A dos meses de la implementación de la nueva concesión del transporte urbano, los reclamos de los usuarios continúan en aumento. El Defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, mantuvo un encuentro clave con el Secretario de Seguridad Vial y Movilidad, Kevin Bolzán, para trasladar las urgencias de los vecinos y de la Asamblea Ciudadana Vecinalista.
Un servicio con «barreras» para el usuario
A pesar del recambio de prestadores realizado en diciembre, la Defensoría del Pueblo sistematizó una serie de deficiencias que hoy afectan el día a día de quienes dependen del colectivo para movilizarse en la capital entrerriana.
Entre los puntos más críticos presentados ante el municipio se destacan:
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Frecuencias deficientes: Esperas prolongadas que afectan la puntualidad de los trabajadores y estudiantes.
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Infraestructura precaria: Falta de señalización en paradas y carencia de garitas para resguardo.
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Problemas de accesibilidad: Unidades con escalones demasiado altos que dificultan el ascenso de adultos mayores y personas con movilidad reducida.
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Obstáculos viales: La ocupación de los carriles exclusivos por parte de vehículos particulares, lo que demora aún más el flujo de las unidades.
El transporte como un «derecho llave»
Durante la reunión, de la que también participó un nutrido grupo de vecinos, Amavet subrayó que el transporte no debe verse solo como un negocio o un trámite administrativo, sino como un derecho instrumental.
«El transporte público es la ‘llave’ que posibilita el acceso a otros derechos fundamentales como la salud, la educación y el trabajo», afirmó el Defensor.
Asimismo, advirtió que si el servicio no mejora, el sistema corre riesgo de sostenibilidad: «No es conveniente para nadie que las unidades circulen semivacías porque las deficiencias desalientan a los vecinos a optar por este medio».
El compromiso municipal
Desde el área de Movilidad y Ordenamiento Urbano, encabezada por Bolzán, se tomaron los puntos planteados por la Asamblea Ciudadana. El desafío de la gestión actual será optimizar el esquema de la nueva concesión para evitar que el descontento social escale en un inicio de año legislativo y escolar que promete alta demanda del servicio.