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Paraná

Se frustró la sesión del Concejo Deliberante de Paraná

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En el marco de una convulsionada situación generada por una nutrida militancia del oficialismo, entre los que se pudo observar a altos funcionarios del gabinete municipal, que colmó la barra del recinto, se vio frustrada la sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la capital entrerriana convocada para este lunes.

Tras iniciarse las deliberaciones y mientras se realizaba el turno de los homenajes, integrantes del público presente comenzaron a interferir con cánticos y expresiones indecorosas hacia los legisladores del Frente Justicialista para la Victoria, mientras estos hacían uso de la palabra.

La situación fue subiendo de tono hasta que la edila Cristina Sosa, en representación de su bancada, dirigiéndose a la Presidencia del Cuerpo, expresó: “Ya hemos sido participes de una sesión en donde se ha hecho gala de la violencia de género en todos sus términos, por lo tanto nos retiramos del recinto”.

Al dejar sus bancas los cinco concejales del mencionado bloque opositor, el cuerpo legislativo quedó sin el quorum requerido para seguir sesionando, en virtud de lo cual su presidenta, Josefina Etienot, dio por levantado el plenario.

El reglamento establece que para que el cuerpo esté en condiciones de sesionar, deberán estar presentes la mitad más uno de sus integrantes, es decir ocho concejales.

Al retirarse el bloque del Frente para la Victoria, solo permanecieron en sus bancas siete de los quince legisladores, cuatro ediles de “Cambiemos” (Carlos González, Claudia Acevedo, Karina Llanes, Emanuel Gainza); dos de “Paraná de Pie” (Santiago Gaitán y Elsa Salazar) y uno del “Frente Renovador – Una” (Luis Díaz).

No concurrieron a la convocatoria Silvina Fadel (Frente Renovador – Una) María Marta Zuiani y Pablo Hernández (Cambiemos), este último por razones que son de público conocimiento.

Ingreso de Varisco al recinto

Fue en esas circunstancias en que hizo su ingreso imprevistamente al histórico recinto el intendente Sergio Varisco, acompañado por funcionarios de su gabinete, intentando usar de la palabra para explicar detalles de la situación judicial en la que se halla imputado en relación con una red de narcotráfico.

La viceintendenta Josefina Etienot le informó al respecto que la sesión se había levantado por falta de quorum, expresándole: “Queda usted invitado a una formal sesión ordinaria del Concejo Deliberante, todas las veces que usted lo desee”, para luego cederle el uso de la palabra “conforme a la investidura que le corresponde”, pero acotó: “Esto no es una sesión ordinaria”.

Y le aclaró: “No estamos fuera de una sesión ordinaria por decisión de esta Presidencia, sino porque no tenemos quorum”, y resaltó: “De su bloque (Cambiemos) falta gente, del Frente Renovador también falta gente, y el Frente para la Victoria se levantó de sus bancas”.

Acto seguido, el jefe comunal alcanzó a expresar algunos conceptos ante los ediles y el público presente, en los cuales reiteró: “Ni yo ni ningún miembro de nuestro gobierno pertenecemos a ninguna red de narcotraficantes”.

“Por el contrario, yo he pedido la ampliación de mi declaración indagatoria con el propósito de aportar los elementos necesarios para que se esclarezca esta situación”, añadió.

Y prosiguió: “En segundo lugar, soy un hombre de la democracia, que siempre he estado a derecho, colaborando con la justicia, quienes me conocen, me quieran o no, me hayan votado o no, saben de mi honorabilidad y desprecio por los bienes materiales”.

Finalmente ratificó: “Estoy a disposición de la justicia, a la que prestaremos toda la colaboración que me sea requerida”.

“Este proceso no nos ha impedido para nada seguir gobernando”, aseveró Varisco, y detalló el programa de obras en ejecución y a realizarse próximamente en la ciudad.

Cabe indicar que entre los proyectos presentados que figuraban en el temario de los asuntos a tratar en la sesión de este lunes, estaba incluido un Pedido de Informes, autoría de la concejal Stefanía Cora (Frente para la Victoria), solicitando la comparencia de Varisco, a fin de responder verbalmente preguntas al recinto en torno a su vinculación con la red de narcotráfico que investiga el juez federal de Paraná, Dr. Leandro Ríos.

Gravedad Institucional

Durante la alocución del intendente Varisco en el recinto del Concejo Deliberante, la viceintendenta de Paraná, Josefina Etienot, le pidió al jefe comunal que “honrando su pertenencia a la Unión Cívica Radical, a su apellido y a su rol, permita el normal funcionamiento de las instituciones democráticas”.

