias formuladas y tendrá en el ejercicio del cargo las facultades de gobierno y administración de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado otorgadas al Directorio en los artículos 47 siguientes y concordantes de la Ley 13758.
De esta manera, el gobierno le asestó un duro golpe a los tres gremios, mayoritarios, como son AMSAFE (Docentes), ATE y UPCN quienes presuntamente y según las denuncias obrantes, administraban de manera irregular el organismo que forma parte del andamiaje de previsión social de la provincia.
Si bien el decreto está fechado hace cuatro días, la información oficial se conoció hoy.