Empresarios de Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, La Pampa y Buenos Aires vinculados a la industria de biocombustibles apuntan contra la “ley ómnibus” impulsada por el ejecutivo nacional y afirman que la postura obedece a que el escenario futuro con esa norma vigente manda a la quiebra a las empresas pymes productoras de biodiesel.
Se trata de una industria que tiene registrados al 100% de su personal, que paga salarios 3,5 veces por encima del salario mínimo, capacita a sus trabajadores y promueve el arraigo de profesionales jóvenes en sus propias comunidades.
Desde la cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) que nuclean a las 27 empresas productoras de biocombustible manifestaron el absoluto rechazo a la Sección IV del Proyecto de Ley denominado “Bases y Puntos”, comúnmente conocido como “Ley Ómnibus”.
Según la organización, cuyo director ejecutivo es Federico Martelli, “las modificaciones que allí se plantean implican directamente mandar a la quiebra a las empresas pymes productoras de biodiesel destinado al corte obligatorio para ser mezclado con diésel de origen fósil”.
Según la CEPREB, “las 27 pymes que producen para el mercado local emplean de manera directa alrededor de 2000 trabajadores y generan otros 8000 puestos de trabajo de manera indirecta” y que “24 de 27 plantas están radicadas en el interior del país, muchas de ellas en ciudades y pueblos pequeños de Entre Ríos, Santa Fé, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, promoviendo de este modo el desarrollo federal y la industrialización de la ruralidad en origen”.
Los industriales denuncian que el proyecto atenta contra la previsibilidad de los inversores y fundamentan en que “este entramado productivo se asentó sobre la Ley 26.093 del año 2006 y la Ley 27.640 del año 2021 que tiene vigencia hasta el año 2030, por lo que existen derechos adquiridos ya que los empresarios del sector realizaron las inversiones con un marco jurídico que les otorgaba cierta previsibilidad” que el gobierno ahora se quiere romper.
El texto propuesto cambia completamente el espíritu de la Ley 27.640 y deja a las pymes expuestas a competir en condiciones desiguales y desventajosas con los grandes grupos aceiteros nacionales y multinacionales que son productores de la materia prima y tienen una escala de producción ampliamente superior, ambas cosas prohibidas en la ley vigente para las pymes.
La Propuesta del Presidente Javier Milei, al derogar los artículos 6°, 9°, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 22 y 23 de la Ley N° 27.640 y la modificación del artículo 13 libera el precio de comercialización al acuerdo de las partes y rompe con el equilibrio sobre el que se trabajó hasta acá, en el cual las pymes tienen reservado el mercado interno, con cupos y precios regulados por el Estado y las “compañías integradas” o “grandes” tienen para sí el negocio de la exportación, afirman.
“Al liberar el precio, los grandes grupos económicos no solo se ven beneficiados por tener plantas de gran volumen de producción lo que les otorga mayor productividad, sino que al ser los fabricantes de la materia prima pueden negar la venta de esta a las pymes, fijar precios fuera de mercado para sacarlas de la competencia u ofertar su biodiesel a precios de dumping para concentrar todo el negocio”, argumentó nuestra fuente.
Como agravante señalan que: “en el artículo 8 que establece los porcentajes de corte, se elimina los porcentajes actuales de 7,5% para biodiesel y de 12% para bioetanol, dejando en manos de la autoridad de aplicación fijar el corte a su antojo y modificarlo con una simple resolución” restando previsibilidad al mercado y desalentando nuevas inversiones que demandarían nuevos puestos de trabajo”.
“Cómo si no bastara mandar a la quiebra a las pymes y manipular los porcentajes de corte obligatorio de manera impredecible, la propuesta de Ley abre la posibilidad de importar el biocombustible para el corte local. Esto abre la paradoja de que de este modo la Argentina estaría abriendo la puerta a importar biocombustibles de países que tienen vedado con medidas paraarancelarias el ingreso del biocombustible argentino”, denunció la misma fuente.
Seguidamente solicitaron, a los Diputados y Senadores del Congreso de la Nación Argentina, que rechacen la sección IV; al Presidente Javier Milei, al Ministro de Economía y al Secretario de Energía que convoquen a las empresas pymes elaboradoras de biocombustibles para “trabajar en conjunto por los intereses del país”.
Finalmente, aseguran estar “dispuestos a acercar propuestas y trabajar con el gobierno nacional para mejorar todos los aspectos que sean necesarios y de este modo seguir produciendo energía, agregar valor, generar empleo y desarrollar al país”.