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Economia

Simplifican trámites en la administración pública y eliminan normas en desuso

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El Gobierno derogará con un decreto de necesidad y urgencia 19 leyes y modificará otras 140, para desburocratizar y simplificar procesos en el Estado, en una decisión que permitirán ahorrar unos 100.000 millones de pesos.

El objetivo es “agilizar trámites, simplificarlos y eliminar focos de corrupción”, dijo el ministro de Producción, Francisco Cabrera.

Señaló que el decreto elimina “normas antiguas o desactualizadas, que obstaculizan procesos internos de competitividad de la economía y procesos de autorización excesivamente complejos”.

En conferencia de prensa, Cabrera aclaró que este proceso de simplificación “no significará reducción de personal en ningún caso”.

Cabrera presentó los cambios junto al secretario de Legal y Técnica, Pablo Cluse, el jefe de gabinete del ministerio de Transporte, Pedro Sorop, y el secretario de Simplificación Productiva, Pedro Inchauste.

El ministro dijo que el sentido de la medida es “derogar y simplificar normas para bajar los costos del sector productivo a un punto del producto Interno Bruto, que significan un ahorro de cien mil millones de pesos en dos años”.

Cabrera explicó que muchas de las medidas derogadas obstaculizaban el proceso económico e incomodaban al ciudadano, convirtiéndolo en cadete del estado obligado a pasar por 50 ventanillas para un trámites”.

El decreto autoriza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS a realizar otras operaciones financieras como la creación de fideicomisos financieros y “otorgarle modernos instrumentos para invertir sus activos en otras operaciones financieras”, explicó el ministro.

Entre las medidas figuran la derogación de la ley de Abastecimiento de 1952, que entre otras cosas preveía que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la producción agropecuaria.

Por el decreto, los campos, los inmuebles y las cabezas de ganado que le pertenecen al Ejército serán administrados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El decreto elimina el Registro Industrial de la Nación (RIN) creado en 1972 que tiene solamente a 1.700 empresas de las más de 110 mil que hay en el país.

El ministro dijo que “se transformó en un dolor de cabeza para las industrias que querían acceder a beneficios del Estado y no tiene ninguna utilidad”.

Cabrera señaló también que se eliminó la obligatoriedad de que el Presidente autorice la instalación de nuevas terminales automotrices, que fijaba la necesidad de un decreto presidencial para esa inversión y en el futuro no necesitará ninguna autorización.

En el caso de marcas y patentes se otorgó un plazo de 60 días para resolver controversias en la justicia que hasta ahora llevaban entre tres y cinco años, y se permitira la digitalización de los tramites de presentación.

También se simplificaron los trámites y la intervención estatal ante artistas, galeristas y otros exportadores e importadores para la circulación de obras de arte.

También se derogaron más de 50 normas del Servicio de Seguridad Animal (SENASA) que ya no se aplican o no tienen utilidad, y que datan de entre 1888 y 1898.

El nuevo decreto también permitirá reemplazar los libros contables de una empresa eliminando la obligatoriedad del papel y permitiendo su presentación en forma digitalizada.

Se estableció también que las licitaciones de obra pública en adelante solamente serán publicadas en el Boletín Oficial nacional, eliminando esa obligación para esos organismos provinciales o municipales y que los reclamos de usuarios de servicios públicos podrán hacerse ante el Enargas de cada provincia.

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Economia

El Gobierno ya no buscará una ley de reforma laboral sino acuerdos puntuales

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El Gobierno reconoció que ya no buscará una ley de reforma laboral sino que buscará lograr acuerdos puntuales con distintos sectores. Desde el Ejecutivo aclararon que “no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes”. La intención de la Casa Rosada -no explicitada abiertamente- es que las modificaciones se realicen en la primera mitad del 2018.