“Lo que pasó hoy, con amenazas personales, insultos y agravios, no ayuda a pacificar y no permite (al cuerpo legislativo) sesionar bien, en el marco de un espectáculo muy triste”, remarcó.

Etienot informó que Varisco “se comprometió a que la militancia no impida el normal funcionamiento legislativo”, y manifestó: “Esperamos que cumpla, ya que no podemos dejar amedrentarnos (por las barras)”.

“Cada vez que nosotros legislamos tocamos intereses y si cada sector afectado concurre al recinto a amenazarnos, es un mal antecedente”, manifestó, en virtud de lo cual apeló “a la colaboración de todas las fuerzas políticas para que instituciones de la democracia, como lo es el Concejo Deliberante, puedan funcionar normalmente”.

La presidenta del cuerpo legislativo paranaense anticipó que en los próximos días la sesión será reprogramada con el mismo temario, “sin ningún tipo de agravios o afrenta personal hacia los integrantes del cuerpo, habilitando que cada concejal pueda libremente fijar su posición y fundamentos sobre los temas en debate”.

“Los funcionarios somos los primeros testimonios de la ley y por lo tanto debemos atenernos a ella, pues el estado de derecho exige que nos apeguemos a ella”, reflexionó Etienot.

Finalmente, la funcionaria pidió disculpas a los vecinos de Paraná, “por esta muestra triste de democracia”.

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Paraná

Planes de vivienda: Incluirán a empleados del Concejo Deliberante

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Los empleados del Concejo Deliberante de Paraná serán incluidos en todo plan de gestión, ejecución, construcción y adjudicación de viviendas que lleve a cabo la administración municipal.

Así lo dispone la ordenanza Nº 9697, iniciativa que fuera impulsada por el concejal Juan Enrique Ríos (Frente para la Victoria), quien se hiciera eco de un reclamo planteado oportunamente en tal sentido por los trabajadores de la legislatura local a los integrantes de las distintas bancadas del cuerpo legislativo.

La norma establece que el cupo de las unidades habitacionales que corresponda a los agentes del municipio deberá distribuirse en forma proporcional conforme el número de empleados dependientes del Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Natalia Maldonado es empleada de Recursos Humanos del Concejo Deliberante de Paraná, actualmente se encuentra cumpliendo funciones en el Concejo Deliberante Estudiantil, y además fue una de las impulsoras de esta ordenanza recientemente promulgada.

“Somos un grupo de trabajadores que empezamos a reunirnos hace un año, aproximadamente, cuando surgió la posibilidad de que 500 viviendas sean destinadas al municipio”, explicó Natalia.

En este sentido, añadió: “Luego, en una reunión que realizamos, el año pasado, con ediles y funcionarios surgió la idea de elaborar una ordenanza para que los empleados del Honorable Concejo Deliberante estén contemplados en los planes de adjudicación de viviendas por parte de la Municipalidad de Paraná”.

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Paraná

Con la asistencia de Cuneo Libarona, Varisco amplió su indagatoria

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El presidente municipal, Sergio Varisco, llegó a las 9.50 de este jueves a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y se retiró pasadas las 12.50, tras ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga los vínculos con la banda encabezada por Daniel Tavi Celis y por las cuales, están detenidos el concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y la policía ex funcionaria de la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira.

La declaración comenzó a alrededor de las 10.30, por lo que el intendente de Paraná, habló por más de dos horas ante el magistrado Leandro Ríos. Varisco estuvo acompañado por sus abogados Rubén Pagliotto, Miguel Ángel Cullen y Mariano Cúneo Libarona.

“No voy a dar detalles de la causa porque no corresponde, pero vine a disipar todas las dudas que podría haber con respecto a mi persona. Aporté pruebas, pedí nuevas pruebas, pedí citación de testigos, incluso, que vengan otros organismos nacionales y se sumen a la investigación”, dijo Varisco y agregó que “estamos muy tranquilos porque ratificamos nuestra inocencia y demostramos que no pertenecemos a ninguna red de narcotraficantes”, resaltó.

Con respecto a su declaración en la primera audiencia ante el juez, Leandro Ríos, el intendente de Paraná, señaló que “amplié las respuesta que le di al señor juez en la primera indagatoria y aporte pruebas, que por supuesto, no las puedo detallar”, afirmó Varisco.

