Un reciente informe regional analiza el fraude y el hurto de energía en América Latina. Sin embargo, detrás de los eufemismos técnicos y el optimismo oficial sobre la pobreza, los cables colgados revelan una verdad incómoda: la clase media y baja ya no puede pagar las tarifas «sinceradas».
Por Alejandro Di Palma
Miembro de IESO
Junio de 2026
El sector energético argentino domina un género literario propio: “Los informes que dicen todo, menos lo que importa”. La reciente nota sobre estrategias contra el fraude y el hurto de energía —apoyada en un estudio conjunto de ADELAT, el BID y la Universidad de Chile— es una pieza ejemplar de este género.
El documento habla de pérdidas, gestión del riesgo, blindaje físico, fiscalización focalizada y de «regularización e inclusión». Y pone el foco, sobre todo, en un enemigo: el usuario que, con «intencionalidad humana», se cuelga del tendido. Lo único que omite —porque para eso existen los eufemismos corporativos— es por qué cada vez más gente decide colgarse.
Conviene traducir para mejor comprensión del lector: «pérdidas no técnicas» es el modo elegante que tiene el sector para referirse a la electricidad que alguien usa sin pagar. El estudio las separa con cuidado de las «pérdidas técnicas» (aquellas que obedecen a variables físicas inevitables como el efecto Joule) y carga la diferencia sobre «el componente de gestión y conducta humana».
La frase es impecable y tiene un metamensaje: el robo de luz no es física eléctrica, es conducta. Y la conducta tiene causas sociales. La más obvia, el informe la toca tangencialmente, pero inmediatamente la suelta: la tarifa.
El número que falta: el reverso del mostrador
El estudio mide el problema con precisión quirúrgica, pero solo de un lado del mostrador. Señala que América Latina y el Caribe pierde el 17% de su generación (unos US$ 16.600 millones al año), con un 8% promedio de “pérdidas no técnicas” en la red domiciliaria.
Diluir a la Argentina dentro de la media latinoamericana tiene una indudable ventaja retórica: permite presentar el «hurto» como un rasgo estructural de la región, antes que como la consecuencia de una política tarifaria local y concreta. Es el retrato detallado del damnificado (la empresa distribuidora). Para ver el otro retrato, el del que «delinque», hay que cambiar de fuente:
La brecha del «sinceramiento» (AMBA, Dic 2023 – Oct 2025)
| Indicador / Servicio | Incremento Porcentual |
| Canasta de Servicios Públicos | +514% |
| Gas | +617% |
| Electricidad | +344% |
| Salarios Registrados | +229% |
| Inflación Acumulada (IPC) | +171% |
El dato oculto: En el bienio del «sinceramiento tarifario», la luz corrió al doble de los precios generales y muy por encima de los sueldos. Un hogar promedio del AMBA pasó a destinar más de $170.000 por mes solo en servicios.
Las «pérdidas no técnicas» no nacen de una supuesta maldad cultural; son la forma que encuentra la demanda de seguir existiendo cuando el precio la expulsa del mercado formal. El propio Joaquín Lazo, de ADELAT, lo admite en la última línea, ya sin maquillaje: «Son las zonas de menos recursos las que hurtan más electricidad». La conducta, después de todo, tiene código postal. Y el código postal tiene una boleta impagable.
Cuando el relato choca con la aritmética
Aquí la nota técnica choca de frente con el gran relato oficial. En el último Latam Economic Forum, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la gestión «sacó a 12 millones de personas de la pobreza» afirmando que «hay un 25% de la población que está mejor, y esto es un dato duro». Tres horas más tarde, en el mismo escenario, el presidente Javier Milei subió la apuesta: ya no eran 12 millones, sino 14. Dos millones de pobres rescatados entre el café de la mañana y el mediodía.
Mientras tanto, el INDEC registra un 28,2% de pobreza en el segundo semestre de 2025, recordando que 13,5 millones de personas siguen debajo de la línea.
El problema no es solo cuántos salieron según el Gobierno, sino cómo se mide la salida. Como explicó Agustín Salvia (Observatorio de la Deuda Social de la UCA): «La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo». El peso de las tarifas en el presupuesto familiar se reacomodó de forma contundente: parte de la «salida» estadística no es otra cosa que el registro contable de que ahora se paga lo que antes estaba subsidiado.
Ahí es donde el informe sectorial y la estadística oficial se tocan en el punto que ninguno quiere ver: el colgado del cable es el termómetro que la línea de pobreza prefiere no leer. Marca, en tiempo real, cuántos hogares ya no pueden pagar la luz al precio «sincerado». Un país no roba electricidad porque está mejor.
Soluciones tecnológicas para un problema social
Fiel a su punto de partida, el estudio propone remedios que no tocan la causa: medición inteligente, telemedición, analítica avanzada y «regularización e inclusión» (la forma amable de decir que hay que facturarle al que hoy no paga). Hasta el cierre tiene su pirueta retórica, afirmando que contener el fraude es «un vector indispensable para garantizar la equidad en el acceso al servicio». Es decir: la cobranza vestida de justicia social.
No hay nada técnico que reprocharle al estudio; es probable que toda la tecnología de detección que propone sea útil. El reproche es de encuadre. Es un manual minucioso sobre cómo cerrarle la canilla a quien roba agua, escrito sin una sola línea sobre por qué el agua se volvió un bien de lujo.
Mientras la tarifa siga corriendo al doble de la inflación, ningún algoritmo resolverá lo que es, en el fondo, un problema de ingresos. El fraude es el síntoma; el relato de los millones de nuevos incluidos, su negación. Las “pérdidas no técnicas” son, quizás, la única estadística honesta que nos queda: la que se mide sola, cable por cable, sin ninguna canasta que la pueda maquillar.