Ambas iniciativas ingresaron este martes a la Cámara Baja. Buscan ampliar los incentivos fiscales para energías limpias y transparentar las gestiones de intereses privados ante funcionarios públicos.
El Gobierno Nacional aceleró su agenda legislativa con el envío a la Cámara de Diputados de dos proyectos clave: el denominado «Súper RIGI» y la ley de Regulación del Lobby. Con estos ingresos, el oficialismo busca consolidar un esquema de incentivos para sectores estratégicos de la economía y, en paralelo, establecer un marco de transparencia para la gestión de intereses privados ante funcionarios del Estado.
Estas iniciativas se suman a los proyectos sobre Ludopatía y la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, los cuales ya habían sido remitidos al Senado la semana pasada tras el anuncio formal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Súper RIGI: Beneficios récord para la transición energética
El proyecto conocido como «Súper RIGI» se presenta como una evolución del régimen de promoción fiscal vigente, enfocado exclusivamente en el desarrollo de grandes emprendimientos tecnológicos y de energías limpias.
A diferencia de la normativa actual, este nuevo sistema de incentivos incorpora actividades específicas orientadas al futuro energético y productivo:
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Cadena del litio y manufactura de baterías.
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Hidrógeno verde o de bajas emisiones.
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Procesamiento de GNL onshore.
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SMR (Reactores nucleares pequeños y medianos).
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Producción de paneles solares y turbinas eólicas.
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Fabricación de vehículos 100% eléctricos.
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Nuevos productos petroquímicos.
El esquema de incentivos fiscales:
| Beneficio | Detalle del Súper RIGI |
| Impuesto a las Ganancias | Reducción al 15% |
| Amortización Acelerada | 60% el primer año; 20% en el segundo y tercer año |
| Derechos de Exportación | Exención total para los productos del régimen |
Ley de Lobby: Puntos clave para la transparencia institucional
Por otro lado, el proyecto para regular el «Lobby» apunta directamente a transparentar las gestiones que realizan las empresas o sus intermediarios ante funcionarios y legisladores, con el objetivo explícito de evitar conflictos de intereses.
El dato: Quedarán bajo estricta regulación todas las gestiones destinadas a la elaboración, derogación o implementación de leyes, así como también los procesos de licitaciones, concesiones y la asignación de subsidios o beneficios fiscales.
Los ejes centrales de la norma que ingresó a Diputados contemplan:
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Registro Digital Obligatorio: Inscripción mandatoria para todos los lobistas y representantes de intereses.
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Declaraciones Juradas: Exigencia de detallar los intereses económicos y corporativos que se representan.
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Agendas Públicas: Obligatoriedad de publicar los encuentros que mantengan los funcionarios con dichos actores.
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Incompatibilidades: Fijación de plazos y restricciones estrictas para exfuncionarios públicos que pretendan reinsertarse en el ámbito privado como gestores de intereses («puerta giratoria»).
Con el ingreso de ambos textos, el oficialismo abre el debate en comisiones de la Cámara de Diputados, donde buscará tejer las alianzas necesarias para lograr su media sanción en las próximas semanas.