Ante la consulta de si el magistrado hizo preguntas durante la declaración, Varisco explicó que “el juez escuchó mi interpretación de los hechos, mi verdad y los elementos que yo aporté a la causa”, aseguró el intendente que pasó nuevamente, este jueves por la Cámara Federal de Apelaciones.

El Presidente comunal de Paraná, aclaró que en su primera indagatoria, “desconocía de qué se me imputaba y a partir de ahí, tuve acceso al expediente que tiene más de 4 mil fojas y que son más de seis meses de investigación; y por eso, pedí la ampliación indagatoria”, remarcó Sergio Varisco.

Al referirse a la incorporación de Mariano Cúneo Libarona al equipo de abogados, Varisco señaló que se sumó porque “lo conozco de hace tiempo y si bien, figuran dos abogados y un sustituto, es un equipo de amigos que está colaborando con mi defensa.

Al ser consultado por el pedido de incorporación de testigos a la causa, Varisco dijo a Elonce “vamos a incorporar más testigos por las preguntas que se me hizo en la indagatoria la semana pasada. Y en esta ampliación, yo pedí la incorporación de testigos que le dan veracidad a las cosas que yo dije”, remarcó el intendente imputado como supuesto financiador de la banda narco comandada por Celis.

Varisco también fue consultado acerca de que si creía que su situación judicial mejoraba, a partir de la ampliación de la indagatoria. La respuesta la dio el abogado Miguel Ángel Cullen. “Lo que hacemos es colaborar con la investigación. Ofrecimos nuevos puntos de prueba que creemos que van a servir para aclarar, de una vez por todas esta situación y estamos a la espera de que el juez nos provea esa prueba para terminar con esto”, dijo el letrado.
Además, “se pidió, nada menos, que la intervención de la Agencia Fiscal de Inteligencia (AFI) para dilucidar algunas cuestiones que pueden traer alguna duda a su señoría”, resaltó Cullen.

Por otra parte, le preguntaron si corría peligro la libertad del intendente de Paraná, Sergio Varisco, a lo que Cullen respondió: “creemos que no hay motivo, al contrario, estamos prestando toda la colaboración necesaria. Aportamos nuevas pruebas, damos nuestra interpretación de los hechos y además, es muy probable que volvamos a hacer, otras ampliaciones de indagatoria a medida que vayamos estudiando la causa, porque son 4 mil fojas de prueba y estamos haciendo un análisis muy completo dentro de nuestras posibilidades”, dijo.

En referencia a los plazos judiciales que corren, Cullen sostuvo que “los plazos se van a ampliar porque mañana hay otra indagatoria pedida por el juez, es decir que se renovarían y posiblemente, si existen otras dudas respecto de otras personas, puede llamarlos a indagatoria y se renuevan los plazos, es una cuestión del juzgado, no depende de nosotros”, concluyó.

Finalemente, se consultó a Varisco si pediría licencia o se apartaría debido a la causa judicial y el intendente dijo que “sigo trabajando todos los días, como corresponde, por los paranaenses”, finalizó

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País

¿Cerca del final? Revelan detalles del presunto acuerdo narco

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El intendente de Paraná, que ayer se presentó en la sede del Concejo Deliberante local para repetir que es “inocente” y que nada tiene que ver con el narcotráfico, desde julio del año pasado está mencionado a lo largo y ancho de las resoluciones dictadas por el juez federal Leandro Ríos, quién le tomó declaración indagatoria la semana pasada y en estos días debe resolver su situación procesal. El magistrado manifestó, en el auto de procesamiento de los miembros de la banda comandada por Daniel “Tavi” Celis, que el nombrado, incluso después de su detencion en 2016 por el robo a una estancia, manejaba el negocio del narcotráfico en varias ciudades a partir de un “acuerdo político” con el intendente Sergio Varisco por el cual “obtenía fondos líquidos para la adquisición del estupefaciente, dado que a través de Cristian Javier Silva administraba los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná”.

De acuerdo con el texto oficial, como parte del acuerdo, Celis le abrió las puertas al candidato de Cambiemos en los barrios del oeste de Paraná donde tiene sus dominios y como contraprestación, pidió que fueran incorporados al aparato estatal 40 personas, entre ellas la pareja del jefe narco, María Fernanda Orundés Ayala. Varisco, ocho días después de asumir el cargo, el 10 de diciembre de 2015, comenzó a cumplir su compromiso y llevó a la plantilla estatal a 33 personas “de estrecha confianza” de Daniel Celis. Además de los puestos de trabajo, el acuerdo incluía “la concesión de obras públicas municipales, a canalizarse por la empresa constructora de Cristian Silva”. Esto no se pudo concretar, según se señaló en el escrito, porque el intendente tuvo algunas objeciones desde Buenos Aires.

