Apenas un mes después de haber sido promulgado el nuevo Régimen General de Concesiones de la provincia, la Cámara de Diputados de Entre Ríos reabrirá la discusión en torno a la norma. La Comisión de Obras Públicas fue convocada para este martes a las 13:00 horas con el objetivo de empezar a analizar un proyecto presentado por el propio oficialismo, el cual busca introducir modificaciones clave en el articulado original.
El foco de la polémica se centra en la reforma del artículo 5. La modificación propuesta establece de forma explícita que el Estado provincial podrá entregar la concesión de actividades y funciones esenciales a empresas privadas o a terceros, bajo la condición de que el poder público mantenga la titularidad, la potestad regulatoria y la fiscalización de los servicios.
El rechazo en bloque de la oposición
La iniciativa oficialista despertó una inmediata reacción en el arco opositor. Desde el Bloque de Más por Entre Ríos adelantaron un rechazo rotundo al proyecto y expresaron su profunda preocupación por las implicancias de la reforma.
“Esto constituye una clara desvalorización del trabajo legislativo y una falta de respeto hacia la discusión parlamentaria y los aportes realizados por la oposición”, señalaron los diputados del interbloque justicialista a través de un comunicado emitido en la previa del debate.
Un debate que va más allá de lo jurídico
Para la oposición, la premura del oficialismo por alterar una ley recién nacida expone una contradicción política y enciende alarmas sobre el alcance de las privatizaciones o tercerizaciones en la provincia.
Los legisladores justicialistas remarcaron que el núcleo del conflicto excede los tecnicismos legales: “No se trata solamente de una discusión jurídica, sino fundamentalmente de la definición del rol que debe asumir el Estado en la garantía de derechos fundamentales”.
El tratamiento de este martes en comisión promete ser el primer capítulo de un cruce legislativo de alta intensidad, donde el oficialismo buscará flexibilizar el marco de participación privada en la gestión pública mientras la oposición intentará blindar la injerencia directa del Estado en las áreas esenciales.