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Seis empresarios admitieron pagos de sobornos

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“Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía”. Esto declaró Ángelo Calcaterra, exdueño de la constructora Iecsa y primo del presidente Mauricio Macri, ante el juez Claudio Bonadio.

Calcaterra se presentó, sorpresivamente, en los tribunales de Comodoro Py y le dio su versión al juez, respecto de las menciones sobre él que figuran en los cuadernos de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro K Julio De Vido.

Además del testimonio prestado por Calcaterra -que incluye a Sánchez Caballero-, otros cuatro empresarios ya reconocieron haber pagado dinero en negro para las campañas electorales del kirchnerismo.

El primero fue el cordobés Juan Carlos De Goycoechea -extitular de la firma Isolux-, quien negoció así su libertad, algo que se concretó ayer. Los otros tres son: Raimundo Peduto (MSU), Alejandro Pedro Ivanissevich (Emgasud) y Manuel Santos Uribelarrea (Ucsa), cuatro de los tres que declararon ayer. Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, se negó a declarar y se sumó a la larga lista de detenidos por Bonadio.

De acuerdo con fuentes judiciales todos confesaron haber realizado pagos presionados por Baratta a cambio de liberar presupuesto para las distintas obras públicas en ejecución.

En la cargada jornada de novedades que tuvo como usina a Comodoro Py, se conoció que la Policía Federal detuvo a Héctor Zabaleta, exdirectivo de Techint. Así, la causa acumula 18 detenidos y seis imputados liberados por haber acordado en la Justicia ampararse en la figura de “imputado colaborador”.

Calcaterra quedó encuadrado bajo esa figura. Según el diario La Nación, cuya investigación periodística hizo punta en el caso, publicó que el empresario junto a Javier Sánchez Caballero, quien fuera su segundo en Iecsa, acordaron “el pasado fin de semana con la fiscalía colaborar con la causa”. Calcaterra, aunque nombrado en los cuadernos, no había sido citado por Bonadio. Su presentación de ayer fue “espontánea”, término que en la jerga judicial indica, por lo general, la existencia de un acuerdo entre las partes.

En su declaración, Calcaterra acusó a los exfuncionarios kirchneristas de “extorsión”. Dijo que le pedían dinero para la campaña electoral y que él le ordenaba a Sánchez Caballero, su CEO en Iecsa, realizar los pagos. Esos dineros, de acuerdo a los cuadernos de Centeno, eran recaudados por Baratta y sus colaboradores, para ser repartidos después a las más altas autoridades de gobierno. Todo esto, según el fiscal Stornelli, ocurrió entre 2008 y 2015.

Calcaterra, trascendió de fuentes judiciales, declaró haber sido “apretado” para entregar el dinero que, dijo, habría sido destinado a las campañas políticas de 2013 y 2015. “No fue tanta cantidad de dinero”, confesó el empresario sobre los aportes hechos.

Sánchez Caballero también acordó con el fiscal encuadrarse en la figura del “imputado colaborador”, igual que De Goycoechea. El juez Bonadio ordenó la excarcelación de ambos con el compromiso de colaborar con la fiscalía.

La estrategia

La estrategia de Calcaterra y del resto de quienes colaboraron, se especuló en Tribunales, va en una misma dirección: posicionarse como “víctimas” de la extorsión de los exfuncionarios kirchneristas, y declarar que fueron obligados a realizar aportes de dinero para campañas políticas.

“Los empresarios admiten haber pagado coimas sólo para poner fondos en el financiamiento de la política, porque las sanciones sobre el financiamiento de la política son mucho más bajas”, evaluó el abogado Marcelo Bermolén, especialista en causas de lucha contra la corrupción y profesor de la Universidad Austral, ante la consulta del diario La Voz de Córdoba.

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El ex dueño del frigorífico Santa Elena se presentó ante Bonadío

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La causa de los cuadernos de la coimas K sigue su vertiginoso curso y en las últimas horas se sumó el nombre de otro empresario, Sergio Taselli, que decidió presentarse de forma espontánea ante el juez federal Claudio Bonadio.

Si bien no había sido llamado a indagatoria por el magistrado, sus oficinas habían sido allanadas en los primeros procedimientos ordenados por Bonadio cuando se inició la investigación.

La trayectoria de Taselli encontró posiblemente su apogeo entre los inicios de la década del 90 y mediados del 2000. Después de gestionar empresas de electricidad y otras relacionadas a la construcción, logró generar la mayor parte de sus ingresos gracias a la producción carbonífera y al transporte.