Ocho días después de asumir, “mediante Decreto Nº 65 Varisco designó estratégicamente en el cargo de Director General de la Unidad Municipal Nº 2, con categoría 43 a Hernán Jesús Rivero (Legajo 32.788) y, del mismo modo, mediante Decreto Nº 67 nombró en el cargo de Director de la Unidad Municipal Nº 2 a Miguel Leguizamón, ambas personas de suma confianza y amistad con el organizador Daniel “Tavi” Celis”.

El juez resaltó que “sin lugar a dudas, esto le permitió al organizador dominar de facto los anhelados recursos materiales y humanos de dicha dependencia municipal, afectándolos clandestinamente al tráfico de estupefaciente”. Con posterioridad “a comienzos de junio de 2016, Varisco ya había designado a 15 personas más que le respondían a Celis” según refiere el jefe narco durante una discusión telefónica con el concejal Pablo Hernández, de acuerdo con una de las escuchas incorporadas a la causa. Tanto Hernández como Griselda Bordeira, la subsecretaria de Seguridad, ambas personas de confianza de Varisco, eran los que se comunicaban con los miembros de la banda. De las declaraciones indagatorias de Hernández y Bordeira –los dos quedaron detenidos– habrían surgido elementos que complican más la situación del intendente.

El fallo judicial subrayó que la designación de allegados a Celis “se pueden ejemplificar con las designaciones de la pareja del propio Celis, María Fernanda Orundés Ayala (Legajo 33.072), mediante el Decreto Nº 2181 de fecha 24/10/16, en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social, siendo en el mismo acto administrativo trasladada a la Unidad Municipal Nº 2”. Lo mismo ocurrió “con Renzo Bertana (Legajo 33.073), mediante Decreto Nº 2178 del mismo 24/10/16 y con la misma modificación, es decir se los designa en la Dirección General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social y en el mismo acto administrativo se lo traslada a la Unidad Municipal Nº 2”, que se encargaba del acopio y la distribución de estupefacientes en móviles del Estado municipal.

En el escrito se dejó constancia que las designaciones de personal impuesto a dedo por Celis “aún aconteció cuando éste ya se encontraba detenido por el Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos, lo que ocurrió en el mes de agosto de 2016”. En esa resolución, en la que fueron procesadas unas veinte personas relacionadas con Celis, se aclaró que “Varisco no pudo o no quiso cumplir con otros aspectos del acuerdo ‘político’” con el jefe narco “puntualmente con la concesión de la obra pública a Daniel Andrés “Tavi” Celis y Cristian Javier Silva. El intendente alegó “objeciones desde la administración central nacional”. Según surge de las quejas expresadas por Celis en sus contactos con los funcionarios municipales, tampoco devolvió el dinero que el jefe narco había aportado a la campaña de Cambiemos, en afiches, logística e incluso en la organización de fiestas en barriadas del oeste de Paraná.

Por medio de las escuchas que totalizaron miles de horas, el juez pudo también determinar que funcionarios de estrecha vinculación con el intendente Varisco se interesaron y trataron de interceder en favor de Daniel Celis cuando éste fue detenido por la justicia provincial por el robo en la estancia. Cuando esas gestiones quedaron al descubierto, se produjo la renuncia de Marcelo Álvarez, secretario de Ambiente del municipio, quien negó haber realizado gestiones en favor del jefe narco y aseguró, en cambio, que dejaba el cargo “por motivos personales”.

De todos modos, en una de las consultas hay una conversación en tono de negociación entre el nombrado Alvarez y Hugo Gemelli, uno de los abogados de Celis. En la charla se advierte la existencia de una amenaza de Celis de tomar represalias por algo que consideraba una traición al “pacto político” sellado con el intendente. Otro elemento de prueba importante es el diálogo mantenido por la subsecretaria de Seguridad Griselda Bordeira con el funcionario policial Guillermo López, quien prestaba servicios en agosto de 2016 en la Departamental Diamante. El llamado, sin duda inapropiado, era para interesarse por la situación procesal del jefe narco, con el fin de darle una respuesta a sus familiares, tal vez para recordarle que había un acuerdo que cumplir. Hoy, la situación del intendente Varisco está más compleja que nunca, porque las sospechas y los indicios concretos se siguen acumulando.

Fuente: (Página 12)

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