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lunes, julio 22, 2024
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Sobre la titularidad de plena de las provincias sobre sus recursos naturales

Por: Alejandro Di Palma; Roberto Domingo; Pablo Mussio; Julio Panceri; Pablo Presas. GRUPO DEC

Con motivo del inminente vencimiento de once contratos de concesión sobre complejos hidroeléctricos ubicados en distintas provincias de nuestro país, volvió a plantearse el debate sobre los derechos de las provincias sobre sus recursos naturales.

En el marco referido, se comenzaron a difundir diversas propuestas acerca de la modalidad que debería adoptarse para la continuidad de las explotaciones hidroeléctricas, en la mayoría de las cuales se contemplaba la participación de las provincias en la titularidad y administración de los complejos generadores. Más aún, diversos legisladores oficialistas presentaron un proyecto de ley en virtud del cual se propone la cotitularidad y coadministración de las usinas entre el estado nacional (a través de ENARSA) y las provincias.

Según se difundiera a través de diversos medios periodísticos, a contramano de las negociaciones – hoy suspendidas – mantenidas entre el gobierno nacional y las provincias, y de las posturas esgrimidas, existirían notas internas de la Secretaría de Energía, de las cuales surge que ENARSA recibiría las centrales hidroeléctricas a medida que se vaya produciendo el vencimiento de las concesiones, las cuales continuarían explotándose sin la participación de las provincias en la titularidad y administración.

Ante esta posible decisión, que implicaría un inaceptable atropello a los legítimos derechos de las provincias, reafirmamos nuestra postura respecto a que los estados provinciales son titulares exclusivos de los recursos existentes en sus territorios, y conservan la totalidad de los derechos derivados del dominio.

Asimismo, y en el caso particular del Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, ratificamos nuestro reclamo respecto a que la energía generada debe ser reconocida de exclusivo dominio provincial, en razón del derecho constitucional de propiedad sobre la fuente generadora, de la total amortización del complejo, del incumplimiento de los objetivos de desarrollo de la región y uso del agua planteados en los documentos que dieron origen a su construcción, y de la injusticia que hemos sufrido los entrerrianos al recibir regalías y excedentes insignificantes en relación al valor de mercado de la energía, a la vez que debemos abonar una de las tarifas eléctricas más altas del país, perpetuándose de este monto una situación de despojo y explotación extractiva en perjuicio de nuestra provincia.

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