En la sesión ordinaria de este jueves 2 de julio de 2026, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad —y con modificaciones— el proyecto de ley que busca crear un marco institucional y normativo para fomentar el desarrollo económico, productivo, social, educativo y de infraestructura en la región norte de la provincia. A pesar de lograr el acompañamiento de todos los bloques en la votación final, el debate estuvo marcado por duros cruces y serios cuestionamientos de la bancada justicialista, que calificó la iniciativa como una «expresión de deseos» inviable por carecer de partidas presupuestarias. Al haber sufrido cambios a partir de los aportes del INTA, la norma deberá regresar a la Cámara de Senadores en revisión.
Un proyecto con cuna peronista, pero bajo fuego de su propio bloque
La iniciativa fue impulsada originalmente en la Cámara Alta por la senadora justicialista Gladys Domínguez y busca revertir la postergación histórica de los departamentos del norte. Desde el oficialismo, el diputado Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos) defendió el texto, destacando las modificaciones de comisión y la importancia de sumar la fuerza del sector privado en una Mesa Coordinadora de desarrollo. En esa misma línea, su par de bloque, María Elena Romero, cruzó al peronismo recordándoles el origen de la ley y asegurando que la gestión del gobernador Rogelio Frigerio mantiene una agenda firmemente federal.
Sin embargo, el bloque del PJ no ahorró críticas en el recinto:
“Es difícil votarlo en contra. Es como que se presente un proyecto para que se conforme una mesa para terminar con la pobreza, la desnutrición infantil y la desocupación. ¿Quién lo va a votar en contra? Pero la realidad es que no tiene una asignación de fondos específica; no están los fondos para que se pueda instrumentar”, sentenció Enrique Cresto (PJ), insistiendo en que el texto corre riesgo de ser solo una declaración de buenas intenciones.
Por su parte, Silvia Moreno (PJ) apuntó a que el desarrollo real no surge de leyes abstractas sino de inversión pública concreta. Sostuvo que el proyecto intenta presentarse como «fundacional» ignorando el camino ya recorrido por gestiones anteriores —citando obras como el cierre eléctrico norte— y criticó que la mesa creada por la norma «no tiene presupuesto ni poder real», además de excluir la representación de las comunas.
Las objeciones técnicas: sin fondos y sin privados en la mesa
A las críticas por la falta de financiamiento se sumaron observaciones sobre la composición de la estructura institucional propuesta. La diputada Lorena Arrozogaray (PJ) reveló que, pese a que la ley hace hincapié en la articulación público-privada, la mesa de trabajo diseñada quedó integrada exclusivamente por representantes del sector gubernamental:
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Exclusión productiva: Se advirtió la ausencia de cámaras empresarias, entidades rurales, el sector comercial y las pymes en el diseño de la Mesa Coordinadora.
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Falta de herramientas: El legislador de Gualeguaychú, Juan José Bahillo (PJ), ratificó el acompañamiento de su banca pero enfatizó que la norma carece de las herramientas fácticas para alcanzar los objetivos que enuncia.
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Inviabilidad: En sintonía, Silvina Deccó (PJ) tachó el proyecto de inaplicable por sus falencias de diseño y presupuesto.
Desde el oficialismo, el radical Fabián Rogel intentó equilibrar la balanza rescatando las políticas históricas que el exgobernador Sergio Montiel destinó a la región norte y, si bien reconoció que la falta de presupuesto es un error técnico, aseguró que votar a favor de la región es «una obligación moral». En tanto, Roque Fleitas (La Libertad Avanza) valoró los aportes logrados durante el trabajo en comisiones.
Tensión de bloques y un debate por el sistema de votación
El debate también dejó lugar para una discusión metodológica cuando el diputado peronista Daniel Castrillón expuso la necesidad de reformar el sistema de votación del recinto para incluir formalmente la opción de la «abstención» en la botonera digital. Ante el planteo, el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, aclaró que la figura de la abstención existe reglamentariamente, aunque no cuente con un botón físico directo en las terminales actuales. Castrillón aclaró de inmediato que su moción no era para abstenerse en esta oportunidad, ratificando el voto favorable del bloque a pesar del descontento generalizado por el formato de la ley.
Con las modificaciones aprobadas en la jornada, el texto definitivo regresa al Senado entrerriano para definir si se convalidan los cambios técnicos o se insiste en la redacción original.