Complica a la provincia, presupuestariamente, atender el servicio de hemodialisis suspendido a PAMI

Tras las declaraciones formuladas por el presidente de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA), Miguel Discepolo, quién anticipó, que desde este lunes 5 de agosto, todos los centros privados de diálisis del país se verán imposibilitados de recibir nuevos pacientes derivados por el PAMI, desde el Gobierno de Entre Ríos llevaron tranquilidad a todos los pacientes que demandan este tipo de prestaciones.

Las premisas fijadas por el Gobernador Gustavo Bordet de atender las demandas sociales y de salud de manera prioritaria, se vienen cumpliendo.

Fuentes consultadas por INFOPARANA afirmaron que “lo que hoy se da a conocer no es novedoso para la provincia” ya que desde enero 2019 el Ministerio de Salud de la Provincia y con recursos provinciales se atienden 142 pacientes que se realizan diálisis tras el abandono de envíos de partidas por parte del gobierno de Mauricio Macri en el marco del plan Incluir Salud. La situación descrita en relación a la prestación del PAMI, complica aún más presupuestariamente a la provincia.

Si bien no se ha podido establecer cuántos afiliados a PAMI (El número total en la provincia ascendería a 700) que demandan dialisis quedarían sin cobertura desde el lunes, se aclaró que se viene implementando una serie de mediadas tendientes a cubrir el alejamiento del estado nacional de la prestación de servicios de salud a los sectores más vulnerables socialmente.

El Ministerio de Salud de la provincia suscribió un convenio de prestación con la firma “Centro Privado del Riñón S.A.” para proporcionar cobertura a los pacientes de la provincia que fueron “abandonados a su suerte” sin cobertura desde PAMI.

Sostenidamente, Salud ha sido uno de los sectores más interpelado por la crisis económica, ya sea por el aumento de los valores de los insumos y servicios, así como por la variación del precio del dólar, los inconvenientes con las obras sociales nacionales y el incremento de las atenciones que deben brindarse.

De esta manera en Entre Ríos la demanda de pacientes que concurren a diario a hospitales y centros de salud se incrementó a raíz de la cantidad de despidos de trabajadores de empresas privadas, los cuales quedan sin cobertura de obra social y, en caso de urgencias o necesidad de prestaciones, concurren a efectores públicos.

En este contexto, incluso aparece la crisis en las obras sociales nacionales que también repercute directamente en los hospitales públicos de la provincia de dos formas: Por un lado los establecimientos sanitarios atienden a sus pacientes y luego no logran cobrar lo facturado y, por otro, existe la situación de que estas entidades no actualizan los valores nomenclados de las prestaciones y las instituciones públicas que las brindan afrontan los costos sin el recupero en tiempo y forma lo que genera un déficit financiero y presupuestario.

A la situación descripta, se suma que económicamente existen diversos factores y variables que inciden en el aumento sostenido de los precios de insumos, bienes y servicios necesarios para la prestación de la salud pública. En ese marco, y haciendo un estudio comparativo de julio de 2018 a junio de 2019 en el territorio entrerriano, se debe tener presente:

– La variación del 61 por ciento de dólar (pasó de $ 27,80 a $ 44,76) que incidió en la formación de precios de medicamentos, prótesis y equipamiento hospitalario así como en algunos servicios de mantenimiento de los equipos. Ejemplo: Hay remedios que han subido su costo en un 600 por ciento (tratamiento de Accidente Cerebrovascular) así como otros en un 326 (tratamiento respiratorios).

– El aumento del precio del litro de combustible de un 79 por ciento (pasó de $ 29,37 a $ 52,68) que modificó el costo de los traslados de los pacientes en ambulancias.

– El incremento interanual del 70 por ciento de los alimentos que incide en el costo de funcionamiento de las instituciones sanitarias con servicios de internación.

– La suba acumulada del 80 por ciento de la tarifa eléctrica que incidió significativamente sobre las partidas mensuales de funcionamiento.

Si bien los ítems mencionados podrían tomarse como aspectos económicos generales, existen otros elementos aún más concretos que deben señalarse y que tienen que ver con la prestación efectiva de servicios. Tal el caso del aumento de los precios de las prestaciones de alta complejidad que se absorben e implican la derivación de pacientes a centros privados por no disponer de esa complejidad en los establecimientos públicos como los trasplantes; terapias oncológicas y prestaciones domiciliarias pediátricas, entre otras.

Incluso la cartera sanitaria provincial asume en forma reiterada el pago de prestaciones en respuesta a amparos judiciales por tratamientos de alto costo, internaciones e instituciones privadas situación que en última instancia termina beneficiando a los grandes monopolios farmacéuticos.

También respondiendo a la necesidad de sostener el Programa de Diabetes y Factores de Riesgo Cardiovascular, la provincia adquirió durante los primeros seis meses de 2019 elementos e insumos por más de 20.000.000 de pesos y se prevé la compra para cubrir las necesidades de los pacientes por otros $ 14.000.000 de pesos aproximadamente para el segundo semestre.

Más aún, ante el retraso de la transferencia de fondos o la no cobertura desde Nación de beneficiarios del Programa Incluir Salud, el Ministerio de Salud de la provincia ha tenido que garantizar la provisión de tratamientos y prestaciones a sus pacientes para cumplimentar con la premisa básica de garantizar el derecho a la salud. En ese sentido se están cubriendo mensualmente los servicios de hemodiálisis ($ 6.000.000) y transporte de discapacidad ($ 2.000.000), entre otros. Incluso, actualmente, se encuentra en situación de riesgo la provisión de medicamentos para Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) de este programa que mensualmente requiere de $42.000.000 pero cuya transferencia la cartera nacional no está cumpliendo con regularidad.

En este mismo sentido, a instancias de otro incumplimiento nacional, la provincia debió destinar 6.507.300 de pesos del presupuesto propio para solventar el pago de los meses de febrero y marzo a los 284 becarios del Programa de Equipos Comunitarios, justamente tratándose de personal que realiza tareas asistenciales y de terreno en distintos centros de salud de la provincia, de dependencia tanto municipal como provincial.

Asimismo, y en forma progresiva, el organismo nacional recortó la cantidad de medicamentos provistos desde la Coordinación de Medicamentos Esenciales (Ex Remediar). Al respecto se pasó de 76 especialidad a 43-45 por lo cual los establecimientos sanitarios debieron asumir las faltantes de acuerdo a la demanda de sus pacientes.

Además como la provincia no recibe cobertura a sus pacientes por parte del Banco Nacional de Drogas, se debe garantizar la provisión de los tratamientos desde el Banco Provincial de Drogas Oncológicas y Especiales que funciona en el hospital San Martín de Paraná requiriéndose anualmente más de $ 30.000.000.

Finalmente, a todo lo antes mencionado, debe situarse que a nivel país se efectuó la baja de rango del Ministerio de Salud, hoy devenido en Secretaría de Gobierno y ha planteado interrogantes respecto a si ello no ha generado incluso inconvenientes con la cobertura de pacientes con discapacidad así como en lo referido a inmunizaciones, ambos aspectos que han sido motivo de reiterados reclamos mediante carta documento de la provincia ante el orden nacional.