La iniciativa que declara la emergencia previsional hasta 2027 fue girada únicamente a dos comisiones, tras una votación en la que el oficialismo contó con el aval de una senadora opositora. Afuera, los gremios estatales manifestaron un contundente rechazo.
Miércoles 27 de mayo de 2026
Paraná — En una jornada de extrema tensión política y social, el Senado de Entre Ríos dio ingreso formal este miércoles al polémico proyecto de «Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional» (Expediente 15.711). Mientras en el recinto se definía el esquema de debate, en las afueras de la Legislatura provincial una masiva movilización de gremios estatales hizo sentir su rechazo a una norma que modifica de raíz el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones.
La sesión estuvo marcada por el debate en torno a la cantidad de comisiones que debían analizar la propuesta. El senador Marcelo Berthet (PJ) solicitó que, por reglamento y debido a la trascendencia de la ley, el expediente fuera girado a cuatro comisiones: Presupuesto, Legislación General, Asuntos Constitucionales y Relaciones Municipales, con el fin de «invitar a todos los actores involucrados».
Sin embargo, el senador Rubén Dal Molín (Juntos por Entre Ríos) retrucó proponiendo un tratamiento acotado a solo dos cuerpos: Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales, bajo la premisa de avanzar «sin prisa, pero tampoco sin calma». Al momento de la votación, la presidenta de la Cámara, Alicia Aluani, sometió a consideración ambas mociones: la propuesta del oficialismo resultó ganadora gracias al voto clave y sorpresivo de la senadora justicialista Gladys Domínguez, quien rompió la postura de su propio bloque para acompañar el giro corto.
Radiografía del proyecto: Emergencia, suba de aportes y cambios de edad
La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo busca sanear el histórico déficit del sistema previsional entrerriano mediante un severo plan de contingencia y modificaciones estructurales a largo plazo:
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Declaración de Emergencia: Se establece el estado de emergencia económica y financiera del sistema hasta el 31 de diciembre de 2027, con facultad de prórroga para el Ejecutivo.
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Aportes Extraordinarios en Actividad: Se fija un aporte personal extra, de carácter progresivo (del 1% al 8%), para los trabajadores activos con sueldos brutos superiores a los $3.000.000. Paralelamente, se aumentan un 3% los aportes patronales a cargo del Estado, municipios adheridos y colegios privados.
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La Nueva Edad Jubilatoria: La jubilación ordinaria común se elevará a 65 años de edad y 35 de servicio. Para los nuevos ingresantes al sistema, la exigencia subirá a los 68 años.
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Transición para Aportantes Actuales: El incremento de la edad se aplicará de forma gradual recién a partir del año 2031 (subiendo 6 meses por año), alcanzando el tope definitivo en 2036 para los hombres y en 2046 para las mujeres.
La situación de los pasivos y el nuevo cálculo del haber
El proyecto aclara que quienes ya estén jubilados quedarán sometidos a sus regímenes vigentes en materia de reajustes. No obstante, abre la puerta a que, bajo la emergencia, el Ejecutivo aplique «aportes solidarios previsionales» excepcionales a los pasivos si el desequilibrio financiero persiste, además de fijar un tope máximo para los haberes que superen el equivalente a 15 jubilaciones mínimas.
Por otra parte, el cálculo del haber inicial sufrirá un cambio drástico: la jubilación ya no se definirá por los mejores años de carrera, sino que será el 82% del promedio actualizado de las últimas 240 remuneraciones brutas (20 años de aportes).
Diferimiento en la movilidad: Aunque los aumentos se seguirán rigiendo por las paritarias del Escalafón General, la ley introduce un polémico bache administrativo: los jubilados cobrarán la movilidad recién a los 60 días hábiles administrativos de haber ingresado los aportes al sistema.
Regímenes especiales e intimaciones laborales
Para los sectores con regímenes especiales (docentes, salud mental y servicio penitenciario) se mantendrán las edades diferenciadas, pero con una cláusula de solidaridad: los beneficiarios deberán seguir pagando el aporte personal de activos hasta que cumplan la edad de la jubilación ordinaria común. En el caso de las pensiones por viudez o convivencia, dejarán de ser vitalicias por defecto; solo lo serán si el beneficiario tiene más de 55 años al momento del fallecimiento de su pareja.
Finalmente, el texto dota a la Caja de Jubilaciones de la facultad de intimar a los empleados que cumplan con los requisitos para retirarse. Si pasados seis meses de la intimación el agente no inicia el trámite, el Estado podrá extinguir el vínculo laboral sin derecho a indemnización. Tras este agitado ingreso parlamentario, las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales abrirán una ronda de debates que promete mantener la temperatura política al límite en la provincia.