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Provincia

Stanley defenderá en Diputados el proyecto de urbanización de villas

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La exposición de la funcionaria será a las 10:00 en el Anexo C de la Cámara baja, en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales (cabecera), Vivienda y Ordenamiento Urbano, Legislación General, y Presupuesto y Hacienda.

Ocurre a un mes de la presentación de la iniciativa que lleva las firmas de los jefes del Pro, Nicolás Massot; de la UCR, Mario Negri; y de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y que fue elaborado en conjunto con el Poder Ejecutivo.

El proyecto, que establece un “Régimen de integración socio urbana y regularización dominial”, declara la “utilidad pública” y sujeto a expropiación de las tierras donde se localizan 4.228 asentamientos urbanos precarios, conocidos como “villas miseria” o “de emergencia”, con el objetivo de construir planes de vivienda y entregarles a sus habitantes títulos de propiedad.

No obstante, de la letra del proyecto no se desprenden plazos de ejecución de las obras ni de la entrega de los títulos de propiedad a las familias a las que se apunta a beneficiar.

La cantidad de asentamientos a urbanizar surge de un relevamiento realizado desde 2016 por Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que funciona en la órbita de la cartera que dirige la ministra Carolina Stanley.

De dicho relevamiento surge que las 4.228 villas repartidas en todo el país, en la que viven 3.5 millones de personas, cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados, es decir, más del doble del área de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto designa a la Agencia de Administración de Bienes del Estado como sujeto expropiante, la cual deberá individualizar “los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP” y “promover el avenimiento con los titulares de registro de los bienes inmuebles sujetos a expropiación”.

Si la norma fuera aprobada, se establece un plazo máximo de 60 días hábiles contados a partir de la notificación al expropiado de la respectiva tasación por parte del Tribunal de Tasaciones de la Nación para acordar el avenimiento.

Si éste no fuera posible, la Agencia de Administración de Bienes del Estado procederá igualmente con una acción judicial para avanzar con la expropiación de las tierras.

Por otra parte, el proyecto contempla la celebración de acuerdos entre la Agencia y el Ministerio de Desarrollo Social con las provincias y los municipios para facilitar la transferencia de los bienes inmuebles sujetos a expropiación.

“En caso de falta de acuerdo, el PEN estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la presente ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación”, acota el proyecto.

En cuanto al financiamiento, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso especial para afrontar los gastos de “la la totalidad de las actividades que resulten necesarias para llevar adelante el objeto de la presente ley”.

El artículo 13 del proyecto suspende por dos años desde la entrada en vigor de la ley de los desalojos en los inmuebles sujetos a expropiación.

Provincia

Bordet instruyó a la Secretaría de Transporte provincial para que intervenga en conflicto de transporte de pasajeros

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Continúa el reclamo de choferes de colectivos de líneas urbanas nucleados en UTA que exigen el pago de una cuota acordada que todavía no fue liquidada por las empresas de transporte, extendiéndose el paro entre las 22 y las 6 a todo el país, excepto Buenos Aires.

Para este miércoles estaba prevista una reunión en Buenos Aires entre representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) nacional con los empresarios del Transporte. El encuentro se desarrollará en el Ministerio de Trabajo y esperan que pueda haber un acuerdo que destrabe el conflicto.

En ese marco, el gobernador Gustavo Bordet adelantó que arbitrará la intervención de la Secretaría provincial de Transporte para garantizar la normal prestación del servicio de transporte urbano de pasajeros a los usuarios.

“Si bien los municipios tienen la facultad concedente del transporte público de pasajeros, el conflicto no nos resulta ajeno y vamos a intervenir desde la Secretaría provincial de Transporte para articular las medidas tendientes a una solución”, confirmó Bordet.

En la oportunidad, el gobernador se refirió a la quita de subsidios al transporte por parte del gobierno nacional.

“Veremos cómo atemperamos este costo que es para la provincia porque se transfieren los subsidios al transporte, pero no el dinero, o sea que nos tenemos que hacer cargo nosotros y veremos cómo encontramos una ecuación que posibilite compensar a todos los sectores”, comentó al respecto.

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Paraná

Empresarios piden aumentar el boleto a 27 pesos

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Tras la reunión que mantuvieron concejales de la oposición con los empresarios del transporte urbano de pasajeros en el marco del SITU, los representantes de la prestadora del servicio de transporte urbano de pasajeros -BUSES PARANA- solicitaron dos medidas.

La primera es la elevación del precio del boleto a 27 pesos y eliminar el recorrido nocturno que establece la norma de concesión del servicio.

Según pudo confirmar infoparana, los ediles de Cambiemos no fueron parte del encuentro.

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Provincia

Allanaron una propiedad de Canosa en el marco de una nueva investigación

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Efectivos de la Policía de Entre Ríos realizaron este martes un allanamiento en la vivienda de Juan José Canosa y Paula Montefiori, en el marco de una investigación en la que ambos se encuentran imputados por supuesto enriquecimiento ilícito.

Los efectivos se presentaron en la vivienda ubicada en la zona de la Toma Vieja, donde vive la pareja, acompañados por una tasadora del Poder Judicial y provistos de una orden para constatar el estado general del inmueble, como así también determinar los bienes muebles que ambientan la casa, a fin de establecer el valor general y, entonces, avanzar en el descubrimiento de lo que pudiere formar parte del incremento patrimonial injustificado atribuido a Canosa y Montefiori, publica Página Judicial.

El procedimiento había sido autorizado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, a pedido de los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, que tienen a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La investigación se inició a partir de una denuncia promovida en diciembre de 2016 por el senador radical Raymundo Kisser, a la que luego se sumaron diputados de Cambiemos con otra presentación en la que aseguraron que Canosa “disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, en los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus dos hijas y una niñera, todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido”.

Los legisladores también expusieron sus sospechas sobre ciertos acuerdos que habría realizado Canosa con mutuales y financieras mientras fue presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015. Decían que “la entrada de las mutuales, las contrataciones de servicios a cualquier precio y el despilfarro convirtieron un imperio en una catástrofe económica, esta situación fue advertida en informes llegados a distintos despachos e informes periodísticos”.

De las primeras indagaciones que hicieron los fiscales surgieron algunas inconsistencias en el patrimonio del ex presidente de Sidecreer.

Ante esa situación, los fiscales decidieron ampliar la investigación e imputar también a su esposa, la ex defensora pública Paula Montefiori, que hace unos meses designó a Guillermo Vartorelli como su abogado defensor.

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