“Acuerdos sectoriales viene habiendo y van a seguir ocurriendo, pero también van a suceder modificaciones normativas, que el Congreso decidirá en el debate de los consensos parlamentarios y todos tenemos minorías para ver si es mejor que ese conjunto de normas sean varias leyes separadas o sea una ley conjunto. Lo importante es entender esa idea del reformismo laboral, que va más allá de una reforma laboral”, sostuvo el jefe de Gabinete Marcos Peña en declaraciones radiales.

“Había varias iniciativas que eran fruto del consenso con la CGT a fin de año y se empaquetaron en una sola ley, pero para nosotros no es de vida o muerte que sea una ley o varias leyes”, agregó el funcionario.

La idea, según afirman en la Casa Rosada, es que no habrá una ley de reforma laboral sino un conjunto de iniciativas, algunas vía acuerdos y otras vía leyes.

En el Ejecutivo creen que es importante avanzar durante en el primer semestre de 2018. Aunque no lo dicen abiertamente, el temor es que en la segunda mitad del año arranque de hecho la pelea por la elección presidencial del año que viene y la búsqueda de acuerdos se haga cuesta arriba. El no insistir con una ley amplia de reforma laboral busca además evitar un desgaste como el que sufrió el oficialismo con el debate de la reforma previsional.

Lo que sí hará el Gobierno
Hoy Peña insistió: “No hay una sola reforma, en la Argentina, que sea sacamos una ley y ya cambiamos el tema. Todo requiere trabajo, requiere diálogo, implementación y seguimiento y eso va a seguir haciéndose”.

“Lo que para nosotros es importante es que avancemos en un blanqueo laboral para que los trabajadores informales puedan ingresar al mercado formal; es de vida o muerte generar mejoras en el tema capacitación para que todos puedan incluirse, y queremos mejorar, por ejemplo, el régimen de licencias”, agrego.

Para lograr los cambios, en el Gobierno son conscientes de que necesitan el apoyo de todos los actores. “Lo que queremos hacer y lo queremos hacer dialogando con los sindicalistas, los trabajadores, los gobiernos y la sociedad, en general”, agregó el jefe de Gabinete.

“Si el título (de ‘reforma laboral’) evoca otros momentos que parece que pierden los trabajadores, volvamos a la mesa de trabajo y discutamos herramienta por herramienta. No tenemos un problema en eso, lo que no podemos aceptar es no debatir cambios en un sistema laboral injusto, desigual y obsoleto en muchos planos”, finalizó Peña.

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Economia

El gobierno defendió el decreto que generó polémica con gremios docentes

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El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, aseguró que el decreto oficial que modificó las pautas negociadoras nacionales entre los gremios docentes y el gobierno “no fue hecho contra nadie” sino que “ordena” y “pone blanco sobre negro” sobre “la confusión existente en relación con una paritaria nacional”, lo que fue rechazado por dos de las cinco organizaciones con representación en todo el país.

Los cinco gremios con representación nacional son la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), aunque hoy se expresaron en contra del decreto la Ctera, el Sadop y el bonaerense Suteba.

El Gobierno nacional difundió el decreto 52/18, publicado hoy en el Boletín Oficial, que ordenó “muchas cuestiones que generaban confusión y malentendidos en el anterior decreto reglamentario del artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, como “la supuesta existencia de una paritaria nacional” docente, explicó el funcionario.

“Si el ex presidente Néstor Kirchner -que dictó el decreto reglamentario modificado hoy- hubiese querido la paritaria nacional docente hubiese hecho una ley al respecto”, afirmó Finocchiaro, quien aclaró que el nuevo instrumento “aclara y ordena” los temas de la negociación entre gobierno y sindicatos, que serán gremiales y no salariales.

La medida fue rechazada por Sonia Alesso, Roberto Baradel y María Lazzaro, jefes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) y principal gremio bonaerense y del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), respectivamente.

El Sadop fue el sindicato que con más énfasis la repudió, ya que según sus dirigentes el artículo 3 elimina de cuajo su participación en la paritaria con el Estado bajo el argumento de que existen cámaras privadas con las que ese gremio debe negociar.

