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Recortarán cargos jerárquicos en AFIP, ANSES, PAMI y otros organismos

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Como parte del plan de reducción del déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el presidente Mauricio Macri prepara para los próximos días el anuncio de un ajuste del 25% en la planta de la estructura de cargos jerárquicos de los 86 organismos públicos descentralizados, como el PAMI , la Anses y la AFIP.

En febrero pasado, el Gobierno anunció la disminución del 25% de los cargos jerárquicos en la administración pública nacional (APN), que comprende la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los 20 ministerios. Se redujeron, así, más de 1000 cargos públicos jerarquizados y se ahorraron $1450 millones.

En realidad, fue un gesto simbólico de austeridad, más que un recorte sustancial. El déficit previsto para este año ronda los $351.000 millones (2,7% del PBI). Se eliminaron cargo s de secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores de áreas.

Lo mismo ocurrirá ahora con los organismos públicos descentralizados, aunque aún no hay cálculos sobre el ahorro que se podría generar. En el Estado existen 86 entes, cuyas características principales son que tienen patrimonio propio y autarquía administrativa.

Además del PAMI -la obra social más importante de América Latina-, la Anses y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), esos organismos son el Senasa, el INTA, el INTI, el Conicet, Parques Nacionales, los entes nacionales Regulador del Gas (Enargas) y de la Energía (ENRE), el Enacom, el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo de las Artes y la Biblioteca Nacional, entre otros.

“Falta el ajuste de los entes descentralizados del 25% del personal jerárquico”, reveló al diario La Nación un ministro.

Este año el rojo fiscal terminará en 2,7% del PBI, lo que representa $351.000 millones. Según el convenio con el FMI, la Argentina debería presentar a finales de 2019 un pasivo de las cuentas públicas de 1,3%, es decir de $169.000 millones.

Para el año próximo el Gobierno había planeado tener 2,2% del déficit ($286.000 millones). Pero la crisis externa con suba de tasas en Estados Unidos, la crisis cambiaria y la falta de confianza en la capacidad de financiamiento por el elevado déficit fiscal obligaron a dar una señal y el Gobierno pactó una reducción mayor del déficit, hasta llevarlo a 1,3% ($169.000 millones). Para 2020, el objetivo será el equilibrio fiscal.

El descenso de $286.000 millones a $169.000 millones pareciera drástico. Pero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, preveía antes del acuerdo con el Fondo sobrecumplir la meta de 2019 y la estimaba en términos reales en 1,9% ($247.000 millones). Por ello, el salto a 1,3% implicará bajar $78.000 millones de gasto, un número significativo, pero no inalcanzable, según los funcionarios.
Se suman más recortes

Hace dos semanas se presentó un decreto de reducción de $20.000 millones (0,15% del PBI) en el Estado nacional y hace un mes se había anunciado que no se usaría una partida de $30.000 millones (0,23%) para obras. Pero el Gobierno necesita ir por más. “Seguramente habrá anuncios, pero no se sabe la fecha todavía”, señalaron en la Casa Rosada.

“Vamos a mirar muy de cerca a las provincias. Se van a eliminar transferencias de gastos corrientes y de capital [obra pública], tanto en obras nacionales como provinciales”, dijo una fuente del gabinete económico al tanto de la estrategia que lleva adelante Dujovne, el ministro coordinador del equipo económico.

También se sigue apostando al retiro voluntario del personal. Según reconocieron fuentes oficiales, el plan abarca todos los ministerios.

Un 75% del presupuesto nacional es un gasto rígido, son prestaciones sociales: sueldos, planes sociales y jubilaciones. Las partidas flexibles a la baja representan el 4% del PBI, lo que equivale a $520.000 millones. Así, son básicamente tres los rubros que podrían ser revisados: las transferencias no automáticas a provincias de gastos corrientes, el 0,8% del PBI, unos $104.000 millones; la obra pública de la Nación y las provincias, que son el 1,7% del PBI, de $221.000 millones, y el 1,5% de subsidios a la energía y el transporte, que totalizan $195.000 millones.

Fuente: La Nación

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Duhalde y Alfonsín confirmaron que Lavagna será candidato

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El ex presidente Eduardo Duhalde, junto al referente del radicalismo Ricardo Alfonsín, confirmó la candidatura de quien fue su ministro de Economía, Roberto Lavagna, de cara a las elecciones presidenciales del 2019.

Según sus declaraciones, formaría una coalición que represente a parte del peronismo, sectores del radicalismo y algunos desilusionados con el proyecto político de Mauricio Macri.

“Lavagna, yo hablo permanentemente con él, yo no estaría diciendo lo que digo si no supiera de la voluntad patriótica que tiene,” explicó Duhalde, en diálogo con Perfil.

Y profundizó: “no es que esté encantado. En este momento necesitamos de la experiencia, no solo de él, sino de un equipo que entienda como se sale. Lo hablo con él, estamos haciendo un lio tremendo, un maremoto en una palangana. No es difícil salir si se tiene en claro los objetivos”.

Por su parte, Alfonsín concluyó que “hay muchos en la política nueva que creyeron que era fácil, parte de la sociedad creía que era fácil, y no es fácil la política. No es gobernar una empresa la política, no son 40 millones de empleados, son 40 millones de argentinos que piensan distinto”.

