El fallo del Máximo Tribunal obliga al Ejecutivo a cumplir con la ley y desata pases de factura entre la Casa Rosada y los operadores judiciales del oficialismo. El impacto fiscal roza los 1.3 billones de pesos.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario desató una verdadera tormenta en los pasillos de la Casa Rosada. El revés judicial expuso fuertes cuestionamientos internos sobre la estrategia legal trazada por el oficialismo y abrió un frente de conflicto financiero de difícil resolución para la administración de La Libertad Avanza.
Según confirmaron fuentes gubernamentales, el cumplimiento de la normativa —que actualiza los fondos destinados a las casas de estudio— demandaría una partida estimada en 1.3 billones de pesos. El ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ya advirtió hacia el interior del gabinete que no existen fondos disponibles destinados a tal fin, aunque bajo el nuevo escenario judicial se vio obligado a comenzar a recalcular los números presupuestarios.
El fracaso de la estrategia judicial y los pases de factura
El fallo provocó que las miradas apuntaran con dureza hacia los operadores judiciales que responden al Ministerio de Justicia y a ciertas autoridades del ámbito parlamentario. Desde los sectores más moderados de La Libertad Avanza recuerdan que el Ministerio de Capital Humano mantenía diálogos sólidos con los rectores para avanzar en el Congreso con una nueva ley alternativa, confeccionada en sintonía con el equilibrio de las cuentas públicas.
Sin embargo, ese proyecto legislativo no logró avanzar con la velocidad que demandaba el ala política. La demora es atribuida de forma unánime a la estrategia de los operadores del oficialismo, quienes se habían encargado de asegurar con excesivo optimismo que el Máximo Tribunal tendría «un gesto» hacia la gestión de Javier Milei para otorgarle aire político en el conflicto.
El plan de esperar el auxilio supremo naufragó por completo. Hoy en Balcarce 50 abundan las quejas y los pases de factura cruzados contra los dirigentes responsables del diseño de la estrategia legal.
El malestar oficialista se profundizó debido a que la determinación de los cortesanos se produjo apenas pocos días después de que el Gobierno hubiera alcanzado un acuerdo con las universidades para dar cumplimiento parcial a la ley de Financiamiento Universitario.
Un tecnicismo procesal que evitó el fondo de la cuestión
Con las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema rechazó la queja presentada por el Estado nacional. Para los ministros del tribunal, el planteo contra la suspensión de la normativa resultó «inadmisible» debido a que estaba dirigido a combatir una medida cautelar, figura que no constituye una sentencia definitiva.
De esta manera, el tribunal evitó pronunciarse de forma directa sobre la validez constitucional de la ley en sí misma o sobre el Decreto 759/25, limitándose a resolver una estricta cuestión de procedimiento que, en la práctica, deja la cautelar plenamente vigente y con el cronograma de desembolsos activado.