También estos dos campos son los que le provocarían años después sus mayores problemas con la Justicia, tanto a nivel nacional como internacional.

En 1994, Taselli se hizo cargo de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, una vez que fue privatizada por el gobierno de Carlos Menem.

Pese a recibir un subsidio anual de USD 25,5 millones por parte del Estado, no sólo no logró cumplir con las inversiones ni el mínimo de producción estipulados, sino que además produjo un vaciamiento total de la empresa, en el que se liquidó el sistema de seguridad, se redujo notablemente la plantilla de operarios y se produjo el traspaso irregular de maquinarias a otras empresas suyas.

Como producto de esa política, en 2004 se produjo una tragedia dentro de una mina: un incendio dejó un saldo de 14 operarios muertos. Según la investigación, el fuego se inició en el rodillo de una cinta transportadora de carbón. El puesto del operario encargado de revisar el buen funcionamiento de ese dispositivo había sido eliminado durante la gestión de Taselli.

Taselli se encuentra ahora a la espera de un juicio oral por “administración fraudulenta y estafa procesal en perjuicio del Estado Nacional en ocasión del vaciamiento del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio”. El juicio sería llevado adelante por el Tribunal Federal Oral Nº 5, en manos del juez Sergio Torres, y la fiscalía Nº 7, a cargo de Miguel Osorio.

El otro gran escándalo judicial que involucró a Taselli se debió a su gestión al mando de tres líneas de Trenes Metropolitanos, publicó Infobae.

Desde finales de los 90, Taselli quedó a cargo de las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. Sin embargo, las irregularidades e incumplimientos de todo tipo se convirtieron en un común denominador durante toda su gestión. Así, recién en 2007, Néstor Kirchner decidió rescindir el contrato de explotación que tenía con Taselli respecto a los trenes.

En 2011, la justicia decidió procesarlo por el delito de “administración infiel agravado en perjuicio del Estado” por su labor irregular entre los años 1996 y 2002.

Las fallas de gestión estaba basada en aspectos como falta de mantenimiento del material rodante y las estaciones, deterioro de coches y vías, falencias en las condiciones de seguridad e inexistencia de estructuras de señalización reglamentarias, entre otros. Se trataba de un manejo irregular de unos 35 millones de pesos. Finalmente, esa causa prescribió.

En 2017, el gobierno de Cambiemos le reclamó una deuda por daños y perjuicios por incumplimientos contractuales que ascendería a los 4 mil millones de pesos.

El empresario también es investigado en Suiza por lavado de dinero. La justicia de ese país pidió a la Argentina las causas en las que está involucrado. Las sospechas surgieron a raíz de unos depósitos que se realizaron en cuentas a nombre de Taselli, que se presume fueron realizados por el mismo para blanquear la plata.

Fueron cuatro operaciones. Dos desde una cuenta en el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli por 10 millones y 8,6 millones de dólares. Otro depósito fue por 3 millones de dólares entre dos cuentas a nombre del empresario en distintos bancos suizos. Y una cuarta por 5,4 millones de dólares vinculado a una empresa de energía en Formosa que presidía Taselli. Todos se realizaron entre agosto de 2003 y abril de 2009.

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País

Docentes universitarios comienzan una nueva semana de paro

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La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) continúa la lucha en reclamo por incremento salarial del 25% con cláusula gatillo, mayor presupuesto para las universidades y para la ciencia y la tecnología.

En ese marco, en Paraná el gremio realizará hoy, a las 17:30, una reunión en la Facultad de Trabajo Social, con la presencia de afiliados y docentes de distintas Facultades de la costa del Paraná.

Como parte del plan de lucha, el gremio apoya el panel debate sobre “La reforma Universitaria desde la perspectiva de géneros”, que se desarrollará en el Aula Magna de la Facultad de Trabajo Social el martes a las 18.

Antes, a las 13:15, Graciela Mingo, integrante de la comisión directiva de AGDU, brindará una charla en la Facultad de Ciencias Económicas, acerca de las dificultades del sistema científico-tecnológico y los problemas que tiene actualmente la Universidad.

El miércoles 22 de agosto AGDU participará de la Asamblea Interclaustros que se realizará a las 10 en la Facultad de Ingeniería en Oro Verde. Y a las 16 estará presente en la Asamblea de estudiantes, docentes y no docents en la Facultad de Ciencias de la Educación.