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Cristina pidió al Senado que autorice los allanamientos

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La ex presidenta Cristina de Kirchner presentó un comunicado este martes a sus compañeros senadores a través del jefe de bancada del FpV en la Cámara alta, Marcelo Fuentes, que participó en la reunión de Labor Parlamentaria. En él, aceptó los allanamientos pedidos por el juez federal Claudio Bonadio pero puso condicionamientos.

“Quiero dirigirme, en primer lugar, a los senadores y senadoras que, de distintas bancadas opositoras, se hicieron cargo de los críticos momentos que atraviesa el Estado de Derecho y el sistema de representación democrático en Argentina y no prestaron quorum para autorizar el -literalmente- inédito pedido de allanamiento múltiple sobre mi vivienda en esta ciudad y El Calafate y mi domicilio en la ciudad de Río Gallegos”, comienza el texto de la senadora.

“Tengo muy claro que dicha actitud no fue por solidaridad personal ni ‘corporativa’, sino que, por el contrario, obedeció a la firme decisión política de no convalidar la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución política a los opositores y de distracción mediática para la población”, continuó.

La expresidenta continuó que en su texto que no tiene “ningún inconveniente” en que el cuerpo que integra autorice lo solicitado por el magistrado Claudio Bonadio.

“Corresponde aclarar que esta decisión no implica convalidar la irracionalidad de las medidas dispuestas por Bonadío en su cruzada persecutoria contra mi persona, sino que tiene por principal objetivo terminar, de una vez por todas, con el show montado alrededor de estos allanamientos sin fundamentos”, explicó Cristina.

A pesar de la autorización, la ex mandataria realizó una serie de pedidos condicionantes a la autorización. Así solicitó que el Senado garantice que las medidas que se lleven adelante sean para garantizar pruebas relacionadas con la investigación y pidió que no se tomen imágenes de sus viviendas para difundir posteriormente en los medios.

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El ex dueño del frigorífico Santa Elena se presentó ante Bonadío

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La causa de los cuadernos de la coimas K sigue su vertiginoso curso y en las últimas horas se sumó el nombre de otro empresario, Sergio Taselli, que decidió presentarse de forma espontánea ante el juez federal Claudio Bonadio.

Si bien no había sido llamado a indagatoria por el magistrado, sus oficinas habían sido allanadas en los primeros procedimientos ordenados por Bonadio cuando se inició la investigación.

La trayectoria de Taselli encontró posiblemente su apogeo entre los inicios de la década del 90 y mediados del 2000. Después de gestionar empresas de electricidad y otras relacionadas a la construcción, logró generar la mayor parte de sus ingresos gracias a la producción carbonífera y al transporte.

También estos dos campos son los que le provocarían años después sus mayores problemas con la Justicia, tanto a nivel nacional como internacional.

En 1994, Taselli se hizo cargo de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, una vez que fue privatizada por el gobierno de Carlos Menem.

Pese a recibir un subsidio anual de USD 25,5 millones por parte del Estado, no sólo no logró cumplir con las inversiones ni el mínimo de producción estipulados, sino que además produjo un vaciamiento total de la empresa, en el que se liquidó el sistema de seguridad, se redujo notablemente la plantilla de operarios y se produjo el traspaso irregular de maquinarias a otras empresas suyas.

Como producto de esa política, en 2004 se produjo una tragedia dentro de una mina: un incendio dejó un saldo de 14 operarios muertos. Según la investigación, el fuego se inició en el rodillo de una cinta transportadora de carbón. El puesto del operario encargado de revisar el buen funcionamiento de ese dispositivo había sido eliminado durante la gestión de Taselli.

Taselli se encuentra ahora a la espera de un juicio oral por “administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio”. El juicio sería llevado adelante por el Tribunal Federal Oral Nº 5, en manos del juez Sergio Torres, y la fiscalía Nº 7, a cargo de Miguel Osorio.

El otro gran escándalo judicial que involucró a Taselli se debió a su gestión al mando de tres líneas de Trenes Metropolitanos, publicó Infobae.

Desde finales de los 90, Taselli quedó a cargo de las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Sin embargo, las irregularidades e incumplimientos de todo tipo se convirtieron en un común denominador durante toda su gestión. Así, recién en 2007, Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato de explotación que tenía con Taselli respecto a los trenes.

En 2011, la justicia decidió procesarlo por el delito de “administración infiel agravado en perjuicio del Estado” por su labor irregular entre los años 1996 y 2002.

Las fallas de gestión estaba basada en aspectos como falta de mantenimiento del material rodante y las estaciones, deterioro de coches y vías, falencias en las condiciones de seguridad e inexistencia de estructuras de señalización reglamentarias, entre otros. Se trataba de un manejo irregular de unos 35 millones de pesos. Finalmente, esa causa prescribió.

En 2017, el gobierno de Cambiemos le reclamó una deuda por daños y perjuicios por incumplimientos contractuales que ascendería a los 4 mil millones de pesos.

El empresario también es investigado en Suiza por lavado de dinero. La justicia de ese país pidió a la Argentina las causas en las que está involucrado. Las sospechas surgieron a raíz de unos depósitos que se realizaron en cuentas a nombre de Taselli, que se presume fueron realizados por el mismo para blanquear la plata.

Fueron cuatro operaciones. Dos desde una cuenta en el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli por 10 millones y 8,6 millones de dólares. Otro depósito fue por 3 millones de dólares entre dos cuentas a nombre del empresario en distintos bancos suizos. Y una cuarta por 5,4 millones de dólares vinculado a una empresa de energía en Formosa que presidía Taselli. Todos se realizaron entre agosto de 2003 y abril de 2009.

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