El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó en FM Litoral que se iniciaron dos demandas clave contra el Estado Nacional. Una apunta a fondos previsionales no transferidos y otra al reparto de excedentes de Salto Grande.
En una entrevista con el programa Palabras Cruzadas de FM Litoral, el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, confirmó que la provincia promovió dos demandas contra el Estado Nacional por una cifra cercana a los mil millones de dólares. Se trata de juicios que podrían representar un punto de inflexión en la economía entrerriana, tanto por el monto en disputa como por el precedente institucional que significan.
“El gobernador tomó una decisión política histórica: llevar estos conflictos a la Corte Suprema. No es un reclamo más, es una acción concreta para hacer valer los derechos de Entre Ríos”, aseguró Signes durante la charla.
¿De qué se trata el reclamo?
La provincia ha judicializado dos temas:
Fondos previsionales adeudados por ANSES:Signes explicó que el Estado Nacional viene incumpliendo el Pacto Fiscal de 2017, que establece el financiamiento parcial del déficit del sistema jubilatorio entrerriano. “Hoy el reclamo supera los 230 mil millones de pesos. Es una cifra mayor a toda la masa salarial de la provincia”, señaló el fiscal.
Distribución de excedentes de Salto Grande:
El segundo litigio se refiere al incumplimiento del acuerdo de 1998 sobre la distribución de excedentes de la represa hidroeléctrica. Según Signes, desde 2013 la Nación desnaturalizó la forma de cálculo y distribución de esos fondos. “Este también es un reclamo histórico. La provincia tuvo que judicializarlo en 2023 ante la falta de respuesta efectiva”.
Una acción política y judicial de largo alcance
El fiscal remarcó que se trata de conflictos jurídicos serios, no de simples quejas. “Esto no es dinero retenido que la Nación reconoce y no transfiere. Son derechos que estamos reclamando y que la otra parte niega. Por eso estamos en la Corte”, puntualizó.
Además, reveló que el gobernador Rogelio Frigerio solicitó avanzar con audiencias de conciliación ante el máximo tribunal, con el objetivo de acortar tiempos y abrir una vía de diálogo institucional.
“Ya hubo antecedentes en Santa Fe, Córdoba y San Luis, donde la Nación reconoció deudas similares y pagó con bonos de deuda pública. Nosotros esperamos una resolución parecida”, dijo.
¿Qué sigue ahora?
Aunque las demandas ya fueron presentadas, el proceso recién comienza: la Nación deberá responder, se abrirá una etapa probatoria y luego la Corte deberá fallar. Signes destacó que la Corte tiene una trayectoria favorable al federalismo fiscal, por lo que confía en una resolución justa.
No obstante, admitió que incluso si Entre Ríos gana, la ejecución del fallo no es automática: “En otros casos se acordó el pago con bonos de deuda que las provincias luego comercializaron. No es que uno va al Banco Central a embargarle las cuentas al Estado Nacional”.
Una demanda inédita en la historia reciente
Signes, quien ejerce su cargo desde varias gestiones, subrayó que se trata de una medida sin precedentes recientes en la provincia: “En otros casos fuimos a la Corte por medidas puntuales, pero esta es la primera vez que presentamos juicios estructurales de esta magnitud por derechos históricos”.
Consultado sobre la relevancia del caso, fue contundente: “Si se obtienen fallos favorables, habrá un antes y un después para Entre Ríos en términos financieros e institucionales”.
Fuente: Palabras Cruzadas / FM Litoral