En Gualeguaychú, en tanto, el gremio efectuará abrazos al edificio de la Facultad de Bromatología, todos los días a las 12 y a las 17. También se prevé la realización de clases públicas el miércoles 22 a las 11 horas; el jueves 23 a las 14; y el viernes 24 a las 12:30. Habrá además una asamblea interclaustros el jueves a las 18 horas.

“Respuestas urgentes”

Tras la insuficiente y vergonzosa oferta salarial presentada por el Gobierno nacional el lunes 13 de agosto, el Ministerio de Educación anunció que otorgará un aumento unilateral del 5,8% “a cuenta de futuros acuerdos”.

“En conjunto con la docencia universitaria de todo el país, ya habíamos expresado nuestro rechazo a esa oferta porque consolida la pérdida del poder adquisitivo docente, no supera el techo del 15% y se ubica por debajo de la inflación que el Gobierno continúa profundizando”, señalaron desde la comisión directiva de AGDU.

“Continuamos en la defensa de los trabajadores y el derecho a la universidad pública y gratuita, que se encuentra en riesgo por las políticas aplicadas por la gestión de Mauricio Macri”, remarcaron además.

Por último aseguraron: “Esperamos que el Gobierno nos brinde en lo inmediato una propuesta razonable y una respuesta efectiva a todos nuestros reclamos. No sólo a la situación salarial sino también a la crisis presupuestaria de las universidades”.

Otras acciones

Para el lunes 27 de agosto AGDU organizó una charla abierta a toda la comunidad, que versará sobre los problemas económicos de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) ante ajuste presupuestario que aplica el gobierno de Mauricio Macri. Serán expositores el rector Andrés Sabella y el titular de la Secretaría Económica Financiera de la Universidad, Juan Manuel Arbello.

El sindicato que nuclea a la docencia universitaria entrerriana también adhirió a las acciones definidas a nivel nacional por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que AGDU integra como sindicato de base.

En ese marco habrá intervenciones callejeras en defensa de la universidad pública el jueves 23 y una Marcha Universitaria al Palacio Pizzurno (sede del Ministerio de Educación de la Nación) por aumento salarial y mayor presupuesto, el jueves 30.

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Economía

El Gobierno descartó pedir adelanto de desembolsos al FMI

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El Gobierno descartó pedir un adelanto de desembolsos de la línea de financiamiento que obtuvo del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Dujovne dijo en una entrevista al diario Clarín que Argentina no necesita un adelanto de los desembolsos del FMI de septiembre y noviembre, y señaló que está satisfecho con la batería de medidas que anunció el Gobierno el martes para recortar gastos y fortalecer las arcas del Estado.

“Fue una muy buena semana porque avanzamos con medidas concretas que impactan en el Presupuesto 2019. Cuantas más señales podamos dar en términos de que el déficit de 1,3% del PBI para el año que viene está asegurado, mejor reaccionará la economía”, explicó el ministro.

A su vez, el titular de la cartera de Hacienda no descartó la posibilidad de que Argentina solicite una línea de crédito al Tesoro estadounidense, aunque explicó que, por ahora, no es algo que el Gobierno del presidente Mauricio Macri esté considerando.

En medio de un alza de tasas a nivel internacional, la mayor aversión al riesgo y una corrida cambiaria que generó una disparada del dólar que ya alcanzó los $ 30, el Gobierno acordó en junio un acuerdo Stand By de u$s 50.000 millones con el FMI para intentar frenar la fuerte devaluación del peso y limitar la galopante inflación.

Como parte del acuerdo, el FMI giró de manera inmediata al gobierno u$s 15.000 millones, que a cambio tendrá que cumplir con una meta de déficit fiscal del 1,3% el año que viene, desde el 3,8% registrado en el 2017.

Consultado sobre si el Gobierno tiene pensado pedir una línea de crédito al Tesoro de Estados Unidos, Dujovne afirmó que es una opción que “descartar no se puede descartar”, pero no es algo que hoy estén buscando. “Estamos cómodos con el programa del FMI. El Banco Central sí negocia con China un swap”, agregó.

Vale mencionar que el último jueves, en momentos en que el peso acumula una devaluación de casi 40% en lo que va del año, fuentes del BCRA informaron a ámbito.com que la autoridad monetaria está avanzando en un swap con China por u$s 4.000 millones, en un intento por reforzar las reservas internacionales, que acumulan una baja de casi un 6% en lo que va de agosto.

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