En un reciente comunicado FECENE (Federación de Cámaras del
Sector Energético de Neuquén) ha manifestado su repudio a la decisión del gobierno
nacional de estatizar la administración de las represas que generan electricidad en
Neuquén y Río Negro, de manera inconsulta, reemplazando la gestión concesionada
a empresas privadas pero bajo control provincial, y sustituyendo la administración que
pasaría a ENARSA, con sede en Buenos Aires, lo que implica desplazar a las
provincias y favorecer al gobierno central con el manejo discrecional de esos
cuantiosos recursos energéticos.- De prosperar la medida, el apoderamiento
comprendería las represas de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Banderita,
generadoras de electricidad en las provincias de Neuquén y Río Negro; como
antecedente está Loma de la Lata (proveedora de gas).-
Ello viene motivando fuertes reacciones en todos los niveles de las
provincias afectadas pues, además de ser una decisión unilateral del gobierno
nacional, sin consultar a las provincias, implica otro avasallamiento a las autonomías
provinciales, acentuando el unitarismo centralista, que somete al -desdeñosamente
llamado- “interior” desde hace más de dos siglos.-
De prosperar semejante arbitrariedad, además de consumar un acto
autoritario, se estarían desobedeciendo las mandas constitucionales pues los
recursos naturales son del dominio de los estados provinciales, lo cual los habilita a la
explotación de los mismos y a la disposición de las rentas que generen en beneficio
de las provincias, no siendo éstas facultades delegadas a la Nación (cfr. arts.121 y
124 de la Constitución Nacional, reforma de 1994), teniéndose presente que las
provincias son prexistentes al Estado Federal, tal como lo consigna el primigenio texto
constitucional (Preámbulo, Constitución de 1853, que mantiene su vigencia a través
de los tiempos con las reformas habidas en nuestra Carta Magna).-
La noticia debe leerse como un severo llamado de atención, atento a
que Entre Ríos genera energía eléctrica a través de la represa de Salto Grande que
abastece a la red nacional; si bien es un complejo binacional (Argentina – Uruguay),
beneficia desproporcionadamente a la capital que por dicho servicio pagan sus
usuarios una tarifa más de tres veces inferior a la que debemos saldar los
entrerrianos por la provisión de electricidad. También debería ser motivo de
preocupación porque, de permitirse estos avances sobre las autonomías provinciales,
no debería extrañarnos que en un futuro pudiera ocurrir lo mismo con los recursos
que provee la explotación del túnel subfluvial, que aunque parezca improbable, no
debería desatenderse porque existe una zona difusa en la que el Estado Nacional
puede otorgar en concesión la explotación de recursos naturales (vgr. los parques
nacionales) que pueden resolverse por acuerdos entre la Nación y las provincias, lo
que, de consumarse, implicaría otra claudicación al federalismo que no puede
renunciarse pues, de ello suceder, además de una prevaricación a las mandas de la
Constitución, significaría traicionar los desvelos y entregas de quienes todo lo dieron
en defensa de las autonomías provinciales; dicho en otras palabras: desertar de la
historia.-
Quizás esté llegando la hora que, de una buena vez, los senadores
nacionales defiendan a las autonomías de las provincias que representan; también
esto está legislado en el artículo 54 de la Constitución Nacional; “El Senado de la
Nación expresa los intereses de los estados locales –propios del sistema federal- en el Poder
Legislativo.” (Ma. Angélica GELLI, ”Constitución de la Nación Argentina”, 2da. edición, 2003,
ed. La Ley, pág. 473).-