La Ctera rechazó la decisión oficial de igualar la representación de los gremios nacionales en el ámbito de discusión -la norma anterior determinó la proporcionalidad- y Baradel lo juzgó “un absoluto mamarracho jurídico”, aunque Finocchiaro sostuvo que hay actores que “se creen el ombligo del mundo, pero el gobierno piensa en la gente y no en la reacción de las variables que tenga el kirchnerismo”.

Alesso adelantó que la Ctera denunciará al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que acudirá a la justicia por “esta medida absolutamente política”.

“Los privilegios de los que gozaron los gremios docentes durante el kirchnerismo no significa que deban mantenerse sin una base normativa”, dijo a Télam el ministro, quien defendió la proporcionalidad que estipulada en la representación negocial.

Para Finocchiaro, la Ctera ya “tenía decidido ir al conflicto, hubiese o no decreto”, y defendió la exclusión de lo salarial de la mesa de diálogo con los gremios nacionales porque “el Estado no abona un solo sueldo sino que lo hacen las provincias”.

El decreto ratificó el acuerdo firmado en 2016, cuando gobierno y gremios convinieron que el piso de discusión salarial debía ser “un 20 por ciento por encima del mínimo, vital y móvil”, aunque eliminó la posibilidad de la discusión federal que exigen los sindicatos.

El gobierno procura también un acuerdo anual de “un convenio marco” sobre condiciones laborales, calendario educativo y carrera docente, entre otros temas no salariales, según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri; el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña; y los ministros Finocchiaro y de Trabajo, Jorge Triaca.

Baradel consideró “una aberración” el cambio de la representación gremial en la discusión con la Nación, tildó como “mamarracho jurídico” la decisión oficial de dejar afuera la discusión salarial y sostuvo que “la representación en la mesa paritaria es proporcional a la cantidad de trabajadores representados por cada organización”.

“Esto elimina la paritaria nacional porque se pretende quitar derechos a los trabajadores. El gobierno los desprecia, es autoritario e incumple los convenios internacionales. Los gremios rechazarán de plano un aumento salarial del 15 por ciento”, aseguró.

Mirta Petrocini, secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), aseguró a su vez que “no es posible borrar por decreto ámbitos de discusión y diálogo” e indicó que “esta sucesión de actitudes a pocos días de la paritaria genera un clima caldeado que no favorece un buen arranque”, porque “se demoniza a los docentes”.

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Economia

Schmid: “El 15% de las paritarias es una fantasía, no lo va aceptar nadie”

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“El 15% no pasa si no hay actualización por la inflación. ¿Por qué voy a creer en un programa económico que hasta ahora lleva un 70% de inflación acumulado en los dos años de gestión?”, afirmó Schmid.

En declaraciones a Infobae, el secretario general del gremio de Dragado y Balizamiento consideró que “bajo ningún punto de vista puede ser ese” el techo de las paritarias.

“Cada mesa paritaria tiene su propia naturaleza, su característica. La CGT, en todo caso, lo que establece es una respuesta de orden político de que no podemos confiar en las pautas que da el Gobierno porque evidentemente ha fallado. Yo diría que cada vez demuestran menos confianza las declaraciones del Gobierno, cada vez tenemos menos confianza en lo que dice el Ejecutivo”, señaló.

Para Schmid, la situación “se soluciona, si se puede, a través del diálogo” pero advirtió que de lo contrario la CGT actuará “a través de las medidas que puede llevar adelante el sindicalismo argentino que es la confrontación a través de medidas de fuerza, de movilizaciones”.

También consideró que “obviamente tiene que haber una cláusula gatillo” porque “cuando uno se sienta en la mesa de tratativas lo que busca es no perder poder adquisitivo”.

“En los últimos dos años hubo pérdida de poder adquisitivo, algunos perdieron más que otros”, reconoció también el triunviro de la CGT.

Schmid indicó además que “bo es la legislación laboral la que impide el despegue económico o la llegada de inversiones” sino que hubo “errores enormes que se están cometiendo en materia social y económica” por parte del Gobierno nacional.

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