El bloque de diputados de Más para Entre Ríos rechazó un proyecto que modifica la ley de concesiones sancionada hace apenas un mes. Denuncian que la nueva redacción «abre la puerta» a la gestión privada de áreas sensibles.
PARANÁ. – A poco más de un mes de su sanción y reciente promulgación, la Ley Nº 11.280, que establece el nuevo Régimen General de Concesiones de la Provincia, ya se encuentra en el centro de una tormenta política. El bloque de diputados provinciales de Más para Entre Ríos (PJ) expresó su enérgico rechazo a un proyecto de reforma impulsado por la legisladora oficialista Noelia Taborda, con el respaldo de la mayoría que responde al gobernador Rogelio Frigerio.
La iniciativa busca modificar el artículo 5° de la norma actual. Desde el peronismo advirtieron que el cambio propuesto no es un simple tecnicismo, sino un viraje ideológico que debilita el rol del Estado entrerriano frente a los servicios públicos esenciales.
Un giro radical en una ley recién aprobada
Desde la principal bancada opositora calificaron la maniobra como una «falta de respeto hacia la discusión parlamentaria». Recordaron que el texto original fue debatido extensamente y votado por el propio oficialismo hace escasas semanas.
Durante aquel debate, la oposición había exigido blindar las áreas más sensibles del entramado social para evitar cualquier intento de privatización. Como resultado, el artículo 5° vigente excluye de manera categórica de cualquier modalidad de concesión, delegación o transferencia a terceros a:
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La educación pública.
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La salud pública.
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La seguridad ciudadana.
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El servicio de justicia y el sistema penitenciario.
Sin embargo, la nueva propuesta del oficialismo elimina esa prohibición explícita. En su lugar, introduce una redacción que admite la concesión de estas funciones esenciales, reservando para el Estado únicamente un rol de regulador y fiscalizador.
«Abre la puerta a que sean gestionadas por terceros»
Para el bloque de Más para Entre Ríos, el cambio de redacción modifica sustancialmente el espíritu de la ley y pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales en la provincia.
«Mientras el texto vigente prohíbe de manera categórica la concesión de funciones esenciales, la nueva redacción abre la puerta para que esas actividades puedan ser gestionadas por terceros. Si se aprueba, se podrá concesionar, privatizar o transferir la gestión de servicios vinculados a la salud, la educación, la justicia o la seguridad», alertaron a través de un comunicado.
Los legisladores opositores cuestionaron con dureza la seriedad y los hilos detrás de la marcha atrás del frigerismo: «¿Qué nivel de seriedad tuvo entonces el debate legislativo que llevó a su sanción si, a los pocos días, quieren votar exactamente lo contrario?».
Finalmente, los diputados del peronismo ratificaron que darán batalla en el recinto para sostener el texto actual, bajo la premisa de que existen responsabilidades del Estado que son, por definición, «